Parodiamos la pregunta: ¿Quién le teme a Virginia Woolf? del dramaturgo estadounidense Eduard Albee (1962), quien tiene como protagonistas a George y Martha matrimonio que se profesa un odio salvaje pese a llevar juntos más de 20 años. Ambos tienen personalidades recias, conocen sus debilidades, el uno tiene reacciones violentas y el más joven está dotado de una inteligencia superior. Ella es hija del director de la universidad donde George da clases. Cuando invitan a su casa entran en disputas, donde se humillan y maltratan, aunque continúen viviendo como pareja.
En el caso colombiano tenemos un expresidente Uribe que representa la derecha y un ex parlamentario, ex alcalde, Gustavo Petro, hoy, serio aspirante a la presidencia que representa al centro izquierdo. Aunque tengan que cohabitar en el mismo país, compartir escenarios y competir por ganar el apoyo ciudadano, parecieran odiarse y hasta temerse mutuamente, con un auditorio perplejo que se cuestiona cuál es el origen de sus controversias, que son públicas y hasta se repiten, al punto que se vuelven consignas agresivas en cada campaña electoral. Por momentos se desconoce el auditorio y hasta la existencia de un sector (“centro”) que no quiere ver este espectáculo. Pero ¿Por qué pelean si hasta comparten personas que en el pasado fueron amigos?
Un primer asunto hace referencia a los temas de la paz, cómo se concibe una sociedad más equitativa que le de oportunidades a los que nada tienen, en especial en asuntos de tierra, derecho al trabajo, remuneración digna, educación, salud, vivienda, el cambio climático, la transición a energías limpias, etc. Y hasta cómo se concibe el nuevo Pacto Social, en un mundo globalizado, que ha incrementado la desigualdad y la pobreza. En el caso de la tierra (uno de ellos terrateniente), se remite al desarrollo rural y la paz que están íntimamente relacionados y que fueron tema de debate en los Acuerdos de Paz de la Habana (2016), que trajeron como consecuencia la desmovilización de la guerrilla más antigua de Latinoamérica, las Farc. Dichos acuerdos fueron blindados en nuestro ordenamiento jurídico y apoyados por la comunidad internacional. No obstante, el actual gobierno, apoyado por el Centro Democrático, intento desconocerlo y hasta amenazaron con “volverlos trizas”, mientras en la otra orilla se busca su implementación, lo cual ha generado acalorados debates en el congreso.
Gustavo Petro lidera la intención de voto con un 32% mientras que Fico Gutierrez lo sigue con un 14%, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría contratada por Semana.
Las cifras de concentración de la tierra en Colombia son las más altas de la región, estando en manos de unos pocos terratenientes, que no la explotan como bien económico, evaden impuestos y defienden sus títulos de propiedad a sangre y fuego, expropiando a los campesinos condenándolos a la miseria y la migración forzada. Las cifran son elocuentes: El 1 % de las fincas de mayor tamaño concentran el 81 % de la tierra, mientras el 19 % restante se reparte entre el 99% de las fincas.
El 0,1 % de las fincas que superan las 2000 hectáreas ocupan el 60 % de la tierra. En 1960 el 29 % del país era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas, en el 2002 la cifra subió a 46 % y en 2017 el número aumentó al 66%. El 42,7 % de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos. De 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 se dedican a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería, pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar, pero el país está lejos de llegar a esa cifra. El monocultivo predomina, los terratenientes no ceden un milímetro de sus propiedades, las vías terciarias son inexistentes, los insumos para los cultivos son más caros, producto de la devaluación del peso, y hasta se ve amenazada la seguridad alimentaria en un país de vocación agrícola.
Este tema, crucial para lograr la paz, que demanda una reforma agraria integral ya pactada ha estado casi ausente en el gobierno Duque y lo cual se refleja en la debilidad de la Agencia Nacional de Tierras. “En el Fondo de Tierras se incorporaron a fines de 2020, 1.2 millones de los tres millones de hectáreas que se establecieron como meta en el Acuerdo de Paz… El problema principal es que las asignaciones que se han hecho hasta ahora para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente son minúsculas. Según el informe del Congreso sobre el seguimiento al Acuerdo, solo se ha entregado el 0.4 % de lo que debería estar adjudicándose al año para cumplir con la meta de tres millones de hectáreas en doce años” (Desarrollo Rural y Paz, J Ocampo - 2021).
No se ha avanzado en transferencia de tecnología, titulación de tierras y, por el contrario, el intentar desconocer lo pactado en la Habana, ha escalado más alto la violencia y el asesinato de excombatientes y líderes sociales que reclaman sus tierras, y los impulsa al cultivo de la coca, al cual se agrega la minería ilegal de oro.
Cuando Gustavo Petro se hace vocero de Los Acuerdos y pugna por una Reforma Agraria integral que democratice el uso de la tierra, es acusado de comunista y enemigo de la propiedad privada, retahíla conocida desde los intentos de la Revolución en Marcha de López Pumarejo (1936) que ya había esbozado esta bandera, insistiendo en que la tierra debe cumplir una función social y no el beneficio rentístico para unos pocos.
Desde la década de los ochenta del pasado siglo a la fecha el narcotráfico, las disidencias y otros grupos armados han complicado más el problema rural en Colombia. “En efecto, muchas tierras han sido usurpadas a sus anteriores poseedores o propietarios de manera violenta, lo que ha generado grandes desplazamientos de población rural a las ciudades. También, grandes extensiones de tierra se han adquirido con dineros provenientes del negocio del narcotráfico” (Tierra, tierra - José Leibovich, 2021). Avanza la deforestación en especial en la Amazonia para desarrollar cultivos de coca que explotan los narcotraficantes y constituyen grandes fincas para ganadería extensiva. La paz y el desarrollo rural exigen un liderazgo decidido por encima de los partidos que desarrolle un nuevo contrato social y no la retórica hueca del Presidente Duque, que se compromete en escenarios internacionales (COP 26, París), pero al interior del país su silencio es elocuente frente a estos temas.
Conocidos los resultados de las elecciones del domingo 13 de marzo, para consultas y Congreso, todos se declaran ganadores, pero las cifras son contundentes: La derecha representada por: Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de La U., MIRA y otros, obtienen el 50.9% de la representación parlamentaria; el Centro con la Alianza Verde, Partido Liberal y Centro Esperanza, tienen el 26%; y la Izquierda integrada por el Pacto Histórico, Comunes, Aico y Mais, el 21.3%. Esto señala que el Congreso solo conformaría mayorías si se logran alianzas. No obstante, el triunfo del Pacto Histórico, (16 Senadores y 25 Representantes) y el desplome del Centro Democrático que, en palabras de su jefe, Álvaro Uribe: “pasó de tener 19 curules a 14 en Senado, mientras que en Cámara el descenso fue de 32 escaños, a solo 16. Cuando las familias están pobres, tienden a ser más unidas”. En medio de la crisis es claro que se le pidió a Óscar Iván Zuluaga declinar su candidatura y apoyar a Federico Gutiérrez, con lo cual se advierte quien es su real candidato. Además de fustigar a Duque, por su “mucha timidez” a la hora de tomar decisiones y retomó el tema de reformar la JEP.
Una batería pesada de acusaciones recibirá Petro, tildándolo de autoritario, incitador de la violencia y ellos “cuidadores de la democracia”, de la propiedad privada, irónicamente, señalándolo como un San Francisco de Asís y desde luego generando odio y calumnias frente al desmovilizado del M-19, participe de la Constitución del 91 junto a los partidos Conservador y Liberal. También se prevé que en la Alianza que constituye Equipo por Colombia con Fico Gutiérrez como su candidato, volveremos a la táctica de insultos y provocaciones para escamotear el necesario debate sobre propuestas programáticas, que es lo que esperan los colombianos. No más “castrochavistas” y exguerrilleros vs corruptos y paracos, de lo cual estamos fatigados.
La necesidad de alianzas se impone para poder construir gobernabilidad y la formula de vicepresidencia no debería ser solo un golpe de opinión sino de acuerdos que respondan a las necesidades sociales, que se incrementaron después de la pandemia, el desempleo y la desigualdad, pero además la corrupción, que son factores reales de violencia.
En todos los casos la decisión que tome el Partido Liberal, la Coalición de la Esperanza y los candidatos independientes, serán decisivos para no regresar al escenario del 2018, donde un centro derecha convirtió en Presidente al más débil de los candidatos. Ya Petro advierte esta preocupación cuando subraya que “Hay que ganar en primera vuelta, porque si nos vamos a la segunda, las cosas pueden ser a otro precio” y agregaría que se conformaría el TOCONPE (Todos contra Petro).
Ojalá que la contiende regrese a las propuestas que superen insultos y descalificaciones, votar por y no contra, y que las instituciones garanticen transparencia e imparcialidad eliminando las sospechas de fraude, y peor del regreso a la violencia, que una vez sintetizo Camilo Torres, cuando dijo “en Colombia el que escruta elige, el que cuenta los votos determina la victoria” y por ello no quedaba más opción que la lucha armada. Recordemos también el caso del origen del M-19, episodios a los que no queremos regresar, pues necesitamos reactivar nuestra economía, generar empleo y construir un país con democracia económica y política.
