El Gobierno enfrenta nuevamente un paro agrario que ha puesto a regiones del país en situaciones serias por carencia de alimentos, medicamentos, combustibles y servicios esenciales. Se habla de las promesas incumplidas por parte de las autoridades nacionales y en particular se le asignan todas las responsabilidades al Ministerio de Agricultura. El haber participado en la Misión Rural otorga un poco de autoridad para analiza este momento.
Primero. La situación del campo colombiano es lamentable y de los 14 millones de personas que hoy se reconocen como rurales, hay por los menos 5 o 6 millones de hombres, mujeres y niños que viven en el Siglo XVII: analfabetas, sin seguridad social, con acceso a pésima educación y sin las precarias posibilidades de salud que tienen los pobres de los centros urbanos. Están dispersos, no son de fácil acceso y a ellos no les llegan fácilmente ni las inversiones ni los programas sociales. Los 9 millones restantes también acumulan los problemas de desigualdad e injusticia social que prevalecen en este país. Sus niveles de pobreza han bajado pero aún la brecha rural-urbana es la mayor que existe en Colombia.
Segundo. Se ha repetido hasta la saciedad que es tal el tamaño de la crisis social y económica del campo colombiano que se necesita que todos —óigase bien todos— los ministerios y agencias del Estado focalicen en el sector rural sus actividades más urgentes. Pero además entiendan sus problemas y esto no está sucediendo.
Tercero. El Gobierno tiene en sus manos una ruta crítica para actuar de inmediato, que cubre a todas las instancias que tienen que ver con la recuperación del campo. En el diseño de esa ruta también participaron campesinos y gremios de grandes productores.
Cuarto. El Gobierno aceptó gran parte de la reforma institucional que propuso la Misión de Trasformación del Campo para que pudiera actuar y tener instrumentos para empezar a mostrar resultados pero se olvidó de una recomendación fundamental: no entregarle estas entidades a la clase política.
Quinto. La paz, prioridad del presidente Santos que muchos apoyamos, no es posible si esos 14 millones de colombianos que son parte de la nueva ruralidad, no empiezan de inmediato a sentir que se empiezan a producir cambios significativos en su difícil calidad de vida, en su acceso real a los derechos que consagra la Constitución. Además del olvido, el sector rural colombiano carga con el peso de haber sido el escenario de la guerra. Que eso no se olvide.
Sexto. Al gobierno y al país, lo que incluye a gremios y sector privado, se les acabó el tiempo y de inmediato deben mostrar que arrancó el cambio en esta parte de Colombia.
Séptimo. El problema rural no es solo despejar las carreteras ni resolver conflictos puntuales, que sin duda toca hacer. Pero lo que se requiere de inmediato es que el país rural sienta que esa gran transformación que piden los acuerdos entre el Gobierno y las Farc —punto 1 de La Habana— arrancaron con fuerza; convocar el Conpes Rural y el Confis rural, que se sienta la voluntad real de las nuevas y viejas entidades de hacerlo bien; acelerar resultados en restitución y distribución de tierras que van muy lentos, y sobre todo, seguridad en zonas de alto riesgo para campesinos. No más líderes asesinados.
Es muy fácil desde un escritorio decir lo que se debe hacer y eso, los que hemos ocupado cargos públicos lo sabemos muy bien, pero en resumen Señor Presidente: sin el sector rural con esperanza de cambios positivos no hay paz, así que con todo respeto, dé señales respaldadas con acciones, que evidencien que la recuperación de estos millones de colombianos arrancó con instrumentos nuevos que usted tiene a su disposición. Actuar en la política general para el sector, no solo ayudará a resolver el paro agrario sino empezar a sembrar la paz en donde toca. Actuar, no solo el Minagricultura sino todo el Gobierno, nacional y local. Eso es lo que se requiere. Que no se desentiendan alcaldes y gobernadores, como se está viendo en algunas regiones llenas de conflictos.
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