Opinión

¿Por qué a tantos disgustan plataformas como Uber y Airbnb?

Desde servicios a domicilio hasta criptomonedas, lo que era colaboración entre vecinos se volvió la nueva economía que las autoridades están lejos de manejar sin ahogar la innovación

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enero 10, 2018
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¿Por qué a tantos disgustan plataformas como Uber y Airbnb?
De todos los problemas legales que afectan a Uber, el que realmente amenaza el modelo de negocio es el estatus de sus conductores

La economía colaborativa, con ayuda de las tecnologías modernas, pasó  de ser algo local, de colaboración entre vecinos, a ser un modelo mundial. Gracias a la tecnología, un turista chileno puede pedir un carro en Boston de la misma forma como lo hace en su país y se le carga el costo a su tarjeta de crédito. El carro de alguien que solo se dedica unas horas a prestar este servicio, lo recoge y lo lleva a donde quiere ir.

¿En qué momento colaborar se volvió un problema para las autoridades? ¿Cuándo se volvió masivo? ¿Cuándo no es problema la colaboración? ¿Cuándo no afecta intereses conseguidos a base de autorizaciones legales, licencias o permisos, y otras formas de monopolio legal?

Cuando el sistema operativo colaborativo Linux afectó parte del mercado de Microsoft Windows, esto fue considerado un problema empresarial. Pero cuando Airbnb (alojamiento turístico) afecta el mercado de los hoteles que pagan unos impuestos locales y nacionales para operar, eso es algo donde la industria hotelera regulada tiene el derecho a quejarse.

Cuando aparecen empresas novedosas como Rapid.com o Domicilios.com que mueven pedidos por ciudades con tráfico caótico, todos satisfechos. Era algo que no existía y responde a una nueva necesidad. Cuando Uber logra que muchos pasajeros prefieran utilizar su plataforma para movilizarse en la ciudad, los taxistas que pagan un cupo para operar su taxi, se sienten con derecho a perseguir los carros que utilizan Uber y bajar a los pasajeros.

 

 

 Cuando aparecen empresas novedosas como Rapid.com o Domicilios.com
que mueven pedidos por ciudades con tráfico caótico,
todos satisfechos

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a finales del año pasado que Uber “es una empresa de transporte y no una plataforma digital de intermediación entre viajeros, por lo que estará obligada a trabajar con licencia y no podrá ser operada por conductores particulares”. Lo que busca es acabar con la economía colaborativa tal como nació y acomodar el servicio de Uber dentro de la regulación establecida, conocida e imponible.

Más simple intentar acomodar la situación dentro de un marco existente que diseñar una política general.

El fallo se basa en que el servicio de intermediación forma parte de un servicio global cuyo elemento principal es el transporte, pero evade el tema de la economía colaborativa. El mismo fallo aplicaría a plataformas colaborativas como BlaBlaCar que en Europa conecta conductores que van de una ciudad a otra con pasajeros que quieren hacer el mismo viaje, y aprovechan el espacio disponible en el carro para compartir gastos. Ante demandas similares, la Comisión Europea ha avisado que habrá que estudiar caso por caso, porque la avalancha de Star-ups basados en economías colaborativas que se le viene, no es poca.

De todos los problemas legales que afectan a Uber, el que realmente amenaza el modelo de negocio es el estatus de sus conductores. ¿Son contratistas independientes dueños de sus carros, como lo indica Uber? O son ¿empleados de Uber, merecedores de beneficios, pagos de tiempos extras, vacaciones y negociación colectiva? La respuesta a esta pregunta es la que realmente podría cambiar el modelo colaborativo. Varias cortes de Estados Unidos consideran que Uber es un empleador porque tiene control significativo sobre como los conductores hacen su trabajo. La empresa se defiende indicando que cada conductor tiene flexibilidad para trabajar cuando lo desee, decidir qué viajes acepta, pudiendo trabajar con otras empresas; además su herramienta de trabajo, su carro, le pertenece. Sobre este tema, habrá todavía mucho que legislar.

El Estado deberá regular las relaciones laborales dentro de las plataformas y generar unas normas estándar para la protección social de los trabajadores independientes.

Lo más fácil para los políticos es prohibir la economía colaborativa y no afectar intereses establecidos. Pero cada vez se generarán más ideas y soluciones tecnológicas innovadoras. Cada vez habrá más carros, bicicletas, apartamentos, fincas, horas disponibles para compartir a cambio de un pago. Y aparecerán criptomonedas (medio digital de intercambio) o contratos que utilizan blockchain (cadenas de bloques de información que rastrean e impiden su modificación), y se saltan sistemas financieros y regulatorios tradicionales.

El Estado, más temprano que tarde, se enfrentará a la tarea de revaluar los monopolios o licencias de operación que ha otorgado y que están siendo afectados por esta economía colaborativa. Ya no funcionan o no funcionarán los sistemas establecidos y habrá más quejas por las diferencias de costos entre los que operan un servicio y los que, aprovechando las nuevas plataformas, incursionan en ellos a mejor precio.

El Estado deberá nivelarlos para que puedan competir, pero siempre cuidando de no ahogar la innovación y creatividad para solucionar problemas existentes. Idear nuevos mecanismos para gravar impositivamente estos servicios, haciendo uso de la tecnología, y revaluar mecanismos de la vieja economía que se lucran de servicios altamente regulados y que todavía gozan de unas condiciones de competencia limitadas o inexistentes.

Lo cierto es que la competencia mejora el servicio, y la economía colaborativa abre muchas oportunidades. Antes que llegara Uber, uno esperaba angustiado que el taxi no le negara el viaje hacia donde necesitaba ir, sin mencionar la preocupación por el riesgo de terminar en un paseo millonario. En los últimos meses en cambio, y considero que, gracias a la presión generada por diferentes opciones, solo una vez, un taxi se ha negado llevarme debido a mi destino.

@aarcilaa

 

 

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