Toda una operación jurídica y, política, vimos y padecimos los colombianos en la destitución-inhabilitación del alcalde de Bogotá; iniciado por la Procuraduría General de la Nación, un proceso que, supongo, con el lleno de garantías procesales y el sumun del ejercicio del derecho de defensa, terminó con sanción confirmada, por el manejo que, de las basuras, ofreció la administración y que, tiene por antecedente, una orden de la Corte Constitucional, sobre la participación de los recicladores en el proceso de recolección. Sin asomo de corrupción, además de la destitución, la decisión contiene una desproporcionada consecuencia de inhabilitación en los derechos políticos por el término… —óigase bien— de quince años. Un exceso en las facultades sancionatorias del ente administrativo, que no penal, Procuraduría.
El segundo acto, cantado: la defensa del afectado que, comprometió a todo el estamento judicial del país, en ingentes esfuerzos de paralizar la determinación sancionatoria, desde tutelas, hasta solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas ellas preventivas, es decir, sin punto de decisión de fondo que, correspondería a otros estamentos, como el juez natural: Consejo de Estado. Las tutelas fueron decididas en contra de los intereses del alcalde, faltando la revisión de la Corte Constitucional, si deciden escogerla, para su estudio.
Las medidas cautelares, miren ustedes: cautelares, valga decir, la interceptación preliminar y sobre el caso, fueron otorgadas, pese a la visita, ante la Comisión, de unos y otros. Casi en opereta trágica o como en procesión —aunque no hemos llegado a Semana Santa, pero como tal—.
Notificadas las medidas cautelares se ha escuchado toda clase de decires, por supuesto en contra, que no van a ser entendidas por los organismos de supervisión y control internacional de los derechos humanos.
Oigamos y examinemos la realidad, como observador: (i) que las medidas cautelares no son obligatorias, sino una mera invitación; atención: ¿unas medidas cautelares, que se suponen interceptan una decisión, pueden ser una invitación?; (ii) que se debía actuar en defensa de la institucionalidad, pues el Consejo de Estado estaba en riesgo; pero si el Consejo de Estado lo que hizo fue afirmar, y con corrección, que había otros mecanismos de defensa diferentes a la tutela; (iii) que el sistema debía protegerse frente a ese colonialismo ‘penal’; debemos expresar con contundencia que no era penal, pues quien produce la decisión interceptable es un operador administrativo y, por el contrario, la normativa de la Comisión sí hace parte del sistema colombiano, pues hace parte del denominado Bloque de Constitucionalidad (art. 93 de la Carta); en fin, (iv) que el país posee un sistema jurídico robusto; eso es cierto; pero pregunto: ¿cuándo se acudió a él para la decisión de fondo?
Como para llorar. El Estado colombiano haciendo quite a una solicitud internacional que hace parte de nuestro mismo sistema. Y, ¿qué decir de la excusa según la cual los derechos políticos no son objeto de medidas cautelares? Grueso tema, como afirmar que los derechos políticos no son propios de la persona, intransferibles y, por supuesto, inalienables, salvo condena penal. Un Horror.
Y, al final, ¿cuál la razón para no aceptar las medidas o negarse a ellas? Jamás se dio punto; ahhh… y me faltaba, que de aceptarse las medidas, vendrían como en aluvión, tutelas y demandas contra el Estado, lo que equivaldría a unas indemnizaciones que coparían en mucho el presupuesto nacional; y, allí sí la dificultad temática es plena pues, ¿cuál es la relación de una medida preventiva para el caso particular, con los ya consolidados? Impensable. La conclusión de todo este episodio, tal como se ha desarrollado, es que vamos a terminar condenados en el mecanismo internacional, se ha abierto la puerta. Difícil.
Y, última escena: un presidente-candidato en campaña, obvio, al parecer sin ánimo de llamar a elecciones en Bogotá. Y, de otro lado, es decir de ambos lados, por estos hechos y otros, los que tienen que ver con la paz, con la justicia, todos a una buscando una Constituyente… Por eso decimos, reiteramos: la Constitución está a prueba.
Aquí, los extremos y las extremas, se juntan, todos quieren lo mismo: la Constituyente, lo que se denomina la realidad política: cosas de la realidad y, que enganchan, por decirlo de alguna manera, la justicia para, en su nombre, hacer política. En eso estamos: ¿y… a la justicia y… a la paz y… a la Constitución quién las defiende?
