Salazar había sido destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos por una presunta participación en política mientras se desempeñaba como alcalde de Medellín en el año 2011. El Consejo de Estado consideró que la sanción del Procurador Alejandro Ordóñez fue desproporcionada y resolvió levantar la inhabilidad que lo había dejado por fuera de la vida política. Salazar terminó investigado por la Procuraduría cuando denunció ante los medios de comunicación que grupos al margen de la ley estarían obligando a los ciudadanos a votar por Luis Pérez, quien aspiraba a sucederlo en la alcaldía de Medellín. Con el fallo del Consejo de Estado, el exalcalde recupera sus derechos políticos. Una opción que ya le habían aconsejado a Gustavo Petro, quien se encuentra en el mismo limbo jurídico pero que por su personalidad no ha querido tomar dicho camino.
