No es un asunto moral. El consumo de estupefacientes tiene complejas ramificaciones políticas, económicas y sociales que, por lo general, no se analizan a fondo.
El presidente Iván Duque ejecuta la misma estrategia fallida con la que en 1971 Nixon enfrentó a la izquierda anti-Vietnam y las comunidades afro. Como Nixon no podía abiertamente judicializar la protesta social o a una comunidad específica inventaron el estereotipo que asociaba a la izquierda antibelicista con la marihuana y a los afros, que buscaban la reivindicación de sus derechos civiles, con la heroína. Al criminalizar fuertemente a estas comunidades, anulaban su credibilidad ante la sociedad, lo que les permitía a las fuerzas policiales socavar sus derechos y libertades.
En Colombia, las nuevas directrices de la Casa de Nariño, sobre este tema, tienen un trasfondo social similar, es decir, no se enfocan en el consumidor de cierto nivel de privilegio socioeconómico, sino en el consumidor de estratos medios o bajos y con ciertos rasgos culturales que no encajan con el modelo tradicional y ultraconservador que representa el partido del presidente Duque. Además, genera un estado policivo que puede traer violencia.
Cuenta Pascual Gaviria que hace dos años se incautaron en Colombia 215 toneladas, un promedio de 4.1 toneladas a la semana. La Policía dice que se incautaron “6.9 toneladas en la primera semana del decreto que penaliza la dosis mínima”. Cifras que no suenan muy convincentes que digamos.
Desde 2002 han querido criminalizar al consumidor. En 2009 una reforma constitucional volvió a sancionar la dosis, la cual fue despenalizada una vez más en 2012. Ahora, el gobierno Duque retoma la penalización, argumentado, según señaló hoy, ante los nuevos miembros de la Corte Suprema de justicia que no se trata de un “capricho del presidente sino una forma de honrar ese artículo 44 de la Constitución, que protege los derechos de los niños”. Sin embargo, este argumento es débil, ya que la incautación de estas substancias, que reglamenta el decreto, resulta contradictoria con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó la dosis.
Resulta inviable delegar más policías en cada esquina y por zona,
de cada ciudad del país
concentrados de forma casi que exclusiva al tema
Resulta inviable delegar más policías en cada esquina y por zona, de cada ciudad del país concentrados de forma casi que exclusiva al tema, por otra, no se puede desconocer que hay una extensa red de corrupción que permea a quienes deben implementar el decreto. Los sobornos podrían incrementarse.
Y si se trata de pensa en el ámbito económico, resulta claro que estas medidas resultan provechosas para los traficantes, pues el precio del producto ante la prohibición se dispara, lo que hace que los carteles crezcan por controlar el mercado, lo cual ocasiona lo que ya conocemos los colombianos: violencia, desplazamiento, miseria.
Es precisamente ese el enfoque, al cual parece quererse matricular el recién inaugurado gobierno colombiano, para ganar legitimidad ante una Casa Blanca voluble a la que debe complacer. Por eso opta por medidas improvisadas, mediáticas, populistas y superficiales que resultan inútiles para resolver el problema de fondo, a la par que buscan imponerles a sus ciudadanos medidas represivas justificadas en la “defensa de los niños” para limitar sus derechos constitucionales, civiles, humanos, al ser señalados, criminalizados de acuerdo a unos parámetros como los que se han filtrado a los medios. Ambas posibilidades no se excluyen mutuamente, de hecho, encajan ya que de fondo parecen pretender criminalizar a sectores sociales que no se ajusten al modelo de ciudadano que tiene en la cabeza el gobierno.
