El 2 de diciembre en mi calidad de víctima, realicé mis aportes para el esclarecimiento de la verdad, respecto a la “Persecución Política a la Oposición en Colombia”. Al presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, S.J, fue entregado el informe respectivo y 20 anexos, alrededor del análisis específico de los hechos victimizantes en mi contra como opositora política, pero en el marco de reflexiones de fondo sobre los factores determinantes de tal exclusión y persecución para el conjunto de la oposición política, así como de las propuestas para reparación, no individual sino integral, a esta histórica corriente que no nos hemos sentido representado en este antidemocrático régimen político.
La función Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) no es un mero ejercicio de memoria histórica, ni de solo mirar hacia el pasado. La CEV tiene también competencias relacionadas con la convivencia y las garantías de no repetición, de cara al presente y al futuro de Colombia. Como entidad estatal de carácter constitucional, está llamada por encima de cualquier pugnacidad política, a impulsar procesos de consolidación de las garantías democráticas para todos los sectores del espectro ideológico en nuestro país contribuyendo a superar la persecución y la exclusión política que han nutrido el conflicto armado. No se trata de parcializar ni politizar a la CEV, sino de darle su papel político-estatal, vinculándola inevitablemente con transformaciones sustantivas de la realidad, y no a mera notaria del dolor de las víctimas.
Esperanzada en esta potencia de la CEV, debidamente reglamentada en el Acto Legislativo 01 de 2017 y en su Decreto Ley reglamentario 588 de 2017, acudí a ella aspirando poder aportar en propuestas hacia la actual crisis democrática que vive el país y en aras de garantizar la no repetición del conflicto. Hice mis aportes convencida que la reparación integral para la oposición política histórica son las garantías para la libre participación social, política y electoral. De lo que se trata es de cambiar las condiciones para que se pueda hacer oposición política sin persecuciones de ningún tipo, y que como en cualquier régimen democrático quienes hemos hecho oposición tengamos garantías para poder llegar también a ser gobierno.
Partiendo de considerar que la práctica sistemática del Estado colombiano ha implicado el ejercicio de hostilidades a la oposición política desarmada, que dichas acciones representan la violación del principio distinción, así como graves infracciones al DIH, al DIDH y al Estatuto de Roma, consumándose incluso graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, presenté las siguientes propuestas a la CEV y al país, con la aspiración que sean retomadas por ella, por un nuevo gobierno y esencialmente por quienes hemos luchado por la paz y por la verdad:
- Solicitud de Apertura del Macrocaso en la JEP: Persecución política a la oposición en Colombia. Responsabilidad del Estado colombiano, incluyendo violencia política y guerra jurídica contra la oposición. La Jurisdicción para la Paz no puede quedar resumida solo a un espectro de actores armados. Personalmente espero presentar los casos de genocidio político contra el gaitanismo y la Marcha Política.
- Participación de delegación de la oposición política histórica en la Comisión de Seguimiento y Monitoreo del Informe de la CEV mandatada en el Art 32. Decreto 588/17 para garantizar el necesario pluralismo político y social en esta instancia vital de continuación de la función reparadora de la Comisión.
- Conformación de una subcomisión legislativa de dicho órgano para los desarrollos normativos necesarios para las garantías a la oposición y a la apertura democrática. Considero urgente dar trámite a los siguientes proyectos mínimos:
- Reforma a la Ley de Inteligencia 1621 de 2013, con levantamiento de reserva y apertura de archivos relacionados con la oposición política.
- Reforma a la Ley 1909 de 2018, incluyendo los aportes excluidos de la Mesa de Partidos y Movimientos Políticos derivada del Acuerdo de Paz
- Reforma Política Electoral, sustentada en las recomendaciones de la Misión Electoral Especial creada por el Acuerdo de Paz
- Ley estatutaria del derecho a la protesta, con base en propuesta construida por la Comisión de Diálogo de Movimientos sociales creada por el Acuerdo de Paz.
- Legislación garantista para la protección a las y los opositores contra los diversos delitos, formas de persecución y valores antidemocráticos.
- Ley de amnistía especial y excarcelación para jóvenes judicializados en el marco de la protesta social. No puede haber reconciliación y convivencia mientras los victimarios del Paro Nacional están libres y quienes se movilizaron prisioneros como delincuentes comunes.
- Veeduría Especial Electoral desde la CEV con participación internacional, para los comicios de 2022. Teniendo en cuenta las irregularidades del censo electoral y la falta de autonomía de las autoridades electorales existentes, se requiere un acompañamiento desde instituciones que generen confianza al conjunto de sectores políticos que estaremos en contienda en las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año.
- Comisión Humanitaria de Emergencia de Visita a las y los opositores políticos y sociales en cárceles de Colombia y el exterior. Me anota desde ya para un diálogo abierto por los prisioneros políticos no amnistiados y todos los apresados en el marco de la protesta social.
- Proceso de Diálogo Nacional para Reforma Estructural a la Fuerza Pública con la participación de los militares y policías activos, victimas, organizaciones de DDHH y ciudadanía en general. Como opositora no me siento segura con una Fuerza Pública adiestrada en la Doctrina de Seguridad Nacional y con comandancia vinculada a la violación de derechos humanos.
- Gran Acuerdo Nacional para la Reforma a la Justicia y las garantías democráticas para su despolitización y el cese de la guerra jurídica contra opositores.
- Acogimiento del paramilitarismo por parte del SIVJRNR, como agente de facto del Estado y de sus víctimas para reparación integral. Reconocimiento del paramilitarismo sin el eufemismo de llamarlos “bandas criminales”. No más extradiciones sin verdad ni reparación. Como víctima de estas estructuras pido ser tenida en cuenta por la JEP para el necesario proceso de esclarecimiento a la verdad.
- Impulso de un nuevo proceso de diálogo nacional hacia la Paz Completa con todos los actores armados. Mientras persisten paramilitares y guerrillas no es posible la plena apertura democrática y es inviable insistir en salidas militaristas.
- Solicitud de contribución a la verdad de todos quienes puedan contribuir a esclarecer hechos sobre la persecución política a la oposición. Pido que todos demos la cara y ofrezcamos verdad ante la Comisión, para lo que anexo lista de personas que pueden y deben aportar a esclarecer los hechos victimizantes en mi contra y contra la oposición:
Andrés Pastrana Arango. Presidente de la República. 1998-2002
Álvaro Uribe Vélez. Presidente de la República. 2002-2010
Juan Manuel Santos Calderón. Presidente de la República. 2010-2018
Alejandro Ordoñez Maldonado. Procurador General de la Nación. 2009-2016
Néstor Humberto Martínez Neira. Fiscal General de la Nación. 2016-2019
Carlos Holguín Sardi. Ministro del Interior 2006-2008
María del Pilar Hurtado. Directora del DAS 2007-2008
Jorge Noguera Cotes. Director del DAS 2002-2005
José Miguel Narváez. Subdirector del DAS. Gobierno Andrés Pastrana
Bernardo Moreno. Secretario General de la Presidencia. Álvaro Uribe Vélez
Nancy Patricia Gutiérrez. Presidenta del Congreso de la República. 2007-2008
Francisco Javier Ricaurte. Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 2008
Magistrada Cristina Lombana. Sala de Instrucción Corte Suprema de Justicia
Magistrado Luis Fernando Murillo. Magistrado Auxiliar. Corte Suprema de Justicia.2008
Almirante Álvaro Echandía Durán. Director Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. 2011-2018
General Oscar Naranjo Salazar. Comandante General de la Policía Nacional.
General Luis Alberto Moore. Policía Nacional
Sargento Hernando Medina Camacho. Ejército Nacional
Luis Carlos Gómez Góngora. Funcionario Fiscalía General de la Nación.
Fabio Augusto Martínez Lugo. Funcionario Fiscalía General de la Nación
Álvaro González Alzate. Directivo Federación Colombiana de Fútbol
José Félix Lafaurie. Presidente FEDEGAN
María Isabel Rueda. Columnista El Tiempo y Semana.
Diego Murillo Bejarano, Don Berna
Salvatore Mancuso
Freddy Rendón Herrera, El Alemán
Viktor Tomyuuk
Timoleón Jiménez, Timochenko
Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, Simón Trinidad.
De verdad espero que la Comisión haga lo posible por tener en cuenta estas recomendaciones, e invito a todas y todos los mencionados puedan acercarse a la CEV y dar sus aportes, ya que la reconciliación y la paz solo pueden nacer de la verdad. No tengo nada que ocultar, espero que estas personas tengan la gallardía y el principio democrático de hacer sus contribuciones al esclarecimiento de la verdad, la convivencia y para la no perpetuación del conflicto armado.
