No bastaron 59 tiros de fusil

No bastaron 59 tiros de fusil

Las madres de 'falsos positivos' reclaman justicia

Por: Roberto Romero Ospina
junio 10, 2015
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No bastaron 59 tiros de fusil
Foto: subida por autor

Pocas familias pueden padecer una tragedia igual. A Clara Inés y Beatriz Méndez, hermanas y compañeras de siempre, la tragedia las abatió para siempre: sus hijos, Eduard Benjamín Rincón Méndez y Weimar Armando Castro Méndez, ambos de 19 años, cayeron asesinados por agentes del Estado.

Primos entrañables, vieron truncados sus sueños. Eduard quería ser enfermero y para ello estudiaba duro en la academia. Weimar, por su parte, se había inscrito en el Sena pues aspiraba a ser técnico automotriz y ya contaba con un préstamos del Icetex.

Los primos asesinados eran vecinos en Arborizadora Alta, Ciudad Bolívar. Desaparecieron sin dejar rastro una tarde del 18 de junio de 2004. La angustia de los padres recorrió por tres días comisarias, centros médicos y la morgue.

Américo Rivera, el popular locutor de Radio Uno, cuya voz era seguida a diario en los barrios populares, se encargaría de disipar en parte el enigma que laceraba a las dos familias. En su noticiero casi en el alba, informaba que en un paraje del Perdomo, bien al sur de Bogotá, habían sido encontrados los cuerpos sin vida de dos muchachos “dados de baja por el Ejército”.

Un cuñado de Beatriz, madre de Weimar, tras escuchar la noticia, de inmediato buscó a sus parientes y partieron a Medicina Legal con la certidumbre de que no fueron ellos y mantuvieran la vida en alguna parte. Pero el sino fue otro. En medio del llanto las dos madres reconocieron a sus hijos.

“Estaban completamente desfigurados, con señales de tortura y totalmente ensangrentados”, recuerda Beatriz de su encuentro con su hijo y su sobrino.

Clara, por su parte, hace una grave denuncia que no por el paso del tiempo haya perdido gravedad. “Los funcionarios de Medicina Legal nos mostraron un papel que decía que por haber sido encontrados como NN se les extrajo varios órganos vitales que sirvieran para posibles trasplantes a otras personas, otra infamia contra nuestros muchachos tras su salvaje muerte”, señaló Clara Inés.

La partida de defunción que relata las causas de la muerte, habla que Eduard y Weimar, recibieron 59 tiros de fusil que destrozaron sus cuerpos. Y se preguntan estas madres, ¿después de esas ráfagas de muerte, a mansalva, para qué haberles propinado culatazos en sus rostros hasta hacerlos casi irreconocibles?

Tras el doloroso reconocimiento, vendría la otra tragedia, de la que solo se percataron estas humildes mujeres entrando a la casa. La bolsas con las pertenencias de sus hijos solo contenían prendas de uso militar, todas ensangrentadas.

“Si nosotras hubiéramos abierto estas bolsas en Medicina Legal por supuesto que no las recibiríamos, pues jamás nuestros hijos pertenecieron a ningún actor armado del conflicto para andar por ahí uniformados; siempre fueron unos muchachos sanos y de eso dieron fe todos los vecinos del barrio ante las autoridades”, reclama Beatriz.

Weimar dedicaba parte de su tiempo a ayudar a su padre, en la buseta que conducía en la eterna ruta La Coruña-Fontibón, mientras Eduard se rebuscaba haciendo encargos o en una floristería.

“El crimen no puede seguir en la impunidad, este 23 de junio se cumplen once años de la muerte de nuestros hijos y la justicia no se mueve. La Fiscalía no hace avanzar las investigaciones”, denuncia Clara Inés.

Pero aquí no termina el calvario. Los cuerpos de Eduard y Weimar, enterrados en el Cementerio de El Apogeo, al sur de la ciudad, desde 2008 tienen la orden del campo santo de ser exhumados para que sus bóvedas sean ocupadas por otros difuntos como señala la ley.

Sin embargo, como estos casos aun siguen en proceso, como el de centenares de jóvenes asesinados que han sido mostrados por el Ejército como muertos en combate, pero que corresponden a ejecuciones extrajudiciales, o los mal llamados “falsos positivos” que ya pasan de 5.000, sus restos ameritan nuevos exámenes que ordena la Fiscalía.

“Cada mes que pasa y ya van siete años, nos toca pagar al arriendo de las bóvedas y las deuda se acrecienta y no tenemos recursos. Esto lo debe asumir la Fiscalía”, enfatiza Beatriz.

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