Durante 2025, la Fábrica de Licores de Antioquia volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las joyas empresariales del departamento. Con un crecimiento del 4,3 %, la compañía alcanzó la venta de 73,2 millones de botellas, consolidándose como líder del mercado de licores en el país.
Los resultados no fueron menores: utilidades por $308.000 millones y un aporte de $1,05 billones al impuesto al consumo, recursos que terminan irrigando sectores clave como salud, educación y deporte. Un desempeño que no pasó desapercibido para el gobernador Andrés Julián Rendón, quien ahora impulsa cambios que podrían redefinir el rumbo de la empresa.
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En la mañana del 24 de marzo, la Asamblea Departamental de Antioquia fue escenario de un debate clave: la posible reestructuración de la junta directiva de la fábrica. Actualmente, el órgano está compuesto mayoritariamente por representantes del sector público: el gobernador o su delegado, el secretario de Hacienda y el gerente del IDEA, junto a dos miembros del sector privado designados directamente.
La empresa, hoy liderada por Esteban Ramos Maya, quien de hecho es muy cercano al exgobernador Luis Alfredo Ramos, su padre, ha funcionado bajo ese modelo mixto, en línea con su naturaleza como Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE). Sin embargo, la discusión ahora apunta a un cambio que ha encendido las alarmas.
La propuesta, presentada en la Comisión Segunda de Asuntos Sociales y Administrativos por Esteban Ramor, busca eliminar uno de los representantes del sector público —el del Instituto de Desarrollo de Antioquia (IDEA)— para dar entrada a un nuevo miembro del sector privado. La intención, según sus promotores, es “modernizar” la junta y hacerla más competitiva en un mercado cada vez más exigente.
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Pero el debate no se ha quedado en lo técnico. La iniciativa ha despertado temores sobre una eventual privatización de la empresa, una posibilidad que, aunque no está sobre la mesa de forma directa, vuelve a rondar en la conversación pública.
Desde la gerencia, Ramos Maya ha intentado bajar la tensión, asegurando que no existe un plan de privatización y que cualquier decisión de ese calibre tendría que pasar obligatoriamente por la Asamblea. Aun así, las dudas persisten.
La sombra de la privatización vuelve a la Fábrica de Licores de Antioquia
No es la primera vez que la Fábrica de Licores de Antioquia enfrenta este tipo de debates. En 2006, el entonces gobernador Aníbal Gaviria intentó vender la compañía a gigantes internacionales como Diageo o Bacardí, una propuesta que finalmente fue frenada por la Asamblea.
Años después, en 2020, durante otra etapa de su carrera política, Gaviria impulsó la transformación de la empresa en EICE. Con este cambio, la FLA pasó de ser completamente pública a un modelo mixto, lo que en la práctica la hace una propiedad transferible y reduce algunas barreras legales frente a eventuales procesos de enajenación.
Ese antecedente es el que hoy alimenta las suspicacias. Para algunos sectores, modificar la composición de la junta directiva podría ser el primer paso hacia una mayor participación privada en la toma de decisiones. Para otros, se trata simplemente de un ajuste necesario para que la empresa compita en mejores condiciones.
Lo cierto es que, más allá de la discusión técnica, está en juego el papel que la FLA cumple en Antioquia. Desde su creación en 1919, la empresa no solo ha sido un negocio rentable, sino también una fuente clave de financiación para programas sociales en el departamento.
Una eventual privatización —aunque lejana por ahora— implicaría perder una de las principales fuentes de ingresos directos para inversión pública. Por eso, el debate apenas comienza y promete seguir encendiendo posiciones encontradas entre quienes defienden su carácter público y quienes ven en la apertura una oportunidad de crecimiento.
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