El 3 de julio de 1992, Fernando Galeano y Gerardo "Kiko" Moncada entraron a La Catedral. La cárcel privada que su entonces socio Pablo Escobar había construido en las montañas de Envigado con permisos del Estado y materiales de primera. Nunca salieron de allí.
Esa noche, el jefe del Cartel de Medellín interrogó a los dos socios más importantes que tenía. Luego de no encontrar las respuestas que buscaba, los torturó, los mandó a matar y los desapareció. A Galeano lo golpeó él mismo con un taco de billar hasta la muerte. A Moncada lo ejecutaron sus sicarios. Desmembraron los cuerpos y quemaron los restos en un horno para no dejar rastro.
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La historia que desencadenó las sangrientas muertes comenzó con una caleta descubierta. Uno de los lugartenientes de Escobar recibió una suma de dinero que un campesino decía haber encontrado enterrada en un terreno de Rionegro. El botín pertenecía al dúo Moncada-Galeano. El monto coincidía con una pérdida que Escobar había reportado meses atrás. Para el temido Patrón, esa coincidencia fue suficiente como prueba de traición.
En el interrogatorio dentro de la cárcel que el capo manejaba a su antojo, Galeano y Moncada se declararon inocentes. Sin embargo, Escobar ya sabía que los dos habían montado sus propios negocios mientras él estaba preso. Al parecer, también se enteró de que estaban haciendo tratos a sus espaldas con los hermanos Rodriguez Orejuela del Cartel de Cali sobre el control del mercado en Los Ángeles.
Además, había escuchado a la esposa de Moncada quejarse del impuesto de guerra que el capo les cobraba por el uso de las rutas del narcotráfico, mientras estaba preso. Para el capo eso fue suficiente.
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Las consecuencias de esas dos muertes se sintieron más allá de Envigado. Cuando el gobierno colombiano supo lo que había ocurrido dentro de la prisión, ordenó una operación militar para retomar el control del penal y trasladar a Escobar a una cárcel ordinaria. La operación terminó en motín. Los hombres del capo tomaron como rehenes a dos funcionarios del Estado (quiénes), y en medio del caos, Escobar derribó una pared falsa de yeso y se fugó. Era el 22 de julio de 1992.
Las muertes de Galeano y Moncada también fracturaron el cartel desde adentro. Diego Murillo Bejarano, jefe de seguridad de Escobar y Jaime Mendoza, cuñado de Gerardo, abandonaron la organización. Se les unió Judy Moncada, una de las viudas, quien no tenía ninguna intención de perdonar la muerte de su esposo.
Con apoyo del Cartel de Cali y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y con cooperación indirecta y bajo la mesa de la CIA y la DEA, los tres formaron Los Pepes, el grupo paramilitar que operó de manera paralela a las fuerzas del Estado colombiano en la búsqueda de Escobar. La cacería duró 17 meses y terminó el 2 de diciembre de 1993 en un tejado del barrio Los Olivos, en Medellín, en el que murió uno de los narcos más crueles de nuestra historia.
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Treinta años después, la situación legal de los bienes del clan Galeano-Moncada sigue sin resolverse. No porque los herederos legítimos los reclamen, sino porque permanecen en poder de testaferros que los han conservado con ayuda de funcionarios corruptos y decisiones judiciales que las autoridades describen como amañadas.
La semana pasada, la SAE, recuperó dos inmuebles vinculados al clan. El primero una mega mansión de 400 metros cuadrados en Itagüí, adquirida en septiembre de 2000 por Rafael José Galeano Berrío mediante escritura pública y por un irrisorio valor de 2,5 millones de pesos. El segundo es un parqueadero urbano en Medellín, comprado por el mismo individuo en 1989 por 2,7 millones de pesos.
La mujer que figuraba como poseedora de estos bienes es Dolly Victoria Álvarez Ríos, alias la Patrona. Era la esposa de Gerardo Moncada Cuartas. Las autoridades la señalan como testaferro de estructuras del narcotráfico vinculadas a los carteles de Medellín y Cali. Su nombre también aparece en investigaciones sobre un megalote en Los Arenales, en Cartagena, un predio que según las pesquisas era utilizado por el Cartel de Medellín en los años 80 para esconder secuestrados.
Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, dijo que los inmuebles recuperados entrarán a un proceso de comercialización y que los recursos obtenidos irán a inversión social y a la lucha contra el crimen organizado.
Lo que persiste, tres décadas después de aquella noche en La Catedral, es la certeza de que los activos del narcotráfico tienen una vida mucho más larga que sus dueños originales. Galeano y Moncada murieron en 1992, pero sus propiedades han seguido de mano en mano, con la discreción que solo da la impunidad.
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