Varios hombres, con los dedos listos para apretar el gatillo, se movilizaron en un camión militar para llegar El Fasher, ciudad de un millón y medio de habitantes y territorio clave en las confrontaciones bélicas para dominar la región de Darfur del Norte, en Sudán.
Los militares acompañaban a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se enfrentaban a las Fuerzas Armadas de Sudán. A diferencia de los hombres de las FAR, algunos de esos combatientes hablaban español y no tenían ningún vínculo con África. Eran colombianos que peleaban en una guerra ajena y remota a cambio de dinero. La batalla terminó el 26 de octubre de 2025.
Los soldados habían llegado a África atraídos por la promesa de un salario que oscilaba entre 1.500 y 3.000 dólares mensuales (5 a 10 millones de pesos colombianos), dependiendo del contrato. Aún más polémico es el hecho de que hacían parte de un grupo de entre 300 y 2.000 exmilitares de las fuerzas colombianas que han trabajado como mercenarios, solo en Sudán, en ucrania hay entre 2.000 y 5.000 exmilitares colombianos. Aunque en los documentos aparecían como contratistas de seguridad dentro de Sudan.
Tras tres días de combate, los batallones de las FAR lograron tomar la ciudad. Sin embargo, la batalla y el asedio se habían prolongado durante 18 meses. Con la caída de El Fasher también cayó el último bastión del ejército sudanés en la región de Darfur. Los colombianos reclutados por empresas privadas de seguridad resultaron ganadores después de sembrar muerte y desolación en tierras de otros.
La compañía A4SI
Álvaro Andrés Quijano vive en Arabia Saudita hace algunos años. Soldado retirado, vio en los conflictos asociados a los intereses saudíes una oportunidad para hacer negocios y obtener ganancias. El país petrolero mantiene intereses en los vecinos Yemen y Sudán, que es un país mayoritariamente desértico víctima de una cruenta guerra civil desde el 15 de abril de 2023.
El conflicto enfrenta directamente al ejército regular del país, las Fuerzas Armadas Sudanesas, contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que sigue las órdenes del general Mohamed Hamdan Dagalo.
En medio de los desiertos de Arabia Saudita, Quijano creó A4SI, una compañía de seguridad privada. Las empresas militares privadas, también llamadas compañías de contratistas o mercenarias, participan en un mercado que puede superar los 200.000 millones de dólares anuales como sucede con las industrias mundiales de los videojuegos o los cosméticos.
El exmilitar y su esposa, Claudia Viviana Oliveros, comenzaron a reclutar colombianos para prestar servicios en el exterior. Con el tiempo, varios de esos hombres terminarían apoyando a las FAR en Sudán. Desde el comienzo de la guerra, los rebeldes buscaron controlar las minas de oro ubicadas en la región occidental de Darfur. Gracias a estos recursos, han conseguido armas y vehículos militares como el Nimr Ajban. Sus principales clientes se encuentran en Emiratos Árabes Unidos y, desde allí, las FAR contrataron a hombres reclutados por A4SI.
Por lo menos 380 colombianos llegaron a Sudán a través de esta compañía. Aunque Quijano se encargaba de conseguir personal con experiencia militar, el contacto con los aspirantes en Colombia era realizado principalmente por su esposa. Para encontrarlos utilizaban redes sociales y grupos de veteranos. El principal gancho del voz a voz que atrajo cientos de militares retirados fue el salario ofrecido.
La logística de transporte quedó en manos de Global Security Service Group, organización vinculada al ejecutivo Mohamed Hamndan Alzaab.
El proceso de contratación
En distintos grupos de veteranos comenzó a circular la información sobre contratos con buenos salarios. Los requisitos incluían contar con al menos diez años de experiencia en servicio activo, buena condición física, pasaporte vigente y experiencia en brigadas móviles, batallones de contraguerrilla o fuerzas especiales.
También se valoraba haber realizado cursos especializados como el de lanceros o tener experiencia en la formación de personal de infantería. De manera preferencial, los candidatos debían encontrarse libres de investigaciones judiciales o antecedentes penales.
Christian Lombana Moncayo es uno de los soldados colombianos que combatieron en Sudán. cumplía con los requisitos y presentó su hoja de vida. Para él, la posibilidad de ganar diez millones de pesos mensuales resultaba muy atractiva. Como les ocurrió a muchos otros exmilitares, la vida civil no fue sencilla. Pasar de un mundo marcado por órdenes permanentes y una disciplina estricta a otro mucho más flexible le generó una profunda sensación de pérdida de propósito. Encontrar un trabajo estable tampoco fue fácil. La posibilidad de volver a desempeñar funciones relacionadas con su experiencia militar le resultó irresistible. Por eso envió sus documentos.
Le podría interesar: Dos empresas turcas, 2 gringas y 16 extranjeras quieren el billonario contrato para montar el sistema antidrones
Una vez aterrizó en Emiratos Árabes Unidos se llevó una sorpresa. En lugar de permanecer allí, fue trasladado a Sudán. Lo que le habían presentado como un trabajo de seguridad terminó convirtiéndose en una experiencia dentro de uno de los conflictos más violentos del continente africano.
Según varios testimonios, integrantes de las FAR restringieron la movilidad de los contratistas y les confiscaron teléfonos celulares y los pagos. Las condiciones encontradas diferían de las prometidas durante el proceso de contratación.
La realidad ofrecida por A4SI terminó siendo muy distinta para varios de los hombres reclutados. Con el paso de los meses comenzaron a aparecer denuncias contra la compañía y sus responsables.
Christian Lombana Moncayo, según sus familiares, murió en combate. Ese final de morir en combate en un país extranjero, defendiendo ideas ajenas no debería repetirse.Sus testimonios tuvieron repercusión internacional. Como consecuencia, Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas sancionaron a Álvaro Andrés Quijano y a Claudia Viviana Oliveros por reclutar y enviar, presuntamente mediante engaños, a más de 300 exmilitares colombianos para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la guerra de Sudán.
Sin embargo, esa no fue la única consecuencia. En Colombia, el Congreso y el Gobierno de Petro aprobaron y sancionaron la Ley 2569 de 2026, la cual ratifica la Convención Internacional de la ONU contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. En otras palabras, en los distintos aeropuertos los funcionarios de migración deben prohibir la salida de personas con pasado militar que les generen sospechas de viajar a Ucrania, Medio Oriente o Sudan.
Anuncios.
