Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que una Asamblea Constituyente es el camino para destrabar sus reformas, una investigación de El Colombiano puso bajo la lupa a uno de los hombres encargados de mover esa iniciativa: Armando Wouriyú Valbuena, líder wayúu, operador político del Gobierno y hoy convertido en el “tesorero” del proyecto constituyente. Detrás de él, según reveló el diario antioqueño, aparece una red de contratos públicos que supera los 20 mil millones de pesos y que terminó beneficiando a una asociación indígena manejada por su familia.
El nombre de Armando Wouriyú empezó a sonar esta semana luego de aparecer como el encargado de administrar la cuenta bancaria donde se recogerían más de 2.000 millones de pesos para impulsar la propuesta de Constituyente promovida por sectores cercanos al petrismo.
El líder indígena explicó que el dinero sería destinado a “fotocopias y bolígrafos”, pero las dudas crecieron cuando se conoció el músculo político y contractual que rodea a su entorno familiar.
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La investigación apunta especialmente a la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte Extrema de La Guajira, conocida como Wayúu-Araurayú, cuyo representante legal es Gustavo Custodio Wouriyú, hermano de Armando. Entre febrero de 2023 y febrero de 2026, esa organización firmó contratos con entidades del Estado por más de 20.038 millones de pesos.
Los convenios fueron celebrados con ministerios como Educación, Agricultura, Interior y Salud, además del ICBF, el DANE, alcaldías de La Guajira y la Gobernación departamental.
El grueso de esos recursos habrían llegado en 2024, año en el que la asociación obtuvo contratos cercanos a los 17 mil millones de pesos.
Para 2026 ya sumaba otros 736 millones y en 2025 había recibido cerca de 650 millones adicionales. Según la información revelada, varios de esos contratos tenían como propósito fortalecer programas educativos y sociales en comunidades wayúu del norte extremo de La Guajira.
Sin embargo, líderes de la región consultados por el diario aseguraron que muchos de estos programas apenas se vieron reflejados en el territorio.
En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026
Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente… pic.twitter.com/tYIhdtYTTv
Los contratos que llaman la atención
Uno de los convenios más grandes fue firmado con el Ministerio de Agricultura por más de 6.000 millones de pesos para impulsar proyectos de pesca artesanal y agricultura familiar. El objetivo era beneficiar a miles de familias indígenas en una de las zonas más pobres del país. Pero habitantes de la región aseguran que las comunidades siguen padeciendo la falta de agua, vías y servicios básicos, mientras el clan Wouriyú consolidaba poder político desde Bogotá.
En La Guajira describen a Armando Wouriyú como un hombre con influencia creciente dentro del Gobierno Petro. Su cercanía con el Ejecutivo no solo pasa por la Constituyente. También fue nombrado por Presidencia como delegado para los diálogos sociojurídicos con el Clan del Golfo y ha tenido un rol activo en las discusiones sobre transición energética y proyectos eólicos en territorios wayúu.
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De acuerdo con testimonios recogidos por el periódico, Wouriyú habría servido como puente entre el Gobierno y líderes indígenas durante las tensiones por los parques eólicos en La Guajira.
Varias fuentes sostienen a El Colombiano que organizó reuniones con autoridades tradicionales para mostrar respaldo comunitario a los proyectos energéticos impulsados por Petro. Todo esto mientras al aparecer su familia aumentaba su presencia en contratos estatales y estructuras de representación indígena.
El poder de los Wouriyú, dicen líderes indígenas consultados por el medio citado que se sostiene sobre tres pilares: su influencia histórica en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), su presencia en la Mesa Permanente de Concertación con el Gobierno Nacional y el control de estructuras territoriales indígenas creadas recientemente en el norte de La Guajira.
En esa región, algunos contradictores los señalan de haberse convertido en una especie de élite política indígena con línea directa hacia la Casa de Nariño.

Quién es el tesorero de la constituyente
La historia de Armando Wouriyú viene de décadas atrás. Empezó como trabajador en las salinas de Manaure en los años ochenta y terminó escalando hasta la presidencia de la ONIC en 1997. También participó en escenarios derivados del Acuerdo de Paz y en procesos relacionados con la Comisión de la Verdad.
Su perfil pasó de dirigente social indígena a interlocutor permanente de distintos gobiernos, aunque con Petro alcanzó un nivel de influencia mucho mayor.
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Consultado por El Colombiano, Wouriyú negó haber influido en la entrega de contratos a la asociación de su hermano. Aseguró que no tiene poder político para intervenir en adjudicaciones y respondió de forma ambigua cuando se le preguntó por otros vínculos con el Estado. “No me acuerdo de tantas cosas que hago”, dijo durante la entrevista.
La revelación aparece en un momento especialmente sensible para el Gobierno Petro, golpeado por cuestionamientos alrededor de la contratación estatal y escándalos como el de la UNGRD.
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