Opinión

Sobre las formas de la violencia contra las mujeres políticas

Las mujeres que trabajamos en política hemos tenido que sortear diversas formas de violencia, desde la desestimación de nuestros argumentos hasta amenazas, insultos, y situaciones de verdadero riesgo

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Marzo 27, 2019
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Sobre las formas de la violencia contra las mujeres políticas
Sin garantías el rol equitativo de las mujeres en política continuará siendo limitado. Foto: claudia-lopez.com

Desde el año 1957 las mujeres tenemos derecho al voto en Colombia, una fecha tardía, que hace manifiesto el papel secundario al que las mujeres fuimos relegadas durante más de la mitad del siglo XX. Este hecho, que no debía haber sido un problema, porque como ciudadanas es nuestro derecho, fue, sin embargo, producto de una larga y lenta lucha política. Esta batalla por ser y hacer parte de la agenda legislativa y ejecutiva no ha culminado y no lo hará hasta que las mujeres colombianas logremos la equidad en cada instancia de la sociedad.

62 años después, la representación femenina equitativa en puestos de elección popular continúa siendo demasiado baja. Así entonces, de 258 parlamentarios en el Congreso de la República, 56 son mujeres, esto equivale al 19,7 % de congresistas. La cifra a nivel local, no es muy diferente, solo el 17 % en asambleas departamentales, el 18 % de los concejos municipales, 12 % en alcaldías y el 15 % en gobernaciones. Los porcentajes hablan por sí mismos, necesitamos más representación, meceremos más participación en la vida política del país.

Pero no se trata solo de ser elegidas, se trata también de que dispongamos de las mismas condiciones para poder ejercer el trabajo legislativo o de gobierno con que nuestras contrapartes cuentan. Sobre esto, considero que de fondo hay un problema cultural que se muestra inmune a las transformaciones en políticas públicas que desde la Constitución del 91 se han venido diseñando e implementando, como la Ley 581 de 2000 sobre la participación de las mujeres en los niveles decisorios, o la Ley 1257 de 2008 para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra las mujeres, los cuales surgen, así mismo, de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano y que se enfocan en la promoción de los derechos de las mujeres para ejercer la práctica política con garantías. Me refiero a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, art 23), al Pacto de derechos civiles y políticos (art 25), a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), o a la Cuarta conferencia de Beijing (1995) por mencionar algunos.

 

A pesar de estos avances en materia legislativa, desde el punto de vista cultural, siento que ha habido un retroceso que es importante abordar, porque los índices de violencia contra las mujeres, continúan en niveles inaceptables. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, en el 2017 se notificaron 98.999 casos sospechosos de violencias de género e intrafamiliar, un aumento de 5,4 % comparado con el 2016 (93.614 casos notificados). Para mayo de 2018 se habían reportado 38.268 casos. Lo que significa un aumento de 2,7 % en comparación con los datos del mismo periodo de tiempo en 2017. Las violencias infringidas contra mujeres en Colombia, así como en otros países de América han hecho que PNUD declarara la región como “la más peligrosa en el mundo para las mujeres”.  De hecho, se ha determinado que 38 % de las mujeres en América Latina ha experimentado algún tipo de abuso en su vida.

Este hecho, es problemático y nos obliga a reflexionar sobre el papel que debemos asumir para generar como sociedad los cambios profundos que comiencen a transformar las prácticas culturales que continúan intentando silenciarnos, aplacarnos y reducirnos. Este ejercicio, en el plano político se hace manifiesto de diversas maneras, algunas abiertamente arbitrarias, otras más sutiles, que tienden a pasar desapercibidas y que al ser sistemáticas y cotidianas se han ido naturalizando.

 

Esta situación, tiene que ver con una convicción arraigada en nuestro modelo cultural que asocia el ejercicio del poder con una imagen masculina, como lo señala la profesora Mary Beard en su libro Mujeres y Poder. De tal manera que las mujeres que hemos ejercido cargos tradicionalmente asociados con hombres somos percibidas como usurpadoras, como alteradoras del orden y por ello debemos ser castigadas. Lo cual nos convierte de forma casi que automática en blanco de insultos y demás actitudes agresivas cuyo único fin es deslegitimarnos, reducirnos, anularnos. Es decir, “ponernos en nuestro lugar”.

 

En otras palabras, en el papel, las condiciones están dadas, pero culturalmente la idea del poder reside en la imagen masculina, por eso, tal vez, muchas mujeres que han hecho de la actividad política su vida, terminan asumiendo algunas características asociadas a la virilidad como estrategia para encajar mejor en el rol que impone el ejercicio del poder. Esto se hace evidente en la forma de vestir, por ejemplo. Algunas de las mujeres que tienen un puesto de poder o lo han tenido, como Ángela Merkel o Hillary Clinton han optado por usar trajes que emulan los vestidos masculinos tradicionales. A pesar de ello, no es posible evitar actitudes discriminatorias, condescendientes, paternalistas, cuando no abiertamente violentas, como me ha ocurrido a mí en numerosas oportunidades y como sigue sucediendo en la actualidad con mujeres políticas que son constantemente maltratadas verbalmente o ridiculizadas a través de memes, cuya finalidad es la de opacarlas, vilipendiarlas y amedrentarlas.

 

Con frecuencia estas actitudes agresivas y excluyentes son advertidas como parte del oficio, como una especie de mal necesario si una mujer quiere ser parte del mundo político, lo que es erróneo e inaceptable. De acuerdo a los resultados de una investigación conducida por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD) Mujeres y participación política en Colombia, el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política (2016) de 166 casos de mujeres electas para puestos públicos entre 2012 y 2015 el 66 % de las participantes señalaron que fueron víctimas de conductas o situaciones violentas por el hecho de ser mujeres. La actitud agresiva más frecuente que encontraron (23,8 %) fue la restricción de su voz, es decir que sus micrófonos fueron silenciados mientras intervenían en foros o plenarias. Otro aspecto que señalaban como frecuente (22,3 %) tiene que ver con el ocultamiento de los recursos financieros o administrativos durante su gestión. De igual manera, una conclusión del estudio es que seis de cada diez de las participantes se identificaron como víctimas de alguna forma de violencia sistemática como las que hemos descrito previamente. De igual forma señalaron que los actos más frecuentes eran la desestimación de sus argumentos, amenazas contra sus hijos y familiares, insultos que las rebajaban de diversa manera, al usar calificativos despectivos, así como rumores, chistes de doble sentido y un largo etcétera de actitudes discriminatorias.

Otro dato significativo del informe muestra que el 47 % de las encuestadas señala que los perpetradores de estos abusos fueron colegas de las corporaciones de las que hacían parte, de igual forma el 34 % indicó que estos hombres eran parte de su propio movimiento político, el 32,9 %        que eran servidores públicos y el 31,87 % que fueron víctimas de agresiones por parte de ciudadanos. En lo que se refiere a las alcaldesas, 85,7 % indicó haber sido víctima de actos violentos, el 42 % de estos actos fueron cometidos por parte de miembros del Consejo, 28 % por miembros de la comunidad y 12 % por miembros de su propio partido.

A estos datos hay que sumar los que corresponden a la denuncia de los mismos, ya sea a las autoridades o a la opinión pública, así como los índices en que las víctimas optaron por guardar silencio.  29 % de las encuestadas denunciaron los hechos a la opinión pública, el 23 % ante las autoridades y el 16 % guardó silencio, aunque se sintieron maltratadas. Aunque quienes denunciaron lo hicieron ante las entidades correspondientes como Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo o Policía Nacional, el 60 % manifestó que una vez hecha la denuncia y abierta la investigación correspondiente, nunca hubo resultados, ni consecuencias para los victimarios.

 

El 60 % de quienes denunciaron ante las entidades correspondientes,
manifestó que una vez hecha la denuncia y abierta la investigación,
nunca hubo resultados, ni consecuencias para los victimarios

 

 

Esto ocurre porque para un importante número de colombianos este tipo de conductas son aceptables o no son relevantes, ya que son percibidas como normales. Desafortunadamente no me refiero solo a hombres, también hay muchas mujeres que no entienden que este tipo de actitudes y actos son inaceptables y de esa forma perpetúan la idea errónea de que si se es mujer hay que aceptar este tipo de situaciones. Por eso me refería antes a la importancia de generar transformaciones en la cultura y esto se logra desde la educación, que es la única herramienta capaz de lograr los cambios profundos necesarios para ir venciendo la inequidad y la violencia contra las mujeres, no solo en el ámbito político que es el que nos convoca el día de hoy, sino en la sociedad en general.

Nos corresponde a todos y todas asumir un papel de agentes transformadores y esto se hace haciéndonos conscientes de las diversas formas de violencia que se ejercen contra la mujer y denunciándolas cuando las vemos en acción. Ahí, en ese momento, cuando ocurre el comentario o el insulto, el chiste, ahí es cuando hay que reaccionar, que no nos de pena, ni temor. Señalemos nuestra inconformidad o incomodidad, indiquemos el ataque de forma explícita y clara y manifestemos que no es aceptable, que está mal. Creo que ese gesto, por pequeño que creamos que es, puede a la postre ser significativo. Después de todo los grandes cambios están llenos de gestos en apariencia pequeños.

No me cabe duda de que, en el fututo próximo, en cada periodo electoral habrá mayor número de mujeres aspirando a diversos cargos públicos y que nuestra presencia y trabajo en pos del desarrollo del país continuará siendo relevante y determinante en lograr la equidad de género.

Esta forma sistemática de violencia política, se complementa con situaciones de verdadero riesgo que no pueden seguir ocurriendo, que merecen ser sancionadas de forma contundente. Sin estas garantías el rol equitativo de las mujeres en política continuará siendo limitado.

Las mujeres que hemos optado por trabajar en política, hemos tenido que sortear diversas formas de violencia.

 

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