Si el Congreso de la República aprueba el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo como lo presentó el gobierno, el presidente Gustavo Petro quedaría facultado para repartir subsidios por decreto, hacer un revolcón en la estructura de las entidades de la Rama Ejecutiva y hasta para regular la comercialización y el uso medicinal de la marihuana y otras sustancias sicoactivas.
También podría arrebatarle a Bogotá la propiedad del Hospital San Juan de Dios –otra de sus obsesiones junto al metro soterrado- y para reorganizar la justicia indígena, reconocida como autónoma por la Constitución Política.
Las facultades serían tan frondosas en sus alcances como el número de páginas que trazarán el nuevo norte del Plan Nacional de Desarrollo titulado “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
Petro alcanzaría un nivel de autonomía en el gasto público que no han tenido sus antecesores. Lo haría al amparo de un sistema de transferencias o subsidios que, según el proyecto, serían destinados a apoyar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
El literal “m” del Artículo 298 del proyecto contempla que los subsidios podrían ser entregados en dineros y en especie en caso situaciones adversas derivadas de la materialización de riesgos sociales, riesgos económicos o desastres naturales. El presidente podría además modificar los programas Familias y Jóvenes e integrarlos a ese sistema de transferencias.
En el articulado propuesto la creación del sistema de subsidios está antecedida de otras pretendidas disposiciones que le abrirán espacio a Petro para crear, suprimir, fusionar o escindir entidades públicas que dependen del poder ejecutivo. Pero también para hacer las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento de esas entidades.
El pago de los subsidios puede reflejar su vocación social. Ese es su lado positivo. Pero en medio de ese amplio espectro de facultades no se advierte un sistema de control al manejo de los recursos de los subsidios ni limitaciones para su uso en épocas de elecciones, por ejemplo. En otros países, como Venezuela, los subsidios hacen parte de una suerte de paternalismo estatal que busca la lealtad popular que debe expresarse en las urnas.
Las facultades extraordinarias al presidente, que serían de seis meses en caso de ser aprobadas, permitirían a Petro regular por decreto las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con condiciones definidas durante las consultas previas. No hay antecedentes de una intervención presidencial en esa materia, entre otras cosas porque las comunidades indígenas son autónomas en la aplicación de sus modelos de justicia.
Dentro del mismo artículo relacionado con la creación y fusión de entidades públicas pende un inciso que le permitirá al Jefe del Estado adquirir a título gratuito u oneroso la infraestructura que corresponde al Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil. Su infraestructura sería utilizada para prestar servicios de salud o para promover la investigación en salud. Cuando Petro fue alcalde lanzó una cruzada para que el hospital quedara en manos del distrito, aunque jamás logró ponerlo en funcionarios.
En el mismo apartado de la propuesta del Plan de Desarrollo alusiva al revolcón institucional se encuentra, como materia un tanto extraña al objetivo central, un literal que habilitaría al mandatario para regular los usos alternativos de la planta de coca, los usos alternativos del cannabis y los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias sicoactivas. Se trata de una industria que se anuncia multimillonaria y que ya venía asomándose al mundo de la medicina con la inclusión en el PBS (Plan de Beneficios en Salud) desde diciembre del año pasado.
Si se impone la disciplina de bancada, las facultades le darán superpoderes al presidente. Si hay un debate abierto, el Congreso tendría material de sobra para analizar el por qué y el para qué de las atribuciones que busca el presidente.
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