Es completamente lamentable el estado en el que se encuentran algunas personas en situación de discapacidad. No solo porque tienen que soportar la indiferencia permanente de quienes los rodean, sino por la falta de coordinación y ejecución de estrategias para su efectiva y real protección por parte de las instituciones encargadas de velar por sus derechos.
Así, el silencio, la indiferencia, las barreras y trabas burocráticas, como las miradas de constante rechazo y discriminación hacia estas personas no hace más que alimentar una impunidad incesante y un olvido de su situación que pide a gritos una resolución o, al menos, una mejora.
En este sentido, se trata de personas que refuerzan aún más su situación de vulnerabilidad al verse obligadas a tratar de hacer por ellos mismos lo que el Estado no hace muy a pesar de las herramientas existentes para abordar su situación.
De esta manera, pareciera que tuviera que existir un detonante para que el Estado y la sociedad por fin las determine. Como si tuvieran que estar rogando por su dignidad, como si tuvieran que arrastrarse para que el Estado los escuche y como si tuvieran la culpa del diseño institucional tan marcadamente burocrático de la sociedad.
Hay que recordar que se trata de sujetos de especial protección constitucional como lo ha señalado la Corte Constitucional reiteradamente en su jurisprudencia y que existen diversos instrumentos de protección de sus derechos, así como lineamientos y estrategias particulares para su situación.
Algunos de ellos son la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad como un paradigma de protección de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad, la Declaración Universal de los DD.HH, la Ley 361 de 1997 por la que se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, la Ley 982 del 2005 por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas, la Ley 1306 de 2009 por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, la Ley estatutaria 1618 de 2013 por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, el Documento Conpes Social 166 de 2013 por el que se desarrolla la política pública de discapacidad e inclusión social y, por supuesto, la Constitución, entre otros.
Empero, de nada sirve contar con tantos instrumentos de protección en el papel, si en la realidad su situación es cada vez más paupérrima para algunos de ellos.
Así, no es posible seguir construyendo esta ceguera colectiva que resulta tan perjudicial para la regeneración y construcción del tejido social.
No es posible que las personas en situación de discapacidad deban arrastrar su dignidad con miras a que el Estado responda de alguna manera. No es posible que las medidas de protección existentes para estas personas queden supeditadas a trámites tan excesivamente burocratizados para lograr el reconocimiento de su dignidad como seres humanos. No es posible que las excesivas trabas burocráticas que deben enfrentar estas personas las relegue de lo más esencial y fundamental del ser humano como lo es su dignidad y queden supeditadas al olvido.
En este sentido, resulta completamente hipócrita que algunas instituciones, en apariencia, velen por la protección de estas personas publicando todo, lo que en teoría, hacen y ejecutan como medidas de protección, cuando la realidad es que muchas de estas personas siguen padeciendo tanta resistencia por parte de algunas instituciones, tanta impunidad frente a su situación y, en otros escenarios, terminan convirtiéndose en los conejillos de indias del Estado.
Tanta indiferencia cómplice lo único que hace es relegarlos al olvido. ¿Qué está pasando con la sociedad?
*Abogada. Universidad de los Andes
Especialista en DD.HH y DIH
