Francia Márquez llegó a la Casa de Nariño como vicepresidenta de Colombia con una ilusión: crear un ministerio para cumplirle a su gente, a la población más pobre de Colombia con la que se hizo una gran líder social en el suroccidente del país. Su gente, los Nadie, la que la dio el millón de votos que fueron su pasaporte para ser la fórmula presidencial de Gustavo Petro, quien a comienzos del 2023 le cumplió con el decreto que de daba vida al Ministerio de la igualdad y equidad. Sería el espacio para diseñar una política con soluciones para los afro, los indígenas, los jóvenes, la población LGBTIQ+.
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Seis meses después, el 1 de julio del 2023 le llegó a Francia Márquez la hora de posesionarse como Ministra. Se estrenaba en el gabinete y estrenaba un ministerio lleno de expectativas, mucho papel, pero poca plata. Tres años y medio después, el 19 de junio de 2026 lo vio morir. El acta de defunción quedó plasmada en el decreto 0626 de 2026.
Un efímero ministerio que no dejó huella
Fue en Istmina, en el Chocó, en medio de las comunidades negras del Pacífico, donde la vicepresidente pudo celebrar el nacimiento del Ministerio. Sin embargo, muy desde un comienzo aparecieron los obstáculos.
La oposición reaccionó pronto. Un grupo de congresistas del Centro Democrático, entre ellos Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, el fallecido Miguel Uribe Turbay y Paola Holguín plantaron sus críticas. Paloma Valencia, que luego sería la candidata presidencial del partido uribista, presentó una demanda de inconstitucionalidad. El argumento no cuestionaba la pertinencia social de la entidad. Apuntaba a un defecto de forma: el Congreso había aprobado la ley sin cumplir el análisis de impacto fiscal exigido por la Ley 819 de 2003. Crear una institución pública que implica gasto requiere demostrar de dónde vendrá el dinero y cuánto costará. Ese estudio no se realizó como la Corte consideró que debía hacerse.
Gracias a la demanda que gané en la Corte Constitucional, hoy desaparece uno de los mayores ejemplos de derroche e ineficiencia del gobierno de @petrogustavo .
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 22, 2026
MinIgualdad no sirvió para nada. Contrataron a más de 5mil personas y crearon un fondo paralelo para contratar por… https://t.co/IkrOuAi7l0
La Sala Plena de la Corte Constitucional le dio la razón a la demandante. A través de la Sentencia C-161 de 2024, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés tumbó la Ley que lo había creado. Sin embargo, dio una tregua. No ordenó el cierre inmediato. Le dio al Gobierno dos legislaturas para corregir los errores y aprobar una nueva ley. La fecha límite era el 20 de junio de 2026. La Corte ratificó esa posición con la Sentencia C-110 de 2025.
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Pero el gobierno no hizo la tarea completa y el Congreso tampoco ayudó. A pesar de radicar un nuevo proyecto de ley el 21 de julio de 2025, su trámite resultó fallido porque solo se aprobaron 15 de los 17 artículos. El plazo para tramitarlo nuevamente venció. La ley quedó por fuera del ordenamiento jurídico y la entidad no tuvo destino distinto a su liquidación.
Para 2024 manejaba recursos cercanos a 1,8 billones de pesos. En noviembre de ese mismo año apenas había ejecutado el 2,4 por ciento de ese presupuesto. Esa cifra se convirtió en el dato más repetido por quienes pedían su cierre, y erosionó el apoyo político que la entidad alguna vez tuvo en el Congreso. La inestabilidad en las cabezas que la dirigieron, los cuestionamientos administrativos y la falta de resultados visibles terminaron de hacer el resto.
Cerca de 600 funcionarios quedaron sin claridad sobre su futuro. Varios se manifestaron frente al Departamento Administrativo de la Presidencia reclamando respuestas que nadie daba. Figuras clave de la secretaría general y las oficinas jurídica y de talento humano habían renunciado semanas antes. El Gobierno, que confiaba en lograr los votos en el Congreso, no había preparado un plan de cierre.
Una frustración que pesa como una piedra
Para Márquez el golpe tiene un peso que va más allá de la derrota institucional. Ella puso en este ministerio algo que pocos funcionarios traen a sus cargos: una historia personal anterior al cargo. Cuando hablaba de las comunidades excluidas no estaba haciendo análisis. Hablaba de su propio origen, de los territorios que conoció desde niña, de las personas que la votaron no por lealtad partidista sino porque reconocían en ella algo propio. El ministerio era la forma institucional de esa promesa.
Pero Francia Márquez no logró tomar las riendas y finalmente todo salió mal. El Presidente, la retiró del cargo haciendo caso omiso del significado de su condición de vicepresidenta que obtuvo, igual que él, por mandato popular. Y nombró, en vivo y en directo, en su reemplazo, a su mano derecha, Carlos Rosero, decisión que reventó una amistad construida durante décadas.
Sin embargo, el paso de Rosero por el cargo fue efímero y pronto lo reemplazo Juan Carlos Florián, representante de la comunidad LGTB quien salió por la puerta de atrás para ser reemplazado por el líder indígena Luis Alfredo Acosta.
Será a él a quien le tocará hacerle frente a la liquidación del Ministerio en la recta final del gobierno sin que esté claro cuál será la suerte de los programas dirigidos a mujeres, comunidades étnicas, jóvenes, personas con discapacidad y población LGBTIQ+, como tampoco se sabe cuál será la de Francia Márquez quien deja el gobierno invisibilizada por el propio Presidente, acumulando muchas más frustraciones que realizaciones.
Puede leer aquí el Decreto con el que se liquida el Ministerio de la igualdad.
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