Durante décadas, los caucanos hemos sido víctimas de un servicio de energía eléctrica deficiente, intermitente y de baja calidad, prestado por la Compañía Energética de Occidente (CEO). Esta situación, que no corresponde a eventos aislados y, por tanto, no debe causar sorpresa, es el resultado previsible de un modelo económico y político que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo y los derechos fundamentales.
Las continuas fallas de la CEO, empresa controlada por Promigas , son la manifestación concreta de un proyecto de despojo que comenzó con la apertura económica de los años 90 y se profundizó durante la hegemonía uribista.
La raíz del problema se remonta a la ola privatizadora iniciada tras la Constitución de 1991 y acelerada bajo el gobierno de César Gaviria. Bajo el dogma neoliberal de que la empresa privada es más eficiente, se promovió la concesión de los servicios públicos domiciliarios a capitales privados. Este modelo, llevado al extremo durante los casi veinte años de influencia uribista, transformó derechos fundamentales como la energía, el agua, la educación y la salud en simples mercancías.
Desde un principio, las voces de la dirigencia social y sindical —que resistieron la tentación de los contratos sindicales y la tercerización vía cooperativas— advirtieron sobre el peligro. Se alertó que un sector privado orientado solo a la ganancia no tendría interés real en garantizar cobertura ni calidad del servicio, y mucho menos en invertir en infraestructura en regiones empobrecidas como el Cauca. El objetivo no era servir, sino exprimir hasta el último peso de una población ya golpeada por la pobreza.
La historia les ha dado la razón. Treinta años después de la “apertura gavirista” y más de veinte de la “privatización uribista”, la evidencia es abrumadora. La CEO ha demostrado que su prioridad es la rentabilidad financiera, relegando la inversión en redes, la modernización tecnológica y la atención al usuario. Los apagones, las fluctuaciones de voltaje y la lentitud en la respuesta a emergencias no son fallas del sistema: son su esencia. La privatización nunca fue la solución para el bienestar de la comunidad; fue la garantía de su postergación.
Ante este escenario, la ciudadanía caucana ha mirado hacia su clase política regional en busca de soluciones. Sin embargo, esa espera ha sido en vano. La clase política tradicional del Cauca, muchas veces disfrazada de progresismo de conveniencia, ha mostrado una incapacidad e indolencia crónicas. Su labor no se ha orientado a la defensa de las comunidades, sino a perpetuar redes de favores y clientelismo que benefician a quienes financian sus campañas.
La eternización de contratos de asesoría, la designación de funcionarios por compromisos políticos y la falta de veeduría sobre la CEO han sido la constante. Esta complicidad —activa o pasiva— con el statu quo ha dejado a las comunidades en total desamparo. Confiar en que esta clase política resolverá el problema es como pedirle al lobo que cuide las ovejas.
Es imperativo que las juntas de acción comunal, organizaciones sociales, sindicatos, comunidades indígenas y afrodescendientes construyan un gran movimiento unitario de protesta y acción colectiva. Se deben emprender tutelas colectivas, acciones ante la Superintendencia de Servicios Públicos y la CREG, y, de ser necesario, movilizaciones pacíficas y organizadas que evidencien el descontento.
Este movimiento debe dirigir sus reclamos de forma clara al Gobierno Nacional. El Cauca no puede seguir siendo la eterna olvidada. Se exige una intervención inmediata que obligue a la CEO a invertir en la infraestructura, reparar daños y compensar a los usuarios. Incluso debe evaluarse la revocatoria de la concesión y la adopción de modelos públicos o comunitarios de gestión, donde el servicio prime sobre el lucro.
La lucha por un servicio de energía digno en el Cauca es, ante todo, una lucha por la dignidad de sus habitantes y contra un modelo económico que ha hecho del país un laboratorio del despojo.
Ahora toca a la comunidad, unida y organizada, escribir el capítulo de su propia liberación.
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