Los defensores del establecimiento deben estar muy asustados con el asunto Petro. Todo indica que la normalidad de Bogotá quedó interrumpida desde el mismo momento que el señor Ordóñez anunció la destitución y muerte política durante 15 años contra el Alcalde Mayor. La Plaza de Bolívar, a la manera del emblema mayor de la ciudad, como el corazón donde palpita el acontecer político, entró en un estado de ebullición permanente por la efervescencia de la reacción popular y ciudadana que está estremeciendo la conciencia plácida de los bellos durmientes. Ordóñez puede simbolizar “un florero de Llorente” por medio del cual se inicia un proceso de inflexión histórica de independencia que estará marcado, además, por la desmovilización de las guerrillas.
Pero la culpa de eso no es de Petro. Es del mismo establecimiento que no midió las consecuencias de un fallo de una frágil y deleznable consistencia jurídica, al que hay que añadirle una sólida y ostentosa torpeza política. El expediente fue armado y fallado en forma tan sospechosa, por lo inicuo del engendro y la rapidez del procedimiento, que no está exenta la posibilidad que el dolo no esté en el reo sino en los investigadores y acusadores. “Justicia maloliente”, la llama Mauricio Vargas en El Tiempo (20/01/14), y remata diciendo “casi todo fallo judicial está bajo sospecha”. Esa plaza de Bolívar clamando ¡Justicia! ¡Justicia! empieza a ser poder Constituyente.
El Estado de Derecho está en pie de lucha contra Petro y Petro está en pie de defensa contra el establecimiento que lo quiere tumbar. Tanto que es muy probable que la mínima y única defensa que tenga el Alcalde Petro sea ante la CIDH. Es decir, tendrá que buscar justicia en un país extranjero porque en Colombia no existen garantías para la defensa de sus derechos humanos. El asunto es muy elemental desde el punto de vista jurídico: la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya doctrina hace parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, tiene establecido que la llamada “muerte política”, que es la inhabilidad para ejercer funciones públicas, solo procede en casos extremos de sentencia penal. Ningún funcionario administrativo puede suplantar en eso a un juez penal. Parece que en Colombia, el Procurador, sí.
Colombia es un país malo en la defensa de los derechos humanos. Es un país que da vergüenza al mundo entero, no solo por la barbarie que ha desarrollado en los últimos 50 años contra grupos de población inermes y desprotegidos, -cinco millones de desplazados y más de 200.000 muertos- sino porque permite que un funcionario que no es juez, destituya e inhabilite a un Alcalde o cualquiera de elección popular, por fuera de la CADH. Los defensores del statu quo sacan pecho para invocar la majestad de ese que dizque es el “Estado de Derecho”. Por eso los defensores del llamado Estado de Derecho trinan día y noche contra Petro, el mal Alcalde: porque no se ha dejado tumbar, como quienes le han precedido en la pena de muerte política.
Se perdió pues, la placidez de la plaza, pero se ganó en esperanza de cambio en Colombia. Se desarma el conflicto armado y se arma el conflicto interno: Bogotá está dando ejemplo a Colombia y al mundo entero de lo que es la sublevación pacífica y democrática. “La bomba Petro”, como la llamó con acierto Daniel Samper Pizano, activada de manera torpe por el establecimiento, tendrá en el tiempo los efectos demoledores de una Asamblea Constituyente. El establecimiento tiene que aceptar también que pierde en el juego de la democracia. Es muy probable que la correlación de fuerzas al interior de la democracia, cambie: nuevas fuerzas sociales y políticas ganarán ese espacio. Deben empezar a prepararse a ganar unos, a perder otros. Se perderán odiosos privilegios. Se ganará nueva simiente.
Hay algo que subyace en esa fuerza protestante de la Plaza de Bolívar: la fuerza incontenible de un nuevo país. Gracias Ordóñez. Gracias, muchas gracias Petro. Sobre tanta ignominia florece la esperanza de una primavera.
