Durante treinta y tres años, doce valerosas familias han buscado sin cesar a los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia, crimen que Colombia todavía no ha podido resolver y que permanece en la impunidad. Solamente conociendo lo que verdaderamente pasó es que se podrá superar este duelo que viven centeneres de familias en Colombia: la desaparición forzada.
Una posibilidad es la JEP, hoy desprestigiada con una sofisticada estrategia del poder que la quiere hacer ver como una justicia selectiva que lleva a la impunidad cuando su funcionamiento dice todo lo contrario. La JEP puede resolver crímenes como el del Palacio de Justicia que la misma justicia no ha podido esclarecer.
“¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”. Con esa consigna, que desde hace años se hizo imposible, estos hombres y mujeres han clamado por obtener la verdad sobre los asesinatos de Lucy Amparo Oviedo de Arias, Ana Rosa Castiblanco, David Suspes Celis, Cristina del Pilar Guarín Cortés, Bernardo Beltrán Hernández, Carlos Augusto Rodríguez Vera, Luz Mary Portela León, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Anzola de Lanao, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra, Irma Franco. Ciudadanos que, junto a los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Fabio Calderón Botero, Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco Correa, Fanny González Franco, Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín Forero, Horacio Montoya Gil, Alfonso Patiño Rosselli, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, así como otros funcionarios, visitantes, escoltas y vigilantes a los que la guerrilla del M-19, el Ejército Nacional y en general el mismo Estado sacrificaron de forma violenta.
Las tres décadas que han transcurrido sin respuestas,
sin castigos reales,
son una absoluta vergüenza
Las familias de los colombianos que en esos días de noviembre se acuerdan de los hechos del Palacio de Justicia recuerda a un Gobierno que optó por orientar un operativo que condujo a una masacre y no a la negociación entre dos partes que le hubiera salvado la vida a las víctimas.
Las tres décadas que han transcurrido sin respuestas, sin castigos reales, son una absoluta vergüenza. De nada han valido las pruebas, los testimonios, los videos, los audios, los peritajes, el coraje inamovible con el que los familiares de las víctimas han afrontado los artilugios legales, los obstáculos, las amenazas, las injurias y calumnias de los victimarios y sus seguidores, así como el valor de los abogados, fiscales, jueces que han emprendido la casi imposible labor de llevar a la justicia a los culpables.
