La "ley de financiamiento" es una reforma tributaria. Contiene la particular propuesta de extender el IVA a todos los productos de la canasta básica familiar al 18 %. Nadie antes se había atrevido a tanto tan regresivo.
Por concepto del IVA recaudarían en 2019 $11,35 billones más. Y por gravar las rentas de trabajo de profesionales, trabajadores, pensionados y clase media ingresarían $1,77 billones más a lo del 2018. Es decir, expropiarían en $13,12 billones a las capas medias y a los ciudadanos de a pie.
Contrastando la precariedad que para el bolsillo de la mayoría de la población esto traería, la ley de financiamiento le reduce significativamente los impuestos a los grandes corporaciones nacionales y extranjeras, al disminuir su gravamen en los próximos 4 años del 34 % al 30 %, lo que representa que en el 2020 dejen de pagar $11,88 billones.
La reforma trae además, un ahorro y reducción del tamaño del Estado por $1,2 billones que conlleva al despido masivo de trabajadores. Y por si fuera poco, Iván Duque vendería patrimonio de los colombianos por $2,39 billones.
Las sumas y restas que trae el gobierno le dan que recogerían $19,5 billones en el año 2019, precisando que se requieren $14 billones para atender la desfinanciación presupuestal y atender la regla fiscal de los organismos de crédito internacional, lo cual encuadra en las previsiones de negociaciones que desarrollará en el Congreso.
Muchos sectores se han declarado en contra de la extensión del IVA, incluso el partido del presidente, el Centro Democrático, quien en cabeza del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, se declara en contra del IVA y a favor del gobierno, en unas formas sinuosas entre desconcertantes, cínicas (Uribe subió el IVA y lo estableció para la canasta básica familiar que declaró inconstitucional la Corte) y demagógicas. Asimismo, lo ha declarado el jefe de Cambio Radical Germán Vargas Lleras, también el Partido Liberal y varios congresistas de los otros partidos de gobierno. Sin embargo, todos ellos respaldan la reducción de impuestos a los grandes empresarios, que es parte sustancial de la propuesta del gobierno, con lo cual, las afirmaciones entran en el campo de la ya caracterizada demagogia política.
Varios sectores empresariales, tales como la SAC, Comfenalco, Fenavi, Fedearroz, entre otros, se han mostrado contrarios también a la extensión del IVA, pero al igual que los congresistas del gobierno, respaldan plenamente la reducción del impuesto a sus grandes empresas.
Podríamos decir que todo es un sainete bien montado para garantizar la reducción de impuestos a las empresas, "negociando" unos pocos puntos en el IVA, pero manteniendo la esencia de la reforma y el ingreso de nuevos recursos por lo menos de $14 billones.
Aunque habrá negociaciones, el gobierno insistirá gravar con IVA la canasta básica aumentar los impuestos a las rentas de trabajo y pensiones,
manteniendo a toda costa la reducción de los impuestos al gran capital
Es cierto que la propuesta que entra al Congreso sufrirá modificaciones mediante la ya prevista negociación con los congresistas y varios gremios, pero el gobierno insistirá en la esencia de ella, que es gravar con IVA la canasta básica familiar y aumentar los impuestos a las rentas de trabajo y pensiones, manteniendo a toda costa la reducción de los impuestos al gran capital.
El gobierno ha dicho que con la reforma se generará reactivación y empleo, cantaleta esgrimida en las anteriores 14 reformas tributarias. Nadie entiende, como contrayendo los ingresos de los trabajadores, profesionales, pensionados, capas medias y ciudadanos de a pie, se puedan cumplir esos objetivos cuando ya se sabe qué pasó con la última reforma que subió el IVA de 16% al 19%, disminuyendo la demanda de bienes y servicios y caída de la producción industrial y agropecuaria.
Se pretende entonces apagar el incendio con más gasolina, lo que determinará que la reforma de Carrasquilla seguirá el mismo jueguito ya fracasado: ni reactivación, ni empleo y los que más tienen cada vez pagan menos y los que menos tienen cada vez pagan (pagamos) más.
Por ello ya se vienen gestionando movilización social y convergencia política con la bancada alternativa de oposición y de muchos congresistas con sensibilidad social para hacer inviable esta regresiva reforma.
Posdata: Contra la expropiación al pueblo para subsidiar a los ricos, todos a la calle este 8 de noviembre en la movilización social a la que nos invitan las centrales obreras. En Bogotá a las 4 p. m. en El Planetario hasta la Plaza de Bolívar.
