El pasado 26 de marzo, durante una inspección de cerca de ocho horas, el Ministerio del Trabajo, liderado por la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, puso bajo la lupa los protocolos internos de Caracol Televisión frente a denuncias de acoso sexual laboral.
Lo que comenzó como una verificación administrativa terminó revelando un patrón de fallas estructurales en la gestión de estos casos, según quedó consignado en el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026.
La visita se produjo días después de que, el 13 de marzo, tres periodistas y una practicante denunciaran ante Gestión Humana presuntos hechos de acoso por parte de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. Once días después, el 24 de marzo, el canal anunció la desvinculación de ambos presentadores y un "mea culpa" por parte de su presidente, Gónzalo Córdoba Mallarino. Sin embargo, una investigación de la revista Raya evidenció que la decisión no fue espontánea, sino precedida por presiones internas y advertencias de las víctimas.
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Las denuncias internas que antecedieron el escándalo
Uno de los casos que detonó la crisis fue el de una practicante que ingresó en diciembre de 2025. Según testimonios recogidos por Raya, la joven habría recibido mensajes constantes fuera de horario laboral e incluso llamadas a las 2:00 a.m. por parte de Vargas. El acoso trascendía el entorno laboral y derivó en un cuadro severo de ansiedad, lo que llevó a la denuncia formal y a su posterior traslado a la Fiscalía.
De acuerdo con el Auto del Ministerio, la empresa contaba con canales formales de denuncia y un Comité de Convivencia. No obstante, el documento señala que “los mecanismos existentes son formales, pero su eficacia real debe ser evaluada”. La inspección identificó un subregistro de casos, así como obstáculos para denunciar, y registró que las víctimas expresaron temor a posibles represalias si denunciaban.
“En particular, el testimonio rendido por una de las presuntas víctimas da cuenta de la existencia de patrones repetitivos de conducta, consistentes en acercamientos no consentidos, ciberacoso y comportamientos invasivos en contextos de aislamiento laboral, así como la identificación de múltiples víctimas que habrían experimentado situaciones similares, algunas de las cuales optaron por no formalizar denuncias debido al presunto temor y a la percepción de ineficacia de las rutas internas”, detalla el informe del MinTrabajo.
Captura de pantalla del Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026 del Ministerio de Trabajo
Las barreras para denunciar dentro de la redacción
Uno de los hallazgos más relevantes fue la existencia de antecedentes contra Ricardo Orrego. El 18 de agosto de 2023 recibió un llamado de atención por “abrazos forzados, besos obligados y tocamientos no consentidos”. Posteriormente, el 28 de abril de 2025, se registró un segundo llamado por comportamientos “absolutamente inaceptables hacia mujeres del noticiero”. En ambos casos no se inició un proceso disciplinario formal, según quedó consignado en el acta de inspección.
La investigación de Raya también documentó lo que describen como un manejo interno para evitar la exposición pública de los casos. Las directivas habrían dado instrucciones informales a las víctimas sobre cómo evitar el contacto con los señalados, incluyendo recomendaciones como no saludarlos, evitar compartir espacios o no subir a un ascensor si coincidían con ellos.
“Teníamos prohibido saludarlo. Si nos lo encontrábamos en el ascensor, la orden no formal era que debíamos bajarnos de manera inmediata; bajo ninguna circunstancia se sostenían reuniones privadas con él”, reveló una de las fuentes al medio citado.
Durante la inspección, el Ministerio recopiló al menos 15 nuevas quejas que no habían sido tramitadas previamente. Además, se evidenció un historial de denuncias desde 2021, incluyendo expedientes laborales de excolaboradoras y figuras públicas como Lina Tobón, Mabel Cartagena y el comediante Juan Ricardo Lozano Alerta. Estos registros apuntan a la existencia de patrones reiterados y a un entorno laboral con riesgos persistentes, según el documento oficial.
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Otro elemento señalado fue la forma en que se cerraron los casos. Mientras Orrego fue despedido de manera unilateral, con Vargas se firmó un acuerdo de mutuo consentimiento que incluía una cláusula de “confidencialidad recíproca”. Este tipo de acuerdos, según el Ministerio, impidieron adelantar investigaciones internas completas y esclarecer los hechos denunciados.
Las medidas del Ministerio tras las fallas para prevenir el acoso laboral en Caracol
El Auto No. 0010 concluyó que existen indicios de fallas en la prevención, atención e investigación del acoso laboral. Entre las medidas ordenadas se incluyó la implementación de protección inmediata a víctimas en un plazo de 48 horas, la reconstrucción de la trazabilidad de denuncias, la apertura de investigaciones con enfoque de género y el diseño de acciones de reparación integral en un máximo de cinco días hábiles.
También se ordenó investigar posibles filtraciones de información, fortalecer los canales de denuncia y adoptar políticas específicas sobre género y diversidad. El documento advierte que la aplicación aislada de medidas como la suspensión laboral no sustituye los procedimientos disciplinarios, ni garantiza la protección de los derechos fundamentales.
Tras la imposición de estas medidas, el 9 de abril de 2026 Caracol presentó un recurso de reposición para intentar revocarlas. Hasta el momento, no se conocen públicamente los argumentos de la empresa. El Ministerio, por su parte, dejó claro que las órdenes tienen carácter preventivo, inmediato y transitorio, y que su incumplimiento podría agravar responsabilidades administrativas.
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