En la reunión con el Consorcio de la firma China CRRR Hong Kong Co., el presidente Petro presentó su propuesta de hacer un tramo subterráneo que vaya entre la Primero de Mayo con Carrera 50 y la Calle 72 con Caracas, en el que ha insistido y que no coincide con la alcaldesa Claudia López. Sin embargo, el consorcio chino no respaldó la propuesta y recomendó un tramo subterráneo desde la Calle 72 a la Calle 100.
Ante la negativa del consorcio chino y la insistencia de Petro, el gobierno se planteó la necesidad de hacer una consultoría jurídica que costó $119 millones, para evaluar el metro subterráneo en los tramos propuestos por el mandatario.
Para consultar si era posible modificar el contrato del Metro, el director del Dapre, Mauricio Lizcano escogió al conservador Enrique Gil Botero, que además de haber sido magistrado fue consejero de Estado y el séptimo ministro de Justicia del expresidente Juan Manuel Santos en reemplazo a Jorge Londoño.
En su dictamen final Enrique Gil Botero dio un concepto jurídico positivo para modificar el contrato del metro elevado firmado con la empresa China por el entonces alcalde Enrique Peñalosa. Esto le dio vía libre al presidente Petro quien empaca maletas rumbo a China para reunirse con Lou Qiliang, el presidente del consorcio chino CRRC que tiene su oficina central en Beijing donde el presidente negociaría su propuesta desde un alto nivel.
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