Cansados de que no los tuvieran en cuenta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en cabeza de Cristina Plaza, en octubre de 2016 los Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base Afro de San Onofre, Tolú, Tolú Viejo, San Benito Abad y San Marcos decidieron instaurar una tutela contra el ICBF seccional Sucre. Buscaban participar y estar al corriente de la nueva contratación del operador que se encargaría de adelantar el programa de primera infancia, modalidad desarrollo infantil en medio familiar para la comunidad Afro.
Para ello pidieron adelantar una consulta previa, pues en esos municipios, y particularmente en San Onofre, la comunidad afro es del 96,8% del total de la población, para escoger a un operador que sí los representara. Por eso en ese municipio pusieron sobre la mesa el nombre de la Fundación FUNDESOCIAL y Flamingos con el fin de que la contratación no se fragmentara, sino que quedara concentrada en esta institución por un periodo de 18 meses.
Sin embargo, el entonces director del ICBF en Sucre, Leonardo Pérez Medina, quien estuvo en el cargo hasta agosto de 2017, y la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, aseguraron que no tenía cabida la pretensión de la comunidad, pues no se podía adelantar una consulta previa para un proceso que era de suma importancia para la entidad y el departamento, y el operador que desde finales de 2016, la Fundación Hijos de la Sierra Flor, cumplía con los requisitos necesarios para administrar los millonarios recursos que les serían entregados.
Al final el magistrado Rufo Carvajal, del Tribunal Administrativo de Sucre, le dio la razón a las comunidades y le ordenó al ICBF y al Ministerio del Interior adelantar la consulta previa para que se escogiera el operador que se encargaría de ejecutar el programa de primera infancia.
Entre enero y febrero de 2017 se adelantó la consulta previa en la que la comunidad afro de San Onofre escogió, como había estado insistiendo desde un principio, a la Fundación FUNDESOCIAL para que fuera la operadora de por lo menos 600 cupos del programa “primera infancia, modalidad desarrollo infantil en medio familiar”. Durante dos años no hubo mayores inconvenientes con la fundación, legitimada por la gente. De hecho, Fundesocial, encabezada entonces por Yesenia Isabel González, entró al Banco de Oferentes con muy buenas calificaciones, lo que le abría las puertas para para seguir contratando con el ICBF sin mayores inconvenientes. De hecho, en 2018 se realizó un trabajo articulado entre el ICBF de Sucre y Fundesocial para ampliar la asignación de cupos a otros 300, más los 600 que ya venía administrando.
Sin embargo, todo comenzó a desmoronarse en enero de 2019, cuando el entonces director encargado del ICBF de Sucre, Félix Domínguez Urueta, volvió a quitarle 300 de los cupos que administraba Fundesocial para entregárselos a un nuevo operador, que apenas habría cumplido con el 60% de las exigencias del programa y tenía encima algunas investigaciones.
Juan Francisco Ortega se posesionó en abril de 2019 después de ser escogido de una terna por el entonces gobernador Martínez, pero no alcanzó a completar un año en el cargo.
Solo hasta abril de 2019 el ICBF regional volvió a tener un director en propiedad. El escogido, con la bendición del gobernador Édgar Martínez, de Cambio Radical, fue Juan Francisco Ortega. Su hoja de vida cumplía con todos los requisitos y contaba adicionalmente con experiencia en la gestión pública, además de ser especialista en Gerencia de la Salud Pública y Gerencia de la Salud Ocupacional de la Universidad del Rosario, y también tiene una especialización en Gerencia de Ingeniería Hospitalaria de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI). Ortega se ganó el concurso de méritos y después de hacer casi toda su carrera en Bogotá, se fue a dirigir el ICBF en Sucre.
Sin embargo, diálogo entre la comunidad y el ICBF seguía roto y solo fue hasta la primera semana de febrero de 2020, cuando se estaba ad portas de renovar la operación del programa, se adelantó una reunión entre el director Ortega y una comisión de líderes y lideresas de los consejos comunitarios y organizaciones afro, que pedían volver a realizar una consulta previa o renovarle el contrato a Fundesocial para que siguiera administrando los 600 cupos.
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En la reunión Ortega se comprometió a respetar la consulta previa con las comunidades que se amparaban en la tutela que habían ganado en 2016, pero al mismo tiempo realizó la invitación pública para entregar la operación y fue grande la sorpresa cuando las comunidades vieron que Fundesocial, a pesar de cumplir con los requisitos y estar bien calificada en la base de oferentes, no había sido llamada.
Pero Ortega engañó a todos en la región y nacionalmente.
Utilizó su poder para entregar autónomamente gran parte de la contratación del ICBF del departamento, que ronda un presupuesto de $ 53.000 millones, y pasó de tener 53 contratistas habilitados en el departamento a solo tres consorcios: Unidos 2020, que entró a administrar $ 23.000 millones y 7000 cupos en todo el departamento; Consorcio Presente y Futuro de Colombia, que recibió cerca de $ 8.000 millones y la Unión Temporal Unidos por Sucre, que entró a ejecutar $ 5.000 millones.
El pasado 21 de febrero el senador del Polo, Alexánder López Maya denunció al director regional Juan Francisco Ortega, quien aparecía en un video en medio de una parranda y revisando documentos del ICBF. Según las denuncias, la fiesta se habría llevado a cabo el pasado 20 de diciembre y en ella habría concertado la contratación en el departamento para el 2020 concretando las alianzas para crear las uniones temporales y consorcios.
Ante las denuncias, la dirección del ICBF a nivel nacional en cabeza de Juliana Pungiluppi ordenó abrirle un proceso a Ortega para investigar posibles irregularidades en su comportamiento de cara a la contratación en el departamento.
Pero el problema se creció y trascendió el control interno dentro de la entidad. El pasado 2 de marzo Ortega fue capturado oficiales de marina en un retén en el municipio de Sampués con un arma de fuego sin su reglamentación y una bolsa de dinero con más de $ 60 millones. Ante el hecho, la directora de la entidad, lo declaró insubsistente y lo apartó de inmediato del cargo. Ahora por fuera de la entidad, Ortega deberá defenderse de otra investigación que le abrió la Procuraduría Regional, mientras se destapa la olla de contratos que firmó comprometiendo los recursos destinados a atender la primera infancia y que claramente tendrán consecuencias penales.
