El criminal robo de los dineros de la paz en Nariño

Han ordenado una especial vigilancia sobre 117 proyectos del Ocad Paz. Solo en este departamento, los últimos 5 años se han despilfarrado mas de 700 mil millones

Por: Horacio Duque
diciembre 06, 2022
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El criminal robo de los dineros de la paz en Nariño

Aunque en fecha reciente un grupo de legisladores del Pacto Histórico y de otros movimientos políticos hicieron importantes denuncias sobre la corrupción en el Ocad Paz, creado en el año 2017 (Ver https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/SGR/pages_ocadpaz ) a raíz de las informaciones dadas a conocer por distintos medios de comunicación de un saqueo con los dineros de la paz superior al medio billón de pesos (100 millones de dólares), todavía está pendiente una información mas amplia y detallada sobre esta grave situación que implico la parálisis y bloqueo de la implementación de los acuerdos de paz con las Farc firmados en el año 2016 por el señor Santos con Timochenko (Ver https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-escandalo-de-ocad-paz-en-que-consiste-que-evidencia-hay-y-que-huecos-tiene/).  Nariño es uno de los tantos departamentos afectados.

El debate de los legisladores de izquierda reafirmó los descubrimientos de la prensa sobre la perversa acción ejecutada por el anterior director del Departamento de Planeación Nacional, señor Luis Alberto Rodríguez (Ver https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/13/polemica-por-millonaria-mansion-que-estaria-construyendo-uno-de-los-involucrados-en-el-escandalo-por-ocrrupcion-en-los-recursos-para-la-paz/https://www.infobae.com/america/colombia/2022/07/13/polemica-por-millonaria-mansion-que-estaria-construyendo-uno-de-los-involucrados-en-el-escandalo-por-ocrrupcion-en-los-recursos-para-la-paz/ ). Varios funcionarios están en la palestra, entre ellos, Emilio Archila, consejero para la Estabilización de Iván Duque, Álvaro Ávila, el director del Sistema General de Regalías y secretario técnico del Ocad Paz, Aníbal Quiroz, el contralor delegado para el Ocad Paz y Juan Carlos Gualdrón, procurador delegado para el posconflicto. De esta delincuencial red participaron alcaldes, gobernadores y parlamentarios de la cuerda del gobierno uribista.

El tema aún no se cierra y está pendiente la acción judicial que no aparece por ningún lado, pues el actual fiscal Barbosa es parte de esa telaraña sobre el dineros de la paz, por lo cual no es difícil inferir una muy probable impunidad, como en muchos otros casos, de grandes tramas de corrupción que no han recibido la correspondiente sanción penal y han provocado la indignación ciudadana hasta el punto de respaldar con grandes movilizaciones un referendo contra la corrupción en 2018, al que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, su promotora, dio la espalda para ingresar a esa mafia de ladrones de “cuello blanco”, mediante el fraude contractual que hace hoy su agosto en la administración de la capital de la república y sus 21 alcaldías locales mediante el sistema de transferir multimillonarios recursos a entes internacionales (PNUD) que los ejecutan a dedo y omitiendo las normas que regulan la contratación pública colombiana.

Ayer, 5 de diciembre, el nuevo contralor general de la república ha ordenado una especial vigilancia sobre 117 proyectos del Ocad Paz en los departamentos de Antioquia, Caquetá y en la región caribe donde están en riesgo miles de millones de pesos para la paz, que muchos pretenden despojar con empresas de papel y con el apoyo de ciertas universidades (Ver https://www.contraloria.gov.co/es/w/por-riesgos-en-su-ejecuci%C3%B3n-la-contralor%C3%ADa-general-alerta-sobre-115-proyectos-financiados-con-recursos-ocad-paz-por-1-4-billones ).

Hay que apoyar y acompañar esta denuncia del contralor y exigir que se esclarezcan muchos casos mas como los del departamento de Nariño, región en la que en los últimos 5 años se han despilfarrado mas de 700 mil millones de pesos en proyectos que se convirtieron en verdaderos “elefantes blancos” y en un atraco que afecto a las comunidades mas pobres y marginadas del sur del país.

Nuestra propuesta consiste en sugerir la realización de Audiencias públicas por parte de la Contraloría en las capitales de los departamentos donde se están dando estas graves situaciones contra los dineros públicos apropiados para apoyar la convivencia y el bienestar de sectores afectados duramente por la pobreza y la miseria.

El departamento de Nariño pide a gritos esta Audiencia para examinar en detalle cerca de 52 proyectos aprobados en el Ocad paz desde el 2018 por un valor superior a los 700 mil millones con una ejecución muy dudosa porque sus resultados no se ven por ninguna parte, en cambio lo que las comunidades observan es el enriquecimiento de unas mafias departamentales y locales atrincheradas en municipios y en la gobernación que tienen secuestrada.

Entre los proyectos con mayor descalabro y objeto de despojo por sus ejecutores están:

La construcción de la interconexión eléctrica en el municipio del Charco, sobre la costa pacífica por un valor de 335 mil millones de pesos y supuestamente ejecutado por la Empresa Distribuidora de Energía de Nariño.

El desarrollo de la actividad productiva con gallinas en el municipio de Barbacoas por un valor de 17 mil millones de pesos, ejecutado por el Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca que es una cloaca manipulada por la exgobernadora Dilian Francisca Toro y la actual gobernadora del Valle Clara Luz Roldan, una campeona de la corrupción con los dineros del deporte, la salud y la seguridad ciudadana, socia de generales criminales de la Tercera Brigada y de las mafias policiales.

Proyecto ambiental de restauración de ecosistemas estratégicos en el municipio de Cumbitara ejecutado por la Corporación Ambiental por un valor 16 mil millones de pesos.

Proyecto para el incremento de la producción de aguacate Hass (gran depredador ambiental) en el municipio de Rosario por un valor de 15 mil millones de pesos.

Proyecto para el incremento de la producción de carne bovina, en el municipio de Rosario, ejecutado por el famoso Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca y por un valor de 14 mil millones de pesos.

Proyecto para el incremento de la producción de cacao en el municipio Francisco Pizarro, a cargo del Fondo Mixto, por un valor de 22 mil millones de pesos.

Proyecto para la optimización de las condiciones del desarrollo en el municipio de Leiva por un valor de 15 mil millones de pesos.

Proyecto para el mejoramiento de las vías terciarias, ejecutado por el Fondo Mixto del deporte, en el municipio de Leiva por un valor de 15 mil millones de pesos.

Proyecto para el mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Los Andes, en manos del Fondo Mixto del Valle del Cauca, por un valor de 20 mil millones de pesos.

Proyecto para el incremento de la producción de carne bovina en el municipio de los Andes por un valor de 10 mil millones de pesos y encargado al Fondo Mixto del Deporte.

Proyecto para la generación de alternativas productivas en el municipio de Policarpa por un valor de 15 mil millones de pesos.

Proyecto para el fortalecimiento de las condiciones de producción agrícola en el municipio de Policarpa por un valor de 15 mil millones de pesos.

Proyecto para el desarrollo de la actividad productiva con aves ponedoras en el municipio de Ricaurte por un valor de 14 mil millones de pesos a cargo del Fondo Mixto del Valle del Cauca.

Proyecto para el mejoramiento del tramo vial municipal en el municipio de Ricaurte por un valor de 10 mil millones de pesos.

Estos son los proyectos de mayor cuantía financiera, hay otros 38 de tamaño presupuestal mediano que exigen el control ciudadano y de los órganos fiscalizadores como la Contraloría General de la Republica.

En todo este siniestro robo al departamento de Nariño con fuerte daño a los sectores más pobres están involucrada la casta política regional que incluye altos funcionarios de la gobernación, de las alcaldías y de otros organismos o entidades encargadas de hacer las maniobras contractuales como el nombrado Fondo Mixto del deporte del Valle del Cauca que debe ser intervenido de manera prioritaria por la Contraloría, la Fiscalía, la procuraduría y las redes de Veeduría ciudadana.

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