El ciudadano español Manuel Pedro González Rubio pretendía enviar a Colombia, sin atender a procedimientos legales, 890.000 euros que en febrero de 2017 fueron interceptados por la policía de su país en desarrollo de una operación contra el blanqueo de activos.
González compareció ante las autoridades judiciales para enfrentarse a la hipótesis según la cual dinero (más de $4.000 millones de hoy) estaban destinados al mercado del narcotráfico y aseguró que los recursos estaban destinados a una pequeña inversión en compra y venta de facturas, comúnmente conocida como factoring.
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Ni la gendarmería ni la Fiscalía le creyeron porque tenían evidencia de que el dinero, -solo una muestra poco representativa de las actividades que estaban detrás- se relacionaba con una red de actividades de mayor calado criminal manejadas por el capo gallego Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco.
Ramón Prado le dio poder al abogado Gonzalo Boye Tuset, un litigante nacido en Viña del Mar, Chile, pero formado en las lides de los conflictos separatistas de Cataluña y de la guerra del estado español contra el grupo ETA, en cuyo activismo fue a dar a la cárcel desde donde estudió derecho.
Durante el juicio Boye sufrió un fuerte viraje de apoderado y sindicado porque la investigación descubrió que fue él, como hombre de confianza de Sito Miñanco, quien falsificó los contratos que le daban apariencia de legalidad a las supuestas operaciones de factoring y de libranzas con las que se pretendía cubrir el rastro de operaciones del narcotráfico.
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No sería la primera vez que Boye, conocido aquí por ser el abogado de confianza del zar del contrabando Diego Marín Buitrago o ‘papá Pitufo’, veía su nombre asociado al bajo mundo. Las autoridades españolas encontraron en su ordenador personal documentos reservados sobre el asesinato del narcotraficante Santiago Quintero Marín, otro jefe de la mafia gallega, ocurrido en Pereira.
Periodistas del diario español El País le contaron a Las2Orillas que Boye estableció numerosos contactos con Colombia por intermedio de su amigo catalán Xavier Vendrell, con quien comulgó en la causa separatista y a quien apoyó en maniobras non santas como el desvío de recursos públicos para apoyar la causa del entonces presidente de la comunidad catalana Carles Puigdemont desde el grupo Terra Lliure.
Quizá por más que por simple coincidencia, información sobre el asesinato de Santiago Quintero aparece tanto en los sumarios de algunas de las investigaciones contra Vendrell en España como en el expediente de la Fiscalía colombiana contra el ‘papa Pitufo’.
Vendrell, como se sabe, se nacionalizó colombiano al comienzo del gobierno del presidente Gustavo Petro, gracias a su proximidad social con la primera dama Verónica Alcocer y a su condición de asesor del jefe del Estado. Incluso, como lo reveló durante el primer consejo de ministros televisado Augusto Rodríguez (mano derecha de Petro durante toda su carrera política) Vendrell fue quien buscó abrirle nuevos contactos al ‘Papa Pitufo’ con el gobierno y le recibió una donación de $500 millones para la campaña presidencial, que luego habrían sido rechazados y devueltos.
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No es difícil entonces comprobar que por Vendrell ‘papa Pitufo’ se hizo a los servicios de Gonzalo Boye como abogado y que, gracias a ambos, el zar del contrabando logró la libertad cuando ya estaba capturado en España con fines de extradición y pudo irse a buscar refugio a Portugal.
De Pegasus a una prohibición de Migración Colombia
Hábil socialmente y sin mayores escrúpulos como abogado, Boye siempre le ha apuntado a hacerse protagonista en procesos complejos, como la defensa de Sito Miñanco, la del propio Puigdemont cuando su referendo separatista fue declarado ilegal y todo que huir hacia otros países de la Unión Europea y la de Marín Buitrago, el cliente que mejor le paga.
Buenos padrinos y enlaces no le han faltado. Al capo gallego llegó a través de la hija de este, que fue alumna suya en una facultad de derecho y a Colombia y Marín a través de su amigo Xavier Vendrell.
Una parte inédita de las relaciones de ambos con el gobierno Petro es que ambos, a partir de una experiencia propia, ayudaron a alimentar en Petro la percepción de que su gobierno estaba siendo espiado por el dispositivo software Pegasus, preparado por Israel.
Según lo reveló en su momento el diario español El País, cuando Boye apoderaba a Carles Puigdemont y a otros dirigentes independentista, sufrió 18 intentos de infección con el dispositivo entre enero y mayo de 2020, y uno más con éxito el 30 de octubre del mismo año. En esos meses, Boye era también asesor jurídico del exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea o Josu Ternera.
Por Pegasus algunas autoridades españolas capturaron información sobre encuentros presenciales y por videoconferencia con líderes independentistas catalanes, Puigdemont. Con esa información, Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán, fue arrestado en la Operación Volhov, que investigativa el desvío de fondos públicos para los gastos de Puigdemont en Bélgica. El mismo mecanismo habría sido durante una investigación contra Vendrell por meter mano en el Erario.
Ambos serían también coautores de una historia a la que acude con frecuencia Petro sobre la existencia de la Oficina de Dubái, donde convergen mafias colombianas, albanesas y reductos de la mafia siciliana. Allí encontró albergue otro de los clientes de Boye: el empresario albanés Amant Josifi. La justicia española lo encauzó después de descubrir, con el apoyo de varias agencias europeas, una cadena de call centers desde supuestos corredores de bolsa montaban estafas multimillonarias en todo el mundo.
Pures bien, con esa red de contactos e influencias, en la rutina del abogado español de origen chileno fue fácil tender puentes para contactos entre el gobierno colombiano y el ‘papá Pitufo’, en busca de información.
Todo parece indicar que fue él quien facilitó la gestión de Isaac Beltrán, un exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero con (UIAF), quien viajó a a España en abril de 2024 para reunirse con Diego Marín Buitrago, a quien a nombre del gobierno Petro le habría ofrecido una “amnistía financiera” a cambio de información.
Si así fue, entonces por qué en junio de 2025 Migración Colombia impidió el ingreso al país de Boye. Las2Orillas preguntó por las razones exactas y esa agencia del gobierno se limitó a responder formalmente que lo hizo del Decreto 1067 y la Ley 2236 de 2021relativas al impedimento de transito por el país de personas que ofrezcan riesgo para el orden jurídico y la seguridad.
¿Por qué ahora el hombre que, junto con Vendrell, tendió puentes con ‘papá Pitufo’, es un indeseable para el gobierno?
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