La libertad provisional de la que goza en Lisboa Diego Marín Buitrago, alias Papa Pitufo, tiene nombre propio en su arquitectura jurídica: el abogado colombiano John Villamil. Fue él, junto con un equipo internacional de defensores, quien impulsó una estrategia legal que permitió al presunto contrabandista —reclamado por el Gobierno colombiano para ser juzgado por delitos graves— evitar la prisión preventiva en Portugal.
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La pieza clave fue la presentación de un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Portugal, acción constitucional liderada en ese país por el abogado Vítor Parente Ribeiro. El máximo tribunal portugués le concedió a Marín Buitrago el beneficio de continuar su proceso desde su apartamento en Lisboa. Mientras tanto, en España, el abogado Gonzalo Boye lleva su representación legal.
Marín Buitrago no solo enfrenta cargos por contrabando; su nombre también ha sido mencionado por el presidente Gustavo Petro en el marco de supuestas infiltraciones políticas ligadas a redes de corrupción. Pese a ello, por ahora, su defensa ha logrado mantenerlo fuera de una celda.
El abogado Villamil ha actuado durante su carrera en la rama penal con discreción, lejos de los reflectores mediáticos. Se formó en derecho con especialización en derecho contractual en la Universidad del Rosario y trabajó en instituciones clave como la Rama Judicial, la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas. Allí adquirió una experiencia que ha dado resultados en distintos frentes.
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Años después, decidió dar el salto al litigio privado, especializándose en defensa penal. En su hoja de vida se destacan casos de alto perfil, en los que ha representado a políticos, empresarios y líderes sociales. Ha sido parte de la Dirección Jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, participando activamente en causas complejas relacionadas con víctimas del conflicto armado y procesos de restitución de tierras en Colombia.
En el caso de Marín Buitrago, su rol fue determinante. Mientras los focos se centraban en las acusaciones y en la figura mediática de “Papá Pitufo”, Villamil tejía, paso a paso, una estrategia de defensa que incluía la apelación en Colombia contra la medida de aseguramiento y una ofensiva legal en Europa para frenar la extradición. Trabajó de la mano con otros abogados internacionales como Ludgero Pereira y Sandra Pinto.
El trabajo de los abogados supo plantear un argumento de fondo: el Estado colombiano había excedido los tiempos legales de detención preventiva sin decisión firme de extradición, lo que violaba los principios fundamentales del debido proceso. Por lo tanto, cabía interponer el recurso de Habeas Corpus.
La justicia portuguesa le dio la razón
Hoy, el nombre del abogado Villamil circula entre los juristas como ejemplo de defensa sólida y estratégica. A pesar de la notoriedad del caso, ha sido cauteloso con los medios. Prefiere hablar en audiencias que frente a las cámaras. Su lenguaje es técnico, directo, a pesar de tratarse de un caso que está rodeado de presión política, mediática y diplomática.
Mientras en Colombia el caso de Marín sigue generando titulares, Villamil continúa su labor: apelaciones, recursos, estrategias paralelas. Sabe que esto no ha terminado. Pero también sabe que su cliente hoy está en libertad, y que su defensa ha dado resultados concretos.
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Otro abogado de primera línea que trabaja en la defensa de Papá Pitufo es Mario Iguarán, quien fue Fiscal General de la Nación entre 2005 y 2009. Es reconocido por su amplia experiencia en derecho penal y por haber liderado investigaciones de alto perfil, como el proceso por la "parapolítica" que involucró a numerosos congresistas, la apertura de investigaciones contra miembros del DAS por las interceptaciones ilegales conocidas como las "chuzadas", y la acusación formal contra altos mandos militares por ejecuciones extrajudiciales en el escándalo de los “falsos positivos”.
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