Más allá de la ideología que defienda cada latinoamericano sobre el modelo de gobierno en Venezuela, el neocolonialismo que está desarrollando la administración del presidente Donald Trump en ese país no deja de generar un debate de largo aliento en la región.
Con la reforma petrolera que acaba de aprobar la Asamblea Nacional venezolana en los términos que le impuso la administración de Donald Trump, se privatiza la industria petrolera venezolana y de un plumazo se acaba con 54 años de nacionalización de la industria petrolera. En los términos que el gobierno de Trump impuso aquella reforma al gobierno interino venezolano, prácticamente se despoja al pueblo venezolano del control de sus riquezas petroleras, la principal fuente de divisas del país.
La operación de la administración de Trump para capturar y encarcelar al presidente Nicolás Maduro no fue para restaurar la democracia en Venezuela; fue para controlar una de las principales riquezas energéticas del mundo, clave y preponderante en el nuevo reparto de las esferas de influencia de las potencias. Fue una jugada política para implantar desde Caracas una recomposición del dominio geopolítico y geoestratégico del imperio en América Latina frente a los avances de China y Rusia en la región.
Aquella movida constituye un nuevo despojo sustentado en la doctrina Monroe-Trump, del Ártico a la Antártida, una reedición de métodos colonialistas utilizados en el pasado en América Latina para controlar, saquear y expoliar recursos naturales estratégicos. Este nuevo tipo de saqueo se reconfigura mediante amenazas del uso del poderío militar y con mecanismos políticos, jurídicos y comerciales de dominación, incluso más severos que los empleados por Estados Unidos en el siglo XX.
El secretario de Estado Marco Rubio, en su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, confirmó el nuevo tipo de neocolonialismo que la administración de Trump desarrollará en Venezuela. El secretario de Estado, y a la vez asesor de Seguridad Nacional, funge —según esta lectura— como un procónsul del nuevo protectorado estadounidense en Venezuela, mientras la presidenta interina Deicy Rodríguez actúa como su subalterna.
Rubio expuso los alcances del plan de la administración de Trump para controlar el gasto público venezolano y el manejo de los negocios petroleros. Lo más sorprendente de sus declaraciones no fueron las dimensiones del plan, sino la revelación de que se habría acordado con el gobierno venezolano la presentación de un presupuesto mensual de los ingresos petroleros al gobierno estadounidense, el cual debe contar con la aprobación del Departamento del Tesoro.
Rubio reveló que la administración de Trump permitirá a Venezuela vender petróleo, pero que los ingresos no irán directamente al fisco venezolano, sino que serán depositados en cuentas bajo supervisión directa de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro.
El secretario explicó que el plan del gobierno de Trump es controlar cómo los funcionarios venezolanos invertirán los ingresos petroleros y, además, reveló que se adoptarán mecanismos de auditoría y supervisión controlados por estadounidenses.
Frente a las críticas de la bancada de congresistas demócratas, que cuestionaron la legalidad, viabilidad y transparencia del plan, Rubio admitió que se trata de una estrategia diseñada apresuradamente, aunque aseguró: “Es lo mejor que pudimos encontrar en el corto plazo”.
Una de las críticas más fuertes fue la del senador demócrata de Hawái, Brian Schatz, quien cuestionó e insistió en preguntar si la administración de Trump tiene la autoridad legal para crear y administrar cuentas petroleras venezolanas.
A ello se sumó el senador de Connecticut, Christopher S. Murphy, quien expresó que la administración de Trump “le está quitando el petróleo a Venezuela a punta de pistola y muchos creemos que un plan de esta clase en un país de 30 millones de personas está destinado a fracasar”.
En conclusión, se inicia en firme un nuevo protectorado venezolano de Estados Unidos en América Latina.
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