Cuando Uribe atacó la memoria de Gaitán…

Bajo la premisa de que su legado ideológico debía ser sepultado, al gaitanismo lo han venido persiguiendo abiertamente desde hace rato. ¿Hasta cuándo?

Por: GLORIA GAITÁN JARAMILLO
Marzo 15, 2019
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Cuando Uribe atacó la memoria de Gaitán…

Es ampliamente conocido el poema de Bertolt Brecht, igualmente atribuido a Martin Niemöller, que dice “cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista (…) Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío” y concluye con esto: “cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar”.

Ahora bien, podemos, parafrasear este poema y decir: “cuando los uribistas decidieron sepultar la memoria de Gaitán, guardé silencio porque yo no era gaitanista”. Así sucedió cuando en 2005, contraviniendo abiertamente normas legales que rigen la administración pública, Álvaro Uribe Vélez liquidó el Centro Jorge Eliécer Gaitán (Colparticipar), sacándome previamente de la dirección del instituto, interponiéndome, como argucia justificativa, 44 demandas penales y administrativas, de las cuales salí totalmente exonerada y con grandes elogios de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Cundinamarca. Pero, a pesar de un final que se puede llamar “feliz”, el proceso devoró 10 años de mi vida.

En aquel momento, prácticamente nadie se quiso dar por enterado y los adalides de las denuncias contra Álvaro Uribe se negaron a incluir esta maquinación, en su carácter de memoricidio, en los prontuarios que elaboraron, aduciendo que ya la lista era “demasiado larga”.

Son muchos los que hoy se quejan y reclaman por el nombramiento de un nuevo director en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Afortunadamente, ahora se protesta en los diarios nacionales, por las redes sociales, en los foros de defensores de derechos humanos y en las charlas de café, por la abierta política de memoricidio que, como herramienta característica del fascismo, ha decidido aplicar Iván Duque.

Esperamos que tomen en cuenta que al gaitanismo lo vienen persiguiendo abiertamente, afirmando, como lo hizo Luis Carlos Restrepo en su ensayo titulado La sangre de Gaitán, que la memoria de Gaitán hay que enterrarla e invitando a todos los colombianos a ser sepultureros de su legado ideológico, porque el gaitanismo ha recorrido un calvario con varias etapas: genocidio – magnicidio – impunidad – memoricidio y la gente sigue preguntándose quién mató a Gaitán, cuando hay pruebas suficientes y públicamente conocidas, que demuestran que el complot fue preparado por la CIA en combinación con el gobierno llamado de Unidad Nacional, presidido por el entonces presidente Mariano Ospina, conformado por la alianza de liberales y conservadores, por lo que los autores intelectuales son figuras destacadas de ambos partidos. No fueron solo los conservadores, como la tradición oral lo ha querido acuñar. Basta conocer el artículo de Felipe Lleras Camargo, hermano de Alberto Lleras Camargo, para constatar que Gaitán es otra de las víctimas del imperialismo norteamericano.

Sabemos que las más visibles organizaciones de víctimas no son gaitanistas, pero sí sabemos que ellos y nosotros somos colombianos y que nosotros estamos en capacidad de demostrar, no solo con estadísticas de muertos (los nuestros son 500.000), de desplazamientos, de torturas, de calumnias y persecución sin fin, que hemos sido víctimas de un genocidio sistemático, premeditado y generalizado. Sin embargo, no nos limitamos a los inventarios y listados de víctimas y de atrocidades contra los gaitanistas, sino que somos gestores de una teoría sistémica sobre el memoricidio, delito que catalogamos como de lesa humanidad y que queremos que Naciones Unidas acepte como tal, al igual que el genocidio.

Solo cuando el memoricidio sea incluido como delito en la jurisprudencia internacional podrán ser castigados quienes lo ejerzan y apliquen. No basta quejarse por el retiro de uno o varios profesionales eficientes en el área de la memoria histórica. Es necesario contar con herramientas legales que impidan, jurídicamente, que se modele el pasado en beneficio de intereses e ideologías sectarias y claramente delincuenciales.

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