La línea de alfiles de la Operación Jaque la conformaban, en julio de 2008, cuatro coroneles considerados en las Fuerzas Militares como sus mejores operadores de inteligencia. Entre ellos estaba Jorge Andrés Zuluaga López, formado precisamente en esa arma, y experto en descifrar mensajes crípticos a través de las frecuencias de radio del enemigo.
Esa habilidad la combinada con otra destreza que parecería histriónica, de no ser porque la ponía al servicio de sus misiones: era capaz de imitar las voces de algunos de los jefes de las Farc de la época, porque analizaba bien sus timbres y tonos.
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Esas habilidades fueron sumadas a las de los también coroneles Juan Carlos Rico Arenas, Jorge Eduardo Mora López -actual ministro de Defensa- y Raúl Flórez Cuervo.
Ellos, con un grupo de oficiales y suboficiales, hombres y mujeres a su mando, montaron los pilotes de inteligencia que sostuvieron la arquitectura de una operación histórica que permitió rescatar de las manos de la guerrilla a quince personas secuestradas, entre ellas la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, los ciudadanos estadounidenses Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes, y 11 miembros de la Fuerza Pública.
A ellos se les ocurrió la manera en que sería emitida una falsa orden de jefes de las Farc para que los escuadrones responsables de la custodia de los rehenes los llevaran a un encuentro con una misión humanitaria de la Cruz Roja.
De su cosecha fue también la idea de habilitar un helicóptero con los emblemas y distintivos de ese organismo -a riesgo de incurrir en un delito que se llama perfidia- para darle apariencia de veracidad a una operación en la que, por encima de algunas normas, fueron puestas las vidas de seres humanos que parecían condenadas a morir en verdaderos campos de concentración alambrados y ordenados por el ‘Mono Jojoy’.
El papel cumplido por Zuluaga y los demás oficiales no fue conocido por decisión de ellos, sino por obra de una carta de reconocimiento que el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, dejó radicada ante la presidencia de la República durante el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez.
Hoy, dieciocho años después de aquella proeza, el ahora general (r.) Zuluaga regresa al centro de poder para asumir como nuevo director nacional de Inteligencia. Llega para cumplir, en primer término, una misión que le encomendó el propio presidente Abelardo De La Espriella: rescatar y reorganizar una agencia que durante los tres últimos años se convirtió en una suerte de policía política del gobierno anterior, manejada por antiguos activistas del M-19.
Vuelve a dedicarse al arma de su especialidad a sus 61 años, luego de haberle prestado 30 años de servicios hasta alcanzar, en 2012, el grado de brigadier general. La sucesión de cargos desempeñados habla de su experiencia: Fue segundo comandante de la Escuela de Inteligencia Charry Solano, comandante de la Regional de Inteligencia Militar No. 5 entre marzo de 2004 y junio de 2005; director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (CITEC) y asesor militar de Colombia ante la Organización de Estados Americanos en Washington, con formación especializada en Estados Unidos.
Expuesto durante tantos años a los riesgos propios de su especialidad, no estuvo libre de cuestionamientos.
Pero sobre esa misma trayectoria pesan dos sombras que lo acompañan desde hace una década. Basada en el testimonio de un sargento que trabajó bajo su mando, un sector de la prensa le atribuyó en 2014 el montaje y operación de una sala de interceptaciones en el barrio Galerías de Bogotá, que se ocultaba tras la fachada de un restaurante y de una empresa de informática.
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Zuluaga reconoció entonces la existencia de la sala tras negocios de fachada -algo usual en los servicios de Inteligencia-, pero aseguró que fue utilizada exclusivamente contra blancos enemigos de operaciones militares, es decir, básicamente contra las guerrillas. Algunas versiones periodísticas hablaron de que esa central era usada para hacer espionaje a periodísticas, líderes políticos y negociadores de paz de La Habana.
Esos procedimientos estaban relacionados con la Operación Andrómeda, ejecutada en 2014, cuando el general Zuluaga dirigía el CITEC. Las publicaciones ambientaron su llamamiento a calificar servicios, al lado del jefe de Inteligencia del Ejército Nacional, general Mauricio Zúñiga Campo.
Hace dos años, su nombre apareció al lado de otros antiguos oficiales contra quienes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) compulsó copias a la Fiscalía para que fueran investigados en un caso de la persecución y exterminio de la Unión Patriótica, cruento proceso con más de 5.000 víctimas.
La indagación en su contra estuvo relacionada con presuntas actuaciones suyas cuando comandaba la Regional de Inteligencia Militar Número 5 y se produjo el asesinato de José Rubiel Malambo, candidato de la UP al Concejo de Ortega (Tolima), en abril de 2004.
De acuerdo con los testimonios recaudados por la justicia, Malambo fue sacado de su casa, asesinado en un descampado y presentado luego como guerrillero abatido en combate por tropas del Batallón Caicedo. Previamente habría sido perfilado como jefe de milicias de las Farc.
Dos soldados que aceptaron responsabilidad señalaron directamente al entonces teniente coronel Zuluaga. Exintegrantes del Bloque Tolima de las autodefensas también declararon que recibían listados de “objetivos militares” de la RIME 5.
Sin embargo, actualmente la nueva cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia no tiene imputación ni condena alguna.
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