Los hermanos Solarte llegaron a Bogotá con las manos limpias y las cabezas llenas de cálculos. Carlos Alberto y Luis Héctor habían nacido en Nariño, hijos de agricultores y molineros de trigo. Ambos estudiaron ingeniería civil en la Universidad del Cauca antes de aprender el oficio real en Conciviles, una constructora de Cali. Cuando fundaron Construcciones CSS, en los años ochenta, nadie habría apostado que terminarían controlando el 12% por ciento de todas las licitaciones de obra pública del país.
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El primer contrato fue en 1986: diez kilómetros de carretera en Nariño, su propio departamento. CSS creció con una velocidad que pocos supieron explicar. Para 2018, los activos del grupo superaban los ocho billones de pesos. Las obras de los Solarte estaban en todas partes: vías, aeropuertos, proyectos de saneamiento. Colombia tiene pocos constructores con el músculo que exigen las grandes licitaciones y los Solarte eran de ese puñado escaso.
Luego vino el primer golpe. En 2009, Carlos Alberto y su hija Paola tomaron una decisión que desfiguró el relato de los campesinos pujantes y hechos a pulso. Pactaron con Odebrecht, la constructora brasileña que ya llevaba años regando coimas por toda América Latina, para asegurarse el contrato número 115 de ese año: el interconector Tunjuelo-Canoas, la obra destinada a descontaminar el río Bogotá.
La Fiscalía, entonces, los investigó por peculado, cohecho y celebración indebida de contratos. Carlos Alberto fue acusado formalmente. En su defensa dijo que fue su propia hija quien abusó de las facultades que él le había delegado. No funcionó. Tuvo que salir de la gerencia de CSS. Los bancos cerraron el crédito. El grupo cedió participación en varias obras y vendió partes del conglomerado. El emporio que tardaron décadas en construir se empezó a achicar en los años siguientes.
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Luis Héctor, aun con acciones en CSS, se desligó un poco y junto a sus tres hijos varones: Diego Alejandro, Luis Fernando y Gabriel David Solarte Viveros creó Construcciones LHS y Sonacol, empresas desligadas de la sociedad con su hermano Carlos Alberto. Aunque el proceso estaba vivo, Luis Héctor murió en 201? Falta un número OJO. No vio el desenlace de ese escándalo.
Pero su muerte abrió otro frente que aún no se soluciona.
Su muerte, entonces, abrió un frente más que aún no se soluciona. Con Nelly Beatriz Daza, su exesposa, había tenido otra hija: María Victoria Solarte Daza, quien no quedó con participación en LHS, pero sí heredó acciones en CSS, participación que abrió un conflicto con su tío Carlos Alberto. El patrimonio de Luis Héctor rondaba el medio billón de pesos. Más de la mitad quedó en manos de los tres varones. El resto, repartido entre las dos ramas de la familia y los otros hijos que tuvo.
Le pelea entre los tres hermanos de sangre por los 300 mil millones en LHS
La pelea de los hijos tardó en salir a la luz, pero al hacerlo salió con todo. En 2017, Diego Alejandro denunció que sus hermanos Luis Fernando y Gabriel David habían autorizado, sin avisarle ni pedirle firma, un préstamo de casi cien mil millones de pesos desde el Fideicomiso Unión Global, uno de los dos instrumentos donde estaba concentrado el capital familiar, hacia Sonacol, el nombre comercial de Solarte Nacional de Construcciones.
Parte de ese dinero fue a parar a Autopistas del Nordeste, la sociedad que opera el contrato Conexión Norte, uno de los corredores viales más grandes del país. Con esa operación, Sonacol quedó con el 13,25 por ciento de Autopistas del Nordeste, hoy el activo más valioso del grupo por lejos.
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Diego denunció que su firma y la de varios representantes fiduciarios habían sido falsificadas para mover ese dinero sin su autorización. Alianza Fiduciaria detectó alteraciones en instrucciones que llegaron a Fiduciaria Bancolombia y convocó una reunión urgente del comité. Una carta interna lo dijo sin rodeos: esos documentos no tenían validez jurídica.
Sus abogados, Ismael Arciniegas y Daniel Largacha, llevaron el expediente a la Fiscalía y a la Superintendencia de Sociedades. La deuda interna del fideicomiso, según estableció una investigación de la revista Cambio, ya superaba los ciento cincuenta mil millones de pesos al momento de publicarse el reportaje. Ambas investigaciones siguen abiertas.
Luis Fernando y Gabriel David niegan cualquier irregularidad. Su abogado, Juan Felipe Criollo, dice que cada movimiento tiene respaldo documental y que los recursos sirvieron para sostener el patrimonio familiar y mantener en pie empresas de las que dependen cientos de trabajadores.
Mientras la pelea avanza en los juzgados, las obras no esperan: Constructora LHS y Sonacol tienen contratos activos en la avenida 68 de Bogotá y el aeropuerto de Tolú y Aerocafé, el terminal del eje cafetero que lleva años de atraso y sin fecha de entrega clara. Arciniegas advirtió que si Sonacol pierde su participación en Autopistas del Nordeste, la empresa quedaría sin la capacidad financiera que exigen licitaciones como la de Aerocafé. El pleito entre hermanos, en otras palabras, puede terminar parando obras que no son de ningún Solarte.
Las peleas de la otra heredera de Luis Héctor Solarte
El caso de María Victoria es distinto, aunque no menos ruidoso. La hija que Luis Héctor tuvo con Nelly Daza no pelea con sus medios hermanos, sino con su tío Carlos Alberto por las acciones que heredó en CSS. Sin embargo, lo que hoy pone su nombre en los titulares es otra cosa: una megaconstrucción en las afueras de Villa de Leyva, uno de los pueblos coloniales más protegidos del país, que las autoridades describen como una mansión levantada al margen de las normas de ordenamiento territorial. El alcalde del municipio, Víctor Gámboa, está preso. La acusación en su contra dice que le pidió coimas a Solarte Daza para que la obra avanzara sin contratiempos. Gámboa entre rejas; María Victoria, por ahora, afuera.
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Lo que queda del emporio que los Solarte construyeron está, en buena parte, en manos de la justicia, por cuenta de su participación comprobada en el caso Odebrecth. El resto se lo disputan los herederos. Carlos Alberto pagó el costo de unirse con la constructora brasileña y perdió la conducción de la empresa que él mismo fundó. Luis Héctor murió y dejó sin saberlo una guerra entre sus hijos. María Victoria heredó acciones y terminó en medio de un escándalo urbanístico en un pueblo colonial. Tres décadas de obra pública, ocho billones de activos en su mejor momento y lo que queda es esto: abogados, fiscales y hermanos que ya no se hablan.
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