A pocas horas de que Colombia decida quién será el próximo presidente entre Cepeda y De la Espriella, en una de las elecciones presidenciales más polarizadas de su historia reciente, una decisión judicial volvió a colocar al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el centro del debate nacional.
La responsable de esa determinación es la bogotana Marcela Abadía, una fiscal especialista en derecho penal de la Universidad del Externado poco conocida para la opinión pública, pero que hoy ocupa uno de los cargos más influyentes dentro de la Fiscalía General de la Nación. En el plano personal, Abadía fue pareja del exmagistrado de la Corte Constitucional y exdefensor del Pueblo Jaime Córdoba Triviño.
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Fue ella quien ordenó el llamado a indagatoria contra Uribe dentro de la investigación por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Ituango, Antioquia, así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
La decisión reabrió uno de los expedientes más sensibles de la historia reciente del país y provocó una inmediata reacción del líder del Centro Democrático, quien denunció una supuesta persecución política.
Abadía no es una desconocida en los círculos jurídicos. Su trayectoria comenzó en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando la cartera estaba en manos del exministro Yesid Reyes. Allí participó en distintos procesos relacionados con política criminal y administración de justicia.
Posteriormente dio el salto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde trabajó como magistrada auxiliar y dirigió el Grupo de Análisis de Información, una dependencia clave para la reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto armado.
Su llegada a la Fiscalía General se produjo de la mano de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien la designó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Desde esa posición ha asumido investigaciones de alto impacto político y judicial, entre ellas el expediente que involucra al expresidente Uribe.
La investigación formal contra el exmandatario busca establecer si tuvo alguna participación o facilitó actividades relacionadas con estructuras paramilitares que operaron en Antioquia durante la década de los noventa.
La Fiscalía adelanta las pesquisas por presuntos delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado.
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Las respuesta de Uribe
La reacción de Uribe fue inmediata. A través de sus redes sociales cuestionó a la fiscal y señaló que nunca fue escuchado previamente antes de ser citado a indagatoria. También criticó su paso por la JEP, tribunal que el exmandatario ha cuestionado en repetidas ocasiones desde su creación.
¿Dónde están mis garantías judiciales? La Fiscalía me llama a Indagatoria sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras. A una fiscal comisionada para practicar pruebas le ampliaron el plazo aún no cumplido.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 19, 2026
El caso adquiere una dimensión aún más explosiva por el momento político en que se produce. La citación se conoció apenas días antes de la segunda vuelta presidencial, en la que el uribismo respalda la candidatura de Abelardo De la Espriella frente a Iván Cepeda. El propio Uribe calificó el proceso como una presión política en medio de la campaña electoral.
Mientras tanto, la defensa del expresidente ya estudia acciones jurídicas contra la actuación de Marcela Abadía. El abogado Jaime Granados ha sostenido que aún existían pruebas pendientes dentro del expediente y que estas podrían resultar determinantes para demostrar la inocencia de su cliente.
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Con bajo perfil mediático, pero con una carrera construida en escenarios clave de la justicia transicional y la investigación penal, Marcela Abadía pasó de ser una funcionaria conocida únicamente en los círculos judiciales a convertirse en una de las protagonistas de un capítulo que podría marcar el futuro político y judicial del expresidente más influyente de las últimas décadas en Colombia.
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