Corrió los pocos metros que separaban el parque El Golfito de las calles por las que huyó con la pistola aún caliente y una bala en la pierna. Tenía 15 años. Lo esperaba una motocicleta a la que no alcanzó a llegar. Uno de los escoltas del senador Miguel Uribe Turbay, a quien él baleó, lo hirió mientras intentaba escapar. Ahí terminó su huida y empezó a deshacerse, pieza por pieza, la operación que esa tarde del 7 de junio de 2025 había puesto a un adolescente con una pistola frente a Miguel Uribe Turbay en pleno acto de campaña política en el occidente de Bogotá.
Miguel Uribe Turbay recibió dos disparos: uno en la parte trasera de la cabeza y otro en la pierna izquierda. Era senador del Centro Democrático y aspiraba a ser el candidato de ese partido en las presidenciales de 2026, que están a pocos días de terminar. Lo llevaron de urgencia a una pequeña clínica en Fontibón, y luego llegó a la Clínica Santa Fe. Dos meses después, el 11 de agosto de 2025, murió. Fue el asesinato político de más alto perfil en Colombia desde el de Álvaro Gómez Hurtado.
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El menor capturado esa tarde no sabía quién era su víctima. Lo declaró él mismo después. Vivía en Engativá con una tía materna desde que su madre murió diez años atrás. Su padre estaba en Polonia. Había pasado brevemente por el programa Jóvenes en Paz del Distrito, recibió un millón y medio de pesos y se retiró sin completar ningún ciclo. Dos semanas antes del atentado, una entidad distrital lo identificó en riesgo de habitar en calle en el centro de Bogotá, pero él rechazó la ayuda. Seguía matriculado en un colegio al que ya no iba. Le ofrecieron 20 millones de pesos por el trabajo, con una condición: el dinero solo llegaba después de cometido el crimen. Cuando lo capturaron herido en la pierna, concluyó que en esa vuelta también lo iban a matar a él.
No aceptó cargos en la primera audiencia, pero negoció con la Fiscalía: su testimonio completo a cambio de un principio de oportunidad. Fue ese relato el que permitió identificar a los demás involucrados. El 27 de agosto de 2025 fue condenado a siete años en un centro especializado para adolescentes bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Su identidad fue protegida en todo momento.
El arma era una Glock calibre 9 milímetros comprada el 6 de agosto de 2020 en Arizona por un hombre llamado Charles Joe Anderson. Antes de llegar al parque, esa pistola pasó por varias manos.
Una de ellas fue Katerine Martínez, de 19 años, alias Gabriela, capturada el 14 de junio en Florencia, Caquetá. Su tarea fue transportar el arma y entregarla a Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, quien a su vez se la dio al menor. Aparece en videos del lugar bajándose del carro en el que el adolescente estuvo momentos antes del disparo. En las audiencias dijo que no sabía quién era la víctima. Llegó a un preacuerdo y fue condenada a 21 años y dos meses de cárcel.
Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco, 34 años, manejó ese vehículo. Dos días antes del atentado había visitado el parque para revisar el terreno. Dijo que le pagaron cinco millones por transportar a los involucrados y que ignoraba que el objetivo era un precandidato presidencial. Aceptó cargos mediante acuerdo y fue condenado a 21 años. La pena no bajó porque en el crimen se usó a un menor, una agravante que la Fiscalía aplicó de forma consistente en todos los preacuerdos. Mientras tanto operaba como conductor de plataformas.
Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, fue quien recibió el encargo desde arriba y lo trasladó a la estructura operativa. La Fiscalía estableció que venía siguiendo a Uribe Turbay desde marzo de 2025. Fue él quien le entregó el arma a Gabriela y quien, una semana después del atentado, le mandó dinero y un celular para que huyera a Caquetá. Lo capturaron en octubre en el Meta, en una zona bajo control de grupos armados. Aceptó los cargos y fue condenado a 22 años y cuatro meses, la pena más alta entre los condenados. Confesó a los investigadores que lo contrató alias Zarco Aldinever por mil millones de pesos, y que el contacto inicial lo hizo Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, de la estructura de Iván Márquez.
Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, amigo de El Costeño, fue capturado el 30 de agosto. La Fiscalía lo señala de haber hecho el reconocimiento previo del parque, participar en cuatro videollamadas de coordinación previa al atentado y ayudar a seleccionar al menor como ejecutor. También contribuyó a ocultar a Arteaga después. Aceptó cargos y recibirá 21 años y cuatro meses de prisión.
El caso más complicado políticamente es el de Elder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi, capturado el 5 de julio de 2025. La Fiscalía lo señala como el coordinador de toda la operación: reclutó a los involucrados, les asignó roles, organizó las reuniones de vigilancia sobre Uribe Turbay, le entregó personalmente el arma al menor y siguió la ejecución de cerca. Tiene más de 20 años de historial criminal. También aceptó ser el autor de otro homicidio, el de un comerciante mexicano en Medellín, confirmando que operaba una estructura conocida como Plata o plomo que ejecutaba trabajos por encargo. En mayo de 2026, la Fiscalía anunció un preacuerdo con él: 21 años de prisión. La familia de Uribe Turbay respondió con un comunicado público. Su abogado, Víctor Mosquera, lo calificó como un premio a la impunidad y un agravio al esclarecimiento del crimen. Arteaga estaba presente cuando se cometió el atentado y fue quien puso el arma en manos del menor.
Dos casos más avanzan hacia juicio oral sin acuerdo. William Fernando González Cruz, alias El Hermano, detenido el 19 de junio, participó en las reuniones de planeación, manejó el vehículo de huida y vendió uno de los celulares con los que se coordinó el operativo. Fue acusado en diciembre de 2025 y no aceptó los cargos. Cristian Camilo González Ardila era el motorista que debía recoger al menor después del disparo, la vía de escape que nunca funcionó porque al adolescente lo hirieron antes de llegar a la moto. También fue acusado en diciembre. Le dijo a la Fiscalía, según W Radio, que tenía información sobre atentados planeados en otras zonas del país. Ninguno de los dos ha aceptado su participación.
Jhorman David Mora Silva, alias El Caleño, estaba preso por otro proceso cuando, según la Fiscalía, llamó al menor para convencerlo de participar y darle instrucciones sobre cómo vestirse para no levantar sospechas. Participó en las videollamadas de coordinación. Fue acusado el 14 de abril de 2026 e irá a juicio. Ha mantenido su inocencia desde el principio. Brayan Ferney Cruz, señalado como pareja de Gabriela e integrante del grupo que articuló el crimen, fue capturado en Buenos Aires en un operativo de Interpol y está en espera de extradición.
Los que la Fiscalía busca sin haberlos capturado son todos miembros de la Segunda Marquetalia. En marzo de 2026 se emitieron órdenes de captura contra siete de ellos. La lista la encabeza Iván Márquez, exnegociador del Acuerdo de Paz que se rearmó y opera desde Venezuela bajo protección del régimen chavista. Se le dio por muerto, pero en mayo de 2024 reapareció en un video. Sobrevivió a un atentado con secuelas físicas que no se han precisado. También tienen orden de captura alias John 40, alias Zarco Aldinever, alias Rusbel, alias Enrique Marulanda, alias Gonzalo y alias Yako. Los tres primeros cuentan además con circular roja de Interpol. La Fiscalía solicitó que sean declarados personas ausentes para proceder con su imputación formal.
El caso de Zarco Aldinever tiene su propio giro. El mismo 11 de agosto en que murió Uribe Turbay, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que el ELN lo había asesinado en Venezuela. La Fiscalía mantiene su orden de captura porque no hay prueba confirmada de su muerte. Una línea de investigación lo señala como organizador del magnicidio con un propósito interno: desplazar a Iván Márquez del liderazgo de la disidencia.
La fiscal delegada Deicy Jaramillo ha dicho que la investigación ya sabe quiénes ejecutaron el hecho, qué organización fue contratada y quiénes actuaron como intermediarios. También señaló otro elemento del expediente: al construir el perfil de la víctima, los investigadores llegaron a una sentencia de 2009 en la que Iván Márquez y otros actuales integrantes de la Segunda Marquetalia fueron condenados por el exterminio del clan político de los Turbay Cote en Caquetá, una familia que durante los años ochenta y noventa fue declarada objetivo por el Estado Mayor de las Farc. Uribe Turbay pertenecía a esa familia por línea lejana. Para la investigación, ese antecedente no es un detalle menor.
Un año después del disparo en El Golfito hay condenas firmes o en camino de serlo para seis personas, dos casos rumbo a juicio oral, uno en espera de extradición y siete órdenes de captura internacionales contra mandos de la Segunda Marquetalia que están en Venezuela o en paradero no confirmado. El autor intelectual del asesinato político de más alto perfil en la Colombia reciente sigue sin ser juzgado.
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