Nueve son los miembros del comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente que se reunieron, el pasado miércoles 4 de junio, con el presidente Gustavo Petro para tomar la decisión de dar un paso al costado y detener la recolección de firmas necesarias para iniciar el proceso.
Evidentemente, dicha iniciativa estaba afectando la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda, quien desde hace varias semanas había guardado silencio con respecto a la polémica propuesta, mientras que Petro pedía donaciones públicamente con el objetivo de financiar el comité promotor de la constituyente.
En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente del Comité se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2026
Cuenta de Ahorros. BANCOLOMBIA. Número 030-000068-83. Convocatoria Asamblea Nacional Constituyente… pic.twitter.com/tYIhdtYTTv
Entre los miembros del comité está Armando Custodio Wouriyu, quien lideraba la iniciativa y es cercano al Presidente. Custodio ha sido duramente cuestionado por la firma de un contrato por más de 40 millones de pesos con el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) “para participar en el Espacio de Conversación Socio jurídica con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”. El contrato inició el 12 de diciembre de 2024 y concluyó el 31 de diciembre del mismo año.
🔴 Ante la coyuntura electoral, donde está en juego la democracia y la vida, el Comité Promotor por la Asamblea Constituyente emite este comunicado.
— Armando Wouriyu Valbuena (@ArmandoWayuu) June 4, 2026
Aunaremos esfuerzos para acompañar a @IvanCepedaCast y @aida_quilcue para la construcción del Gran Acuerdo Nacional 👇🏽 pic.twitter.com/vcBA4hcEdE
Los que también están en la rosca del gobierno
Yesenia Moreno Rodríguez, miembro del comité, también ha sido duramente cuestionada por asuntos de contratación. La activista social y psicóloga firmó dos contratos públicos el año pasado. El primero de por un valor de 28 millones con el Departamento Nacional de Planeación, donde prestó servicios para “el desarrollo de las actividades transversales que se adelantan al interior de la Subdirección de Gestión del Talento Humano”. El contrato inició el 18 de julio y concluyó el 31 de diciembre de 2025.
El segundo fue con el Fondo Rotatorio de la Cancillería por más de 15 millones. Allí prestó servicios para apoyar “al Grupo Interno de Trabajo Divulgación y Selección para el Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular”. El contrato inició el 5 de noviembre de 2025 y concluyó, también, el 31 de diciembre.
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Otros miembros del comité habrían firmado con entidades departamentales: Javier García Felizzola, quien tuvo tres contratos con el Departamento del Atlántico entre 2020 y 2022, y Lian Ghelly Herrera, quien ha firmado cinco contratos con la Alcaldía de Buga entre 2024 y 2025.

Por su parte, el exministro Carlos Alfonso Rosero firmó dos contratos en 2023, antes de llegar al Ministerio de la Igualdad con el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). El objetivo era adelantar actividades como representante autorizado del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN.
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El resto de la comitiva no habría firmado contratos con el estado hasta la publicación de este artículo, pero hacen parte de las bases más radicales del Pacto Histórico.
Entre los nombres está Carlos García Marulanda, miembro del partido Comunista Colombiano, Over Dorado Cardona, secretario general de la CUT, una de las centrales obreras más alineadas con los gobiernos de izquierda.José Luis Silva Maestre, vicepresidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal de Colombia y Luis Grimaldo Mejía, tesorero de Fecode, también hacen parte del comité que, por lo pronto, se queda sin trabajo para llevar a cabo.
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