Opinión

¿Y los derechos de la Amazonia?

Ni durante la pandemia cesa la devastación del pulmón del mundo, el mayor perjuicio es la ganadería, ante la falta de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos

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junio 17, 2020
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¿Y los derechos de la Amazonia?
Entre enero y abril del presente año se talaron 75 000 hectáreas de bosques amazónicos. Foto: FCDS

Es triste que ni siquiera durante esta pandemia mundial cese la devastación y arrasamiento de la Amazonia colombiana. Hace unos días, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonia (FCDS) presentó su más reciente informe con cifras aterradoras y preocupantes, en el cual nos alerta que, entre enero y abril del presente año se talaron 75 000 hectáreas de bosques amazónicos. El mencionado informe detalla los departamentos de mayor deforestación, siendo Caquetá el principal con más de 25 876 hectáreas taladas, seguido de Meta con 22 869, luego Guaviare con 18 498, entre otros. Además de los departamentos, el informe establece la cifra de deforestación en las áreas protegidas, encabezando el Parque Tinigua, ubicado en La Macarena-Meta con 5 154 hectáreas deforestadas, a este le sigue el PNN Sierra la Macarena con 1453 y el PNN serranía del Chiribiquete con 441 hectáreas.

Entre las actividades de explotación con las que empresas, terratenientes, actores armados y algunos colonos vienen deforestando el Amazonas colombiano, encontramos con que la principal en perjuicio de la biomasa es la ganadería, luego el tráfico de madera, los cultivos de coca, cultivo de eucalipto y palma.  Frente a la ganadería extensiva, la FDCS detalla en su informe como el hato ganadero en el Amazonas ha aumentado en más de 690 000 cabezas de ganado en los últimos cuatro años. Es preocupante, por ejemplo lo que viene sucediendo con el parque Tinigua; en  el 2018, según el Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este parque rompió todos los récords de deforestación del país y según organizaciones campesinas y ambientales de la zona allí opera el negocio denominado ganado al aumento, que consiste en que campesinos reciben ganado, lo alimentan, lo vacunan y en dos años se reparten las ganancias con el dueño y aunque no se sepa con claridad quien o quienes son los propietarios del ganado, el negocio está avalado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Frente a esta problemática de la ganadería en los parques naturales, se debe resaltar que en parte el aumento se debe a que los campesinos ante la falta de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, optaron por reemplazar la coca por proyectos ganaderos, esto debido al incumplimiento del gobierno con el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, acordado en el proceso de paz 2016, en consecuencia, solo han recibido pagos de asistencia alimentaria, pero  lo que tiene que ver con proyectos productivos hasta el momento ha sido nulo.

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En los territorios de conservación natural se prohibieron actividades agropecuarias, hoy están disparadas, y a los únicos que responsabilizan son a campesinos y colonos

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Por otro lado, aunque desde el año 1977 a través del  decreto 622 se prohibió que en los territorios de conservación natural existieran actividades agropecuarias, hoy esta actividad está disparada y a los únicos que se responsabilizan son a los campesinos y colonos que habitan allí, pues la respuesta por parte del gobierno Duque ha sido la realización de operativos militares bajo la campaña que inició el 17 de octubre de 2019 denominada Artemisa, que so pretexto de frenar la deforestación, militarizó varios parques nacionales, donde se cometieron excesos y violaciones a los derechos fundamentales de los habitantes, como encarcelamientos injustificados, quema de viviendas y enseres, desalojos, etc. Entonces, bajo el lema de judicializar a los deforestadores, se persigue a ultranza a los campesinos con número de reses menor que el de los propietarios de grandes extensiones de ganado, se repite el modus operandi de perseguir y criminalizar a quienes no se tienen en cuenta a la hora de políticas o proyectos, mientras que los grandes empresarios siguen usufructuando los recursos públicos y siendo los principales responsables de la deforestación en el Amazonas.

Ante esta indignante y triste noticia de agonía de unos de los principales pulmones del mundo, no olvidemos que contamos con una herramienta ciudadana importantísima, la sentencia del 2018 de la Corte Suprema de Justicia  donde declara la Amazonia como sujeto de derechos y en este sentido todos los colombianos estamos en la obligación de exigir que se respete la biomasa amazónica, se tomen medidas más allá de las militares y judiciales y se garanticen sus  derechos a la integridad y supervivencia. El fallo de la Corte abrió la posibilidad de entablar nuevos diálogos, narrativas, acuerdos y pactos sobre lo fundamental, el bienestar de todos los seres vivientes en sintonía con la responsabilidad de cada colombiano de defender y proteger nuestra casa amazónica, en este sentido urge un plan de acción contra la deforestación, teniendo en cuenta a la sociedad civil, organizaciones campesinas y ambientales, ONG, agencias de cooperación, Corporaciones Autónomas Regionales; un plan que en realidad se materialice y no quede en el papel y sobre todo un plan que procure resolver las causas de la deforestación, las cuales las conocemos perfectamente.

Vale la pena reflexionar por último que a todos los ciudadanos nos corresponde el deber y el derecho de respetar la vida del Amazonas colombiano, no es posible que a dos años de la sentencia existan mayores acciones en contra de la vida y la integridad de seres vivientes que hacen posible nuestro paso por este mundo.

 

 

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