¿Vuelve y juega la propuesta de un nuevo frente nacional oligárquico?

"La propuesta de un pacto político para superar la crisis del gobernabilidad y del sistema político dominante no hace más que repetir el eterno retorno de la violencia"

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
mayo 24, 2019
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¿Vuelve y juega la propuesta de un nuevo frente nacional oligárquico?

Como si en este país del Sagrado Corazón no pasara nada en absoluto, como si estuviéramos condenados a un Macondo congelado para siempre en la eternidad, ahora el gobierno de Uribe-Duque le propone a la opinión pública de la casta dominante un nuevo pacto político para poder sacar adelante una gobernabilidad que le permita implementar los proyectos de ley que le están haciendo falta a la modernización de la democracia colombiana.

Parece como si no tuviéramos viabilidad como país, ni perspectivas de salvación como nación. Los hechos de la semana pasada lo están proclamando con el dramatismo de una enfermedad mental incurable: la esquizofrenia. Sin embargo, a pesar de tanto odio, tanta mentira y tanto miedo como banderas de agitación política, las perspectivas de un nuevo amanecer para las nuevas generaciones de este país se anuncian como anunciaban la alborada las trompetas de Jericó sobre las ruinas de Palmira.

Lo más dramático y divertido, si no fuera por el cinismo, la desmesura y la desvergüenza, fue la renuncia del fiscal general, ante la fallida orden de libertad de Jesús Santrich por parte de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Todo el espectáculo de un drama de circo pobre durante todo un día de expectativas sin solución, quedó en la memoria de los espectadores de la película como una nueva frustración para los sueños y esperanzas de paz.

Del otro lado de las graderías, como si fueran las barras bravas del circo romano, o de las hinchas en los estadios de la demencia nacional, coreaban arrebatadas el acto heroico de la renuncia del fiscal, haciendo gala de su honestidad inmarcesible, de su pulcritud inmaculada y patriotismo ejemplar.

Definitivamente este país naufraga en las arenas movedizas de un gobierno pusilánime, temeroso, e incapaz de mirar de frente los grandes problemas nacionales, aherrojado en la camisa de fuerza de un dirigente de la ultraderecha atrapado en la venganza personal, que no ha querido ni querrá jamás bajarse de su vanidad enfermiza, para abrirle camino a la construcción de la paz.

Los últimos acontecimientos nos dejan perplejos ante las salidas insólitas que ha ensayado el gobierno para justificar las soluciones a los graves problemas de la nación. Después de manosear sin escrúpulos las objeciones a la JEP durante dos meses, aprueba a rajatabla en cuestión de dos días la ley del Plan Nacional de Desarrollo, en una actitud desesperada que está demostrando la falta de una hoja de ruta que le oriente con firmeza en la solución de los grandes problemas nacionales y populares.

A ocho meses de instalado el gobierno ha sido imposible construir un espacio de gobernabilidad para las lograr la aprobación de los proyectos de reformas fundamentales para la modernización del país y la construcción de la apertura democrática. La reforma político electoral, la reforma a la Justicia, las circunscripciones especiales de paz, la ley de tierras para la reforma rural integral, el catastro multipropósito y, sobre todo, la implementación y desarrollo de la Justicia Especial para la Paz, han tenido toda una jauría de garantías hostiles que han impedido su normal desarrollo legislativo, cuando no la sepultura inclemente y perversa de sus oponentes de oficio.

Todo parece indicar que las premoniciones de algunos candidatos presidenciales sobre la inexperiencia y falta de independencia del presidente Duque se están cumpliendo con una exactitud de espanto. Es lo que estamos viendo con claridad en esta tragicomedia de las equivocaciones: un presidente atado de pies y manos a la voluntad de su elector mayor, que no tiene la autonomía de vuelo para imponer su agenda de gobierno a un partido que no está convencido que el presidente es de todos los colombianos, y no solamente el primer mandatario de una secta de la ultraderecha colombiana.

Por eso son inexplicables las lamentaciones de algunas periodistas de muy buenas intenciones que ruegan a las partes en confrontación, ceder en sus pretensiones para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental y poder sacar a Colombia del atolladero pestilente en que la tiene sumida la crisis política, social, económica, ética, moral, ambiental, e institucional.

No han podido comprender que mientras funja como el mesías de salvación el jefe de la ultraderecha colombiana, es imposible llegar a un acuerdo progresista que le abra las puertas a las reformas indispensables para la modernización del estado, de la economía, y de la democracia colombiana.

Por eso la propuesta de un pacto político por lo alto para superar la crisis del gobernabilidad y del sistema político dominante no hace más que repetir como la noria o el mito de Sísifo el eterno retorno de la violencia sin un futuro de solución. Es como volver al pasado del frente nacional oligárquico sin tener en cuenta los grandes cambios políticos y sociales que han ocurrido en el país en los últimos treinta años.

Sin embargo, los dolores del parto de una nueva sociedad siguen adelante y se profundizan cada día que pasa, hasta romper por la fuerza los obstáculos que se interponen en el alumbramiento de la nueva criatura. Estamos en un momento tan especial que se podría definir con las palabras del filósofo italiano Antonio Gramnsci: un momento en que las fuerzas sociales del pasado no han terminado de morir, y las fuerzas del porvenir no han terminado de nacer.

En este mismo sentido es oportuno traer a cuento las palabras de Lenin, el más grande estratega de todos los tiempos: una clase social no se suicida y siempre conservará su dominio político y económico en medio de la corrupción y del atraso, a no ser que un nuevo sujeto político organizado y con conciencia de clase asuma un programa de gobierno que le de salida a la crisis mediante un amplio movimiento democrático de masas.

Y es precisamente en esta misma dirección en que hay que valorar en toda su magnitud, la reciente réplica de la oposición a las palabras del presidente Duque sobre su posición sobre el fiscal general, la Justicia Especial para la Paz y la paz de Colombia:

No es cierto que las acciones del fiscal general de la nación fortalezcan el Estado social de derecho en Colombia. Una afirmación así de boca del presidente se estrella contra la realidad. Generar impunidad, solo genera corrupción y no fortalece el Estado de Derecho. El señor Néstor Humberto Martínez no ha renunciado por Santrich sino por Odebrecht. El exfiscal trató de encubrir las investigaciones penales contra sus anteriores y poderosos clientes de los que fue abogado. Esa actitud de encubrimiento, como bien lo investigó y denunció el senador Jorge Enrique Robledo, es uno de los actos más corruptos de la reciente historia de Colombia.

Los sobornos de Odebrecht, por más de 50 millones de dólares, fueron a parar a las principales fuerzas que han soportado los últimos cuatro gobiernos; sobornó todo el sector transporte del Gobierno de Uribe y el de Hacienda y Planeación del Gobierno de Santos; sobornó todas las campañas presidenciales de los movimientos uribistas en los últimos 9 años. Néstor Humberto Martínez encubrió esos hechos y propició la impunidad en el caso de Odebrecht. Por sus hechos dolosos, se suicidaron personas, murieron sus familiares, se exiliaron denunciantes. Un presidente de la República no puede respaldar este accionar corrupto. La corrupción es hoy la principal causa de la destrucción del Estado social de derecho.

Tampoco es defender el Estado social de derecho amenazar con la conmoción interior o irrespetar las decisiones de los jueces. Nosotros somos defensores a ultranza de la Constitución del 91. Hicimos con muchas otras fuerzas de Colombia la Constitución del 91. Creemos que las reformas fundamentales hacia la justicia social, la democracia y la paz que necesita Colombia, se pueden hacer dentro de la Constitución del 91: por fuera de la Constitución del 91, nada.

La Justicia Especial para la Paz tiene la orden constitucional de investigar y juzgar todos los delitos no políticos cometidos en el conflicto armado por todos los actores de la violencia. A cambio de la confesión y la verdad, genera beneficios jurídicos. El ataque a la JEP, que viene del mismo presidente Duque, es un ataque a la institucionalidad del país y tiene una razón: le asusta la verdad. La verdad que acusaría a poderosos empresarios y dirigentes políticos por haber financiado o ayudado al genocidio desatado en Colombia, a la barbarie que se considera como crimen contra la humanidad.

La verdad es la base de la reconciliación y la reconciliación es el verdadero nombre de la paz; es el camino para encontrar una era de paz de larga duración en nuestra historia llena de guerra. Nosotros lo convocamos, presidente Duque, a la reconciliación y a luchar por la paz, no a sabotear las decisiones de los jueces o intentar acabar con una institución constitucional colombiana como la Justicia Especial para la Paz.

La manera de acabar con la barbarie del conflicto, de acabar con el narcotráfico, de acabar con los abusos sexuales contra mujeres y niños, de acabar con el sacrificio de la vida colombiana, es acabar con el conflicto. ¿Es que acaso 57 guerras en casi dos siglos casi continuos de matarnos entre nosotros, los colombianos y las colombianas, no es suficiente? ¿Acaso la historia de Colombia no merece ya abrir la puerta de una era de paz? Todo intento de prorrogar la guerra no lleva sino a prorrogar la barbarie. Póngase al lado de la paz, presidente Duque. Nosotros aquí, desde la lucha por la paz, lo acompañamos en ese paso.

Aunque por sabido se calla, sin embargo estamos a la expectativa de la terna para elegir nuevo fiscal.

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