No hay duda de la necesidad de realizar una gran jornada nacional de protesta como la que han convocado los principales movimientos sociales del país este 17 de marzo. Y la convocatoria ha sido amplísima. Trabajadores, pensionados, estudiantes, maestros, campesinos, camioneros y diversos sectores políticos se han sumado.
Existe un gran descontento con las políticas económicas del gobierno de Juan Manuel Santos. Y a todos los sectores sociales se le han incumplido acuerdos firmados o promesas electorales.
Después de dos años de haber sido reelegido Santos no ha podido cumplir su promesa de regresarnos el derecho de los trabajadores a los recargos nocturnos y dominicales que el gobierno de Uribe nos arrebató en 2002 y que les produce a los empresarios billones de pesos en ganancias.
A los pensionados el gobierno no les ha cumplido con devolverles el 8 % de sus aportes a la salud y ahora nace la posibilidad de que las pensiones más bajas sean cargadas con impuestos. A los camioneros les ha tocado hacer paros para firmar acuerdos que no se han cumplido respecto de los precios de combustibles y los peajes, los campesinos hicieron un paro memorable que terminaron en un acuerdo también incumplido y es claro además que la agenda rural del gobierno no es la de los acuerdos de paz. A los estudiantes de educación superior se les prometió concertar la reforma universitaria seis años atrás y nada acorrió.
El irrisorio aumento del salario mínimo y la venta de un gran activo público como Isagén, se suman a los motivos de indignación popular.
Este paro, que será exitoso, suspenderá las actividades de los medios de producción públicos y privados y de la administración pública. Además, se realizarán gigantescas movilizaciones en las principales ciudades y en el campo en donde se sentirá la indignación y la inconformidad con las políticas neoliberales de Santos que ha anunciado además una reforma pensional y tributaria que afectarán de nuevo a las clases populares y beneficiarán a los pocos dueños del país.
Mientras tanto, del otro lado, el Centro Democrático ha convocado una marcha de protesta para el 2 de abril. A ellos no les preocupa las políticas económicas del gobierno, porque las comparten. Son iguales y hasta peores porque recordemos que en ocho años de gobierno Uribe y amigos desmontaron el estado y vendieron o liquidaron cientos de entidades del Estado, despidiendo miles de trabajadores e imponiendo reformas laborales, tributarias y pensionales que beneficiaron a las grandes empresas multinacionales. Por eso, han dicho claramente que marcharán, pero contra el proceso de paz.
Unas y otras protestas están en polos opuestos. El movimiento sindical y muchos otros movimientos sociales han dicho que respaldan abiertamente los diálogos de La Habana y promoverán el sí a los acuerdos de paz en la refrendación popular del proceso de paz por su impacto histórico y político positivo para la movilización social y para las organizaciones de trabajadores. El uribismo por el contrario nos quiere convocar a la continuidad de una guerra sin sentido y sin final próximo.
Y aunque respaldamos el proceso de paz no podemos callarnos y no protestar contra el modelo económico que impone Juan Manuel Santos y que afecta a las mayorías.
En la reunión Santos-centrales sindicales
no hubo el más mínimo propósito del gobierno de desmontar el paro
del 17 de marzo ni del movimiento sindical de hacerlo
La semana pasada cuarenta dirigentes de las centrales sindicales del país se encontraron con el presidente de la República. Quienes asistieron cuentan que no hubo el más mínimo propósito del gobierno de desmontar el paro del 17 de marzo ni del movimiento sindical de hacerlo. Más allá de los interminables reclamos de los dirigentes sindicales al gobierno sobre temas laborales y sociales, se le terminó diciendo al presidente que respaldarían el plebiscito como se ha hecho desde años atrás, pero también se movilizarían en contra de sus políticas regresivas contra el pueblo y se le advirtió que si se perdía la refrendación de los acuerdos era indudablemente por su culpa.
Las movilizaciones del 25 y 29 en Bogotá son expresiones legítimas de los sectores populares contra políticas que los afectan. El 17 de marzo puede desembocar en una gran jornada nacional que realmente ponga al gobierno contra las cuerdas. Y podamos avanzar como sociedad hacia las grandes transformaciones sociales y políticas que permitan, que una vez se firme el fin del conflicto armado, se materialice la paz.
Nos vemos en las calles y en las redes el 17 de marzo.
ADENDA: Esta semana vimos y oímos la noticia de que Colombia importaría energía del Ecuador. Quiero advertir que lo mismo nos puede ocurrir con los combustibles si la refinería de Barrancabermeja no se moderniza. A corto plazo nos tocará importarlos y perder nuestra soberanía energética.
