Agualimpia: una mina mortal que tres ministros no han querido cerrar

Con los 5 muertos del viernes 1 de abril se completan ya 18 mineros enterrados en un socavón por negligencia frente a la ilegalidad

Agualimpia: una mina mortal que tres ministros no han querido cerrar
Fotos: archivo Proclamacauca / Eltiempo.com / Elespectador.com / LaRepublica /

Casi dos años después de la tragedia ocurrida la noche del 30 de abril del 2014, en la mina ilegal Agualimpia, vereda San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, cuando 13 mineros murieron al quedar sepultados por un alud de tierra provocado por máquinas retroexcavadoras, el pasado viernes primero de abril otros cinco mineros fallecieron en el mismo sitio, tras el desplome de uno de los túneles abiertos para seguir sacando oro.

A pesar de toda la parafernalia y protocolos desplegados por el Gobierno nacional en el 2014 lamentando lo ocurrido y amenazando con medidas definitivas para el cierre de la explotación minera y la recuperación social del área, la explotación minera ilegal continuó indómita en San Antonio a los pocos días del primer siniestro, sin retroexcavadoras, esta vez por el sistema de “cúbicos”, pero igual que antes, sin condiciones de seguridad ni control por parte de autoridad alguna. Como estaba previsto, se presentó la nueva matanza.

En el sitio de los acontecimientos fueron rescatados sin vida los cuerpos de Camilo Catarán, de 23 años; Brayan Portilla, de 20; Yerlin Castro, de 24 años y Francisco Anaman, de 22 años. Al día siguiente, sábado 2 de abril, falleció en el hospital Francisco de Paula Santander, el joven Albeiro Pantoja, quien había llegado herido a esa institución de salud tras el derrumbe. Fueron jóvenes aventureros llegados de Nariño, especialmente del municipio de Samaniego.

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Antecedentes

Sobre este asunto, a raíz de los acontecimientos del 30 de abril de 2014, se habíamos previsto en editorial de Proclama del Cauca: “…los periodistas bien pueden tener un formato listo con la noticia para cuando se vuelva a presentar, en el cual sólo deben llenar el número y nombres de las víctimas, el día de ocurrencia, las lamentaciones oficiales y privadas, los ofrecimientos de las entidades oficiales, y otros detallitos como la oportunidad con que responden los organismos de socorro, y las funerariasPero en Colombia todo seguirá igual”. Dicho y hecho.

Un rápido sondeo de los nefastos antecedentes de esta nueva tragedia puede deducirse también de las noticias sobre minería ilegal que ha documentado Proclama del Cauca: El 13 de octubre de 2007 un derrumbe mató a 21 humildes mineros artesanales, en el municipio de Suárez, norte del Cauca. Una persona muerta y siete más heridas, dejó un desplome de un socavón en la mina de San Miguel, en Suárez, el martes 2 de diciembre del 2008; cuatro meses antes otra persona había fallecido en ese mismo yacimiento también por un desprendimiento de tierra. Otras dos personas de una misma familia fallecieron el sábado 18 de enero de 2014, en la vereda El Palmar, de Santander de Quilichao, tras el colapso de otra explotación de oro. Y muy cerca, en la misma mina Agualimpia, de San Antonio, otras personas –por lo menos ocho- habían sido víctimas mortales ocultadas por quienes se lucraron de la explotación de manera indebida.

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Total ineficacia del Estado

Las tragedias anunciadas llegan y pasan con la sepultura de las víctimas y el Estado se queda esperando la próxima, para el despliegue burocrático ineficaz, porque todos saben más o menos cuándo, en dónde y por qué va a ocurrir, pero nadie hace nada, incluyendo la impotente “autoridad” ambiental.

Recuerdo que tras el entierro de las 13 víctimas del 2014, se realizaron más de 20 reuniones entre mayo y junio de ese año, se firmaron más de 15 actas con los acuerdos entre el Gobierno nacional y la Mesa Interétnica e Intercultural permanente, en busca de erradicar la minería ilegal, revisar los títulos mineros otorgados sin consulta previa, fortalecer la minería ancestral de las comunidades afrocolombianas, implementar la compra y titulación de predios, y la protección de la vida; programas de emergencia para generación de empleo a través de empresas productivas, mitigación del daño social y ambiental en la vereda San Antonio; realizar las “exhaustivas” investigaciones tanto a los responsables individuales como institucionales por las omisiones administrativas, judiciales, policiales, de control, que permitieron la comisión continuada de los delitos ambientales; se suscribió inclusive un proyecto de reforma al Código de Minas, etc., asuntos en los que todos se comprometieron, incluyendo a los ministros del Interior (Aurelio Iragorri Valencia) y de Minas y Energía (Amilkar Acosta Medina), la Gobernación del Cauca, el Comando de la Regional 4 de Policía; el coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, los alcaldes y personeros de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Caloto, Puerto Tejada, el comandante de la III Brigada del Ejército, la Agencia Nacional Minera, políticos de todas las graduaciones, la Procuraduría, y la Contraloría General de la Nación, el Departamento para la Prosperidad Social, DPS (cuyo director era el hoy ministro del medio ambiente, Gabriel Vallejo), todos, firmando papeles que nadie cumplió, y por eso, llegó la nueva tragedia y llegarán las que siguen. Es más, se instalaría una Mesa de Garantías bajo la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el propósito de determinar y ejecutar un plan integral de garantías: tampoco funcionó.

No puede ser que con los mineros enterrados, también se quede enterrada la impunidad”, dijo en aquella oportunidad el ministro de minas Acosta Medina. Nadie, absolutamente, le paró bolas, ni a él ni al otro que también vino a pronunciar frases de consolación, como esta: “a la minería con vínculos con la criminalidad el Gobierno no le dará tregua en el combate por su erradicación”. Todos se olvidaron de todo al otro día, por eso, la explotación minera ilegal y la mortandad en el norte del Cauca siguen campantes.

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El futuro

El pasado domingo 3 de abril de 2016 estuvieron reunidos en el Club Los Andes, Santander de Quilichao, exactamente los mismos organismos de hace dos años, con menos “bombo”, supuestamente porque las víctimas fueron de “mínima” cuantía, para volver a hacer lo mismo, las mismas actas, los mismos compromisos, con nuevos protagonistas, claro, encabezados por la viceministra de minas, María Isabel Ulloa; el gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado; el alcalde de Santander de Quilichao, Álvaro Mendoza Bermúdez, y todos los demás. Esta vez, ojalá se cumplan los deseos de la abuela: “mijo, paciencia, la esperanza es lo último que se pierde”.

Fotos artículo: Proclamacauca

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