Por primera vez en su corta historia de ocho años, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia quedará integrada exclusivamente por mujeres que representan no solo un enfoque de género sino de talento, según lo atestiguan destacados integrantes del foro jurídico en todo el país.
La elección de dos de ellas, Paula Andrea Ramírez Barbosa y Emérita del Socorro Mora Insuasty, es reciente. Se produjo el 23 de julio de 2026 y su posesión se formalizará en breve ante el presidente de la República, Abelardo De la Espriella, para retomar una tradición institucional que se perdió transitoriamente durante la administración de Gustavo Petro.
Paula Andrea Ramírez es tolimense es abogada de la Corporación Universitaria de Ibagué, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses de la Universidad Católica y la Universidad de Salamanca (España) y magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal.
Está familiarizada con los estrados, pero más que como litigante, desde el ejercicio de cargos relevantes en la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía -donde fungió como asesora del despacho- y la Defensoría del Pueblo.
Mientras dedicaba varias horas de su tiempo a la cátedra en las universidades Católica, Del Rosario, Santo Tomás, Externado y Salamanca, prestaba simultáneamente sus servicios como consultora en Derecho Penal y Compliance, una disciplina que en la tecnocracia moderna se relaciona con el cumplimiento sistemático de la normatividad y la aplicación de preceptos éticos.
Su disciplina intelectual, característica que fue destacada durante su proceso de elección en la Sala Plena de la Corte Suprema, le ha permitido llevar a imprenta obras como Derecho Penal y Criminología y Avances de la implementación de la JEP en Colombia y La Inteligencia artificial y las nuevas fronteras.
Según colegas suyos en la Corte, su excelso conocimiento de la operación de la JEP la convierte desde ya en una interlocutora solvente con el Ministerio de Justicia cuando el gobierno que acaba de posesionarse decida si propondrá ante el Congreso la abolición de esa jurisdicción y si pretende reformarla para imponerle mayores controles, como lo ha anunciado el nuevo ministro de Justicia, Iván Cancino.
Con ella llegará a la Sala la jurista Emérita del Socorro Mora Insuasty, que reemplazará al magistrado Édgar Caldas Vera. Las dos harán equipo con la también magistrada Blanca Nélida Barreto. Así, Integrarán una especia de triunvirato femenino que tendrá a cargo la instrucción de procesos contra altos aforados, entre ellos los senadores y representantes a la Cámara.
La magistrada Mora viene del Tribunal Superior de Cali y su nombre se había hecho familiar en las listas de elegibles preparadas por el Consejo Superior de la Judicatura. A comienzos de la década de los veinte fue distinguida como la mejor formadora de la Escuela Judicial Rodri Lara Bonilla.
Estas tres mujeres que, a juicio de la propia Corte, encarnan un avance hacia una administración de justicia más representativa e incluyente, tendrán a cargo procesos tan sensibles como los relacionados con la posible responsabilidad penal de Gloria Arizabaleta, sindicada de haber buscado favores burocráticos a cambio de torcer el curso de investigaciones seguidas por la Comisión de Acusación de la Cámara a Gustavo Petro como presidente.
Instruirán y fallarán en primer término expedientes derivados de la violación de los topes de campaña durante la elección de Petro en 2022.
Hasta hoy la Sala Especial de Primera Instancia tiene activos 55 procesos contra magistrados. Entre los que ya envió a juicio están los de los legisladores Karen Astrih Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett y Julián Peinado Ramírez, involucrados en Una trama de saqueos sistemáticos a la Unidad Nacional del Riesgo y Desastres Naturales. También contra el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
La Sala atiende también siete investigaciones al exministro del Interior Armando Benedetti, relacionados con actuaciones reprochadas cuando se desempeñó como congresista y como embajador. Uno de los más avanzados es el relacionado con un presunto tráfico de influencias ante el Fonade. Los cargos aluden al direccionamiento de un contrato por $1.065 millones a favor de Certicámara S.A.
Benedetti también rindió indagatoria por una posible exigencia de dineros para que la Fiduprevisora pagara derechos pensionales a profesores del departamento de Córdoba.
Todas esas causas quedan ahora bajo el firme escrutinio de tres mujeres que llegan a dejar su impronta en la Sala.
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