El presidente de Argentina, Javier Milei, acaba de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia por medio del cual deroga por lo menos ocho leyes y obliga a tomar 22 disposiciones más que atentan contra la clase trabajadora. Serán en total 300 medidas, casi todas de desregulación económica que, entre otras cosas, decretan una reforma laboral inconsulta con el pueblo, permiten privatizar absolutamente todas las empresas públicas de Argentina y entregan el país a los intereses económicos de privados, extranjeros y multinacionales.
Para completar, al día siguiente del anuncio del megadecreto, Milei firma un nuevo decretazo para ratificar el anterior. A pesar de la evidente inconstitucionalidad de las medidas, de los cacerolazos y la posterior manifestación que llevó a miles de ciudadanos a la Plaza del Congreso a defender el poder legislativo ante la evidente asunción dictatorial del nuevo poder ejecutivo, Milei sigue adelante con la motosierra neoliberal encendida, decapitando derechos.
Es posible que muchísimos de los votantes que lo eligieron hace menos de un mes, la mayoría jóvenes encantados con su discurso libertario y anticasta, ignoren todavía qué carajos es un Decreto de Necesidad y Urgencia y por qué es peligroso que la cabeza del poder ejecutivo se otorgue funciones extraordinarias, por encima de los poderes legislativo y judicial. Otros de sus votantes, en cambio, ya al día siguiente de la elección estaban arrepentidos cuando vinieron a darse cuenta de que aquel delirante con ínfulas de rockstar cuyos votos eligieron, que fundamentó su campaña en la promesa de erradicar la casta política tradicional argentina, los había traicionado: lo primero que hizo fue armar su gabinete presidencial rodeado -en su mayoría- de viejos funcionarios del macrismo; es decir, de esa casta que sus ingenuos electores creyeron que también decapitaría su motosierra.
Y se hizo cada vez más claro, una vez elegido, que aquel ajuste brutal de la economía que ya anunciaba en campaña no sería pagado por esa clase política tradicional sino que, por el contrario, lo pagaría la clase trabajadora. Por si no fuera poco, y para completar la receta, su ministra de seguridad, Patricia Bullrich (pocos días atrás su rival electoral y enemiga, a quien él acusaba de ser una representante más de la casta) anunciaba medidas extremas de represión contra toda manifestación social y la autorización de hacer detenciones sin orden judicial. Fue así como con gran sentido de oportunidad, a un día de la elección, un internauta abrió la cuenta @arrepentidosdemilei, cuyos reposteos de los votantes hoy desengañados crece exponencialmente.
Por estos días, quien escribe esta columna decidió volver a vivir en Colombia después de 17 años de residencia en la Argentina. No es difícil ver que nuestro país atraviesa por algo que claramente uno pudo ver allá, en el sur, en cuanto a la aprobación de los gobiernos progresistas; hay, acá, como lo hubo allá hace unos años, un descontento creciente en algunos sectores con el presidente Gustavo Petro por su supuesto populismo, autoritarismo o egocentrismo. Incluso, ha llegado uno a leer personas en el extremo del delirio, que afirman que es un fascista. Lo mismo dijeron en la Argentina de Néstor y Cristina Kirchner: desde el poder mediático hegemónico construyeron figuras dictatoriales que amenazaban la institucionalidad y la sensación de malestar social fue creciente, tanto así que en 2015 y en 2023 los candidatos de la derecha lograron reconquistar el poder no tanto por méritos propios, sino gracias al voto anti-K.
Es sobresaliente cómo se puede construir el descontento social ante un gobierno adverso a los poderes mediáticos, así como determinar la aprobación sumisa ante uno opresor y abusivo, que sea afín a dichos poderes. En 2007, recién re-elegido Alvaro Uribe Vélez en Colombia, el aparataje militarista del Plan Colombia tenía el país asediado en una guerra que para la mayoría era un mal necesario; de la mano, venía el atropello constante a los derechos de los trabajadores, una reforma laboral brutal y disposiciones dictatoriales a punta de decretos, el país entregado a empresas multinacionales, y todo eso matizado por las fuerzas especiales de la policía y el ejército, muy bien financiadas y armadas, dispuestas a reprimir cualquier protesta social ante tanto abuso.
Y sin embargo, la opinión pública parecía sedada ante la aprobación mediática del entonces presidente y su muy inflada imagen positiva. Basta ver, para ilustrar sobre esto, los titulares de la portada de la Revista Semana cuando tanto el expresidente Iván Duque como el presidente Petro cumplieron su primer año de gestión: en el caso del primero, “Un año de aprendizaje”; en el caso del segundo, “Colombia va mal”.
No deja de ser entonces por lo menos particular asistir al odio a Petro de parte de algunos de sus votantes, de gente bien formada e informada (los opositores originales a Petro seguirán donde están, a ellos no trato de convencer); asistir, en fin, a ese odio tan emocional, tan fundamentado en rumores del orden de “Fulano de Tal trabajó con él y cuenta que no escucha, que es terco y autoritario”, o de suposiciones malintencionadas como la que llevó a una periodista irresponsable a insinuar que sufre de adicciones que lo mantienen fuera de realidad.
El punto es que incluso si esos rumores fueran ciertos, si el presidente Gustavo Petro es un drogadicto autoritario en el interior de su hogar y de su gabinete, los hechos políticos por los cuales habría que juzgarlo demuestran lo contrario: no está gobernando a punta de decretazos, la economía colombiana no sufrió la hecatombe anunciada por la oposición cuando él asumió, el ESMAD y las fuerzas represivas están lejos de las calles, una nueva cúpula militar empieza a devolverle el prestigio a las Fuerzas Armadas, las reformas a las leyes que su gobierno propone han pasado debidamente por los debates en el Congreso -respetando el orden democrático- y se trabaja con ahínco por devolver a los colombianos derechos perdidos tras décadas de gobiernos encabezados por nuestra propia casta criolla.
Y no. No es que el gobierno Petro sea el paraíso, como supongo que pensarán sardónicamente algunos antipetristas que acá se está afirmando. Errores se cometerán por montones, como los cometieron los gobernantes anteriores, y los desafíos siguen siendo numerosos. Pero claramente no es lo mismo gobernar con la opinión mediática a favor, que hacerlo en contra.
La historia se encargará de juzgar a nuestros gobernantes con la mesura del tiempo, pero lo cierto es que si aquellos votantes de Petro hoy arrepentidos y decepcionados que lo juzgan con argumentos ad hominem y no por los hechos políticos de su gestión, siguen contagiando de aquella marea de odio mediático al resto del electorado, entonces para 2026 Colombia cometerá el mismo error que cometió Argentina: el voto anti-Petro elegirá a un adorable fascista (o quizá a una adorable fascista) que venga con una motosierra a nombre del cambio para recordarnos lo que es el realmente el autoritarismo y lo que es real, y tristemente, el fascismo.
