Para esta legislatura se anunció nuevamente una propuesta de reforma al procedimiento para la contratación estatal. El anuncio llega cuando se ha anunciado que uno de los propósitos del nuevo Gobierno será reducir los costos de la operación del Estado y el combate a la corrupción.
En la medida que, como todos esperamos, los objetivos de ese proyecto sean buscar que se dificulten las malas prácticas, hacer que las entidades compren lo mejor a los menores precios posibles, disminuir los casos de incumplimiento, reducir los costos del proceso de selección y participación, estimular la libre competencia, extinguir los casos de responsabilidad estatal, nada mejor que renovar el Registro Único de Proponentes, RUP. ¡Pero uno que sí funcione!
Debe entonces ser un registro único: si bien del lado de los proponentes puede ser voluntario y en ese registro deben inscribirse solo los empresarios que aspiren a participar en procedimientos de selección para ser contratistas de todas las entidades del Estado, no debe ser admisible que los grandes contratistas se sustraigan del registro para contar con sus propias listas. Deben incluirse todas las empresas y cubrir tanto a la Nación, como a los departamentos y municipios.
Necesitamos que el registro dé fe de todas las capacidades relevantes, de manera dinámica. Así, las condiciones técnicas, la experiencia, las personas vinculadas y el tipo de vínculo, la fortaleza financiera de respaldo y toda la experiencia, debe ser pública y previamente inscrita. Pero, más importante, la valoración de todas esas, de cara a los contratos que se estén ejecutando, debe determinar, conforme una fórmula matemática uniforme para todos, la capacidad residual (K) del empresario, esto es, si, dadas sus condiciones aún podría asumir otros encargos y cuánto más.
Para que el RUP cumpla con todo lo que Colombia necesita de ese instrumento, la dirección debe ser conjunta y estar a cargo de las entidades que saben de esos objetivos: Colombia Compra Eficiente en lo que hace a procesos de selección, la Superintendencia de Industria y Comercio para asegurar que sea pro-competitivo y que no existan colusiones en la ejecución y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que aporte en la dirección de evitar daños antijurídicos.
Naturalmente, ninguna otra entidad como las cámaras de comercio, con sus múltiples registros, experiencia y cobertura nacional, es mejor para recibir el encargo.
Para evitar los errores que en el pasado ya hicieron fracasar esta idea, el RUP debe mantenerse técnico, científico y neutro. Si por diferentes razones se quisiera favorecer grupos de mujeres, discapacitados, Mipymes, etnias, u otros, debe hacerse de modo transparente al momento de cada uno de los procedimientos, pero no, nunca, alterando las ponderaciones de los componentes del RUP. Una persona no tiene ni mayor capacidad financiera, ni más experiencia por ser de uno de estos conjuntos.
Ahora, lo que definitivamente cambiará la historia de la contratación y que aseguraría que se logren los objetivos, es que los registros y cada reporte que se haga esté expuesto a ser retado. Es contundente que nadie tiene mejores ni mayores estímulos para verificar que lo que se radique sea cierto, que los competidores de ese proponente. Los competidores, además, sí saben de la industria y tienen las herramientas para validar lo que sus colegas digan, millones de veces mejor que los servidores públicos por más bien intencionados que sean.
En esa dirección cada vez que se dé una inscripción en el RUP que pretenda que un proponente cuenta con una condición favorable, todos los competidores y todas las entidades públicas del país, podrán retar lo afirmado. Ese reto seguiría un procedimiento sencillo y, en caso de que lo dicho no corresponda a la verdad, se corregirá para eliminarlo o ajustarlo a la verdad acreditable.
Ya sabemos entonces qué hacer, trabajemos juntos, ¡el Congreso, las nuevas Ministras y la academia!
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