Los agentes de tránsito de Colombia son una manifestación clara de la fuerza que tiene la sociedad civil para organizarse y autoadministrarse sin necesidad de armas y del uso de la violencia para alcanzar sus objetivos o lograr que otros obedezcan algún postulado.
El país del Sagrado Corazón de Jesús ha visto como han edificado una nación entre las líneas de las más cruel de las violencias, desde la época de la conquista, pasando por la colonia, las guerras independentistas, las guerras de la república y las más contemporáneas, donde se encuentra la violencia partidista. Estos últimos todavía los encontramos en los relatos de los abuelos, donde se escucha con frecuencia que la policía laureanista llegaba con los conservadores a asesinar hombres liberales. Incluso, muchas víctimas relatan escenas dantescas donde vieron a sus padres con el corte de franela o decapitados, y a su familia desterrada solo por ser liberales.
Una mancha en la memoria de todos los colombianos es precisamente esa época de la violencia, por ello las ideologías del pacifismo no encontraron una mejor disculpa —en ese país que iba creciendo hacia el urbanismo y que ya tenía los primeros vehículos recorriendo las rústicas calles con un tráfico precitadino— que crear cuerpos de agentes de tránsito bachilleres, que se diferenciaran de la policía política de laureano —que en su gran mayoría no habían estudiado y cuya competencia común era la carnicería que sembraban en los campos, donde además fueron capaces de convertir a los enemigos del establecimiento en cruces de madera—.
Pues bien, los agentes de tránsito incursionaron en las grandes capitales y conforme pasó el tiempo estos cuerpos de civiles uniformados fueron creciendo. Actualmente, Medellín , Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Bucaramanga, Neiva, Floridablanca, Cartagena, Manizales, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Pasto, Soledad, Barrancabermeja, Dosquebradas, entre otros, son los municipios donde hay mayor número de agentes de tránsito. A ellos se les conoce por su uniforme azul y por ejercer las funciones que están descritas en la Ley 1310 de 2009. Su marco normativo está en el régimen sancionatorio de tránsito con la Ley 1383 de 2010 y su resolución ministerial es la 3027.
Con eso en mente, cabe preguntar: ¿por qué la sociedad civil reacciona con violencia contra estos funcionarios públicos que ni siquiera tienen un arma de dotación para su defensa? Precisamente por eso, porque el usuario tiene la garantía de no correr el riesgo de ser agredido con armas de fuego o de algún tipo de elemento corto punzante. En el cerebro del agresor está la operación matemática por medio de la cual se calcula que un empujón, un madrazo, un cachetada, entre otras tácticas de agresión, nunca va a dar más de 30 días de incapacidad y sus líos en la justicia penal serán de muy poca monta. Se sabe que tras un incidente pronto saldrá de nuevo a recorrer las calles...
Esto es paradójico, ya que en todo el territorio nacional se ha encontrado que algunos conductores ebrios vuelven a reincidir y cuando son sorprendidos usan como estrategia el enojo, la rabia, actos de ira y agresiones a las autoridades. De hecho, ya es muy repetitivo que algunos ciudadanos dañen los vehículos o los incendien antes o durante la inmovilización en los patios de tránsito. Como se ve, el problema no es diferente a las demás manifestaciones de la violencia en Colombia, tiene inclusive la mismas causas estructurales de la miseria, por ejemplo la falta de la presencia del Estado: en el tema de tránsito tenemos que recordar que más de 800 municipios no tienen organismo de tránsito y menos fuerza operativa, lo que indica que muy probablemente no se use casco, muchos no lleven seguro obligatorio ni licencia de conducción.
Algunas veces, estas personas llegan por efectos de las migraciones internas a las capitales, donde sí hay controles de los organismos de tránsito y se encuentran con otra realidad, otro país, donde las autoridades tienen una ley que deben hacer cumplir. Allí se encuentra uno con que no conocen el concepto de respetar los andenes, de no ir en contravía (como se hace en las zonas rurales), de pagar una multa por un giro prohibido o por no llevar la luz encendida. A estos migrantes internos todo esto les parece tan inverosímil que no aceptan ningún tipo de razón y terminan usando la violencia para intentar disuadir a las autoridades.
En la cátedra de la seguridad vial, obligatoria en todos los colegios gracias a la Ley 1503 de 2011, se debe enseñar a los futuros ciudadanos y conductores que ante la comisión de una infracción de tránsito se elabora una orden de comparendo y el ciudadano tiene derecho a solicitar una audiencia pública en los cinco días hábiles en el organismo de tránsito como lo estipula la ley 769 de 2002, en cumplimiento de las garantías procesales de las que habla el artículo 29 de la carta política, el mismísimo debido proceso que se puede defender hasta por la misma tutela del artículo 86 de la Constitución Política. Con esto quiero contar que hay más posibilidades por el camino administrativo, con las herramientas de la sociedad civil, el sendero del derecho, que por el camino de la violencia que ya nos tiene cansados a todos los que soñamos con un país en paz.
Nuestra solidaridad con las agentes de tránsito agredidas en la ciudad de Cali y nuestros respetos a todas las personas que desde las zonas urbanas trabajan duro para instaurar un gobierno que respete y promueva el civismo en los pueblos, un Estado que pueda llegar sin armas y sin violencia a crear ciudades incluyentes y tolerantes, donde se progrese por el trabajo en equipo y la lucha diaria por alcanzar los sueños.
