En el año 2011 se incorporó a la Constitución Política el principio de sostenibilidad fiscal que busca prevenir los desbordes del gasto público por encima de los ingresos para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y salvaguardar la solvencia del Estado, al tiempo que contribuye a preservar la estabilidad macroeconómica del país. En otras palabras, que no se gaste más de lo que se recibe pues si se hace toca endeudar al Estado para garantizar su funcionamiento y esto implicaría empeñar los ingresos futuros, poniendo en riesgo los derechos económicos, sociales y culturales de los colombianos. Lo que busca prevenir este principio es un endeudamiento estatal que comprometa en exceso los recursos.
El año pasado, a pesar de que se recaudó mucho menos de lo esperado con la reforma tributaria del 2016, el Gobierno logró cumplir con la regla fiscal. Esto obedeció más a cuestiones del azar, tales como un incremento inesperado de los ingresos no tributarios, entiéndase: le ganamos a Claro y Telefónica en un laudo arbitral el 0,5% del PIB —la no deleznable suma de 4,7 billones de pesos— y obtuvimos unos ingresos de capital mayores e inesperados; que se deben, principalmente, a la venta del barril de petróleo a un precio muy superior al esperado debido a las oleadas invernales en los países del norte y a una paralela disminución de la producción por parte de los países productores.
Asimismo, recibimos la infortunada noticia de que la agencia calificadora Standard & Poor’s decidió bajar la calificación de la deuda pública de largo plazo colombiana, motivada por la dificultad que hemos tenido en la reducción del déficit fiscal y la ralentización del crecimiento de nuestra economía.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el cumplimiento de la regla fiscal en materia de confianza de los inversionistas y la posibilidad llevar a cabo o no inversión en importantes sectores como el de la educación o el de la salud, parece inminente y casi necesario una reforma que aumente los ingresos tributarios, así como una disminución considerable del gasto público (cercana al 0,5% o más del PIB).
Considerando lo anterior, lo que usted debería preguntarle a su candidato es: ¿cuáles son las políticas específicas contempladas en su estrategia fiscal y tributaria con miras al cumplimiento de la regla fiscal?, ¿podrá cumplir o no su programa de gobierno con la misma?
Contrario a lo que indica dicho marco de sostenibilidad fiscal, varios candidatos prometen que llevarán a cabo importantes proyectos que implican gran inversión pública. Paralelamente, se comprometen a disminuir los impuestos, lo que conlleva una disminución considerable de los ingresos tributarios, sin especificar la forma en que cubrirán dichos huecos. Sí, esto no parece lógico ni viable, pero es la realidad de nuestra campaña electoral. Usted no puede pretender recaudar menos y al mismo tiempo gastar más, pues el Presupuesto General de la Nación no es una bolsa sin fondo.
De entrada le digo si no quiere decepcionarse en el futuro la próxima vez que escuche alguna propuesta utópica pero no realizable considere si realmente quiere votar por alguien que propone cosas deseables, pero inejecutables desde el punto de vista fiscal.
