A pocos meses de dejar la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro modificó el esquema de protección de los expresidentes mediante el Decreto 0563 de 2026. La medida introduce cambios significativos en los dispositivos de seguridad de los exmandatarios y, en particular, reduce el esquema especial que durante años acompañó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En el momento de mayor despliegue, la seguridad de Uribe estuvo conformada por cerca de 330 personas distribuidas en tres anillos de protección. El primero contaba con 152 escoltas; el segundo, con 102 policías; y el tercero, con aproximadamente 80 integrantes de las Fuerzas Militares. Este dispositivo también incluía vigilancia permanente en algunas de las propiedades más frecuentadas por el exmandatario, entre ellas su residencia en Rionegro, Antioquia, ubicada cerca del aeropuerto José María Córdova, y la finca El Ubérrimo, en Córdoba. El costo anual de este esquema alcanzó los 15.347 millones de pesos.
La situación cambió durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Tras una evaluación de riesgos y necesidades de protección, se ordenó una reducción importante del dispositivo de seguridad. El número de escoltas permanentes pasó de 140 a 68, disminuyendo considerablemente el tamaño del anillo de protección. Sin embargo, pese al recorte de personal, el esquema continuó representando un gasto significativo para el Estado, con costos anuales cercanos a los 4.116 millones de pesos.
Posteriormente, durante la administración de Iván Duque, la protección de Uribe volvió a fortalecerse. El esquema recuperó dimensiones similares a las de años anteriores, con cerca de 300 integrantes distribuidos en varios círculos de seguridad y apoyados por vehículos blindados. La decisión se justificó por la relevancia política y el perfil de riesgo del expresidente. Como consecuencia, los costos volvieron a ubicarse alrededor de los 15.000 millones de pesos anuales. En comparación con otros exmandatarios colombianos, el esquema de Uribe era considerado excepcional por su tamaño y nivel de cobertura.
Con el Decreto 0563 de 2026, el gobierno de Gustavo Petro establece un modelo de protección unificado e interinstitucional, coordinado por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según el Gobierno, el objetivo es garantizar criterios homogéneos de seguridad para todos los expresidentes, evitando tratamientos diferenciados. En la práctica, esto implica la desaparición de los esquemas extraordinarios y la equiparación de las medidas de protección entre los exjefes de Estado.
Paradójicamente, Petro también contó con un robusto esquema de seguridad. Durante la campaña presidencial se movilizó con cerca de 14 vehículos y un equipo de aproximadamente 50 integrantes entre escoltas, personal de inteligencia y apoyo logístico. Antes de concluir su mandato, dejó firmado un decreto que, además de garantizar la protección de los expresidentes, eliminó los esquemas considerados únicos o excepcionales dentro del sistema de seguridad estatal.
Anuncios.
