A pocos meses de dejar la Presidencia, Gustavo Petro firmó el Decreto 0563 de 2026, mediante el cual se establecen las condiciones del esquema de protección para los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.
El documento determina que la asignación de vehículos, equipos y recursos para la seguridad de quienes hayan ocupado la Presidencia o la Vicepresidencia estará a cargo del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En términos prácticos, los vehículos blindados y otros elementos de seguridad que utilicen Gustavo Petro y Francia Márquez al concluir su mandato podrán ser suministrados por cualquiera de estas entidades.
La norma también establece que el personal encargado de la protección será seleccionado entre miembros de la Policía Nacional y la UNP. De esta manera, cuando abandonen la Casa de Nariño, el Presidente y la Vicepresidenta continuarán contando con esquemas de seguridad conformados por escoltas de estas instituciones.
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La protección de los exmandatarios representa uno de los gastos más significativos en materia de seguridad del Estado. Tradicionalmente, los mandatarios cuentan con esquemas coordinados por la Casa Militar y la Policía Nacional, integrados por decenas de escoltas y varios vehículos blindados. Se estima que el costo mensual de estos dispositivos puede acercarse a los 500 millones de pesos.
Aunque Gustavo Petro ha contado con una protección robusta, no figura entre los expresidentes con los esquemas más costosos. Durante la campaña presidencial llegó a movilizarse con cerca de 14 vehículos y un equipo de aproximadamente 50 escoltas, entre personal de seguridad e inteligencia.
Uno de los casos más representativos es el del expresidente Álvaro Uribe, cuyo esquema de protección alcanzó en su momento un costo estimado de 15.000 millones de pesos anuales. El dispositivo incluía alrededor de 330 escoltas y varios vehículos blindados, una medida que fue justificada por las amenazas que enfrentaba.
Al llegar al poder, el Gobierno evaluó la continuidad de un esquema de tres anillos de seguridad para Uribe. El primero estaba conformado por 152 escoltas, el segundo por 102 policías y el tercero por 80 militares. Además, se mantenía vigilancia permanente sobre propiedades como su residencia en Rionegro y la finca El Ubérrimo, en Córdoba.
La dimensión de estos esquemas refleja la presión que enfrenta la UNP. Actualmente, cerca de 15.000 personas en Colombia cuentan con algún tipo de medida de protección, que puede incluir escoltas, vehículos blindados, botones de pánico o sistemas de seguridad de varios niveles.
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