Texto escrito por: Camilo Ferreira
Petro dio la declaración en el contexto de una pregunta sobre la propuesta de Abelardo de la Espriella de frenar las negociaciones con los grupos armados y reprimirlos militarmente. Su respuesta intentaba desactivar ese marco: si las guerrillas no existen, tampoco hay nada que reprimir ni que negociar. El argumento tiene una lógica interna. Petro sostiene que el proceso de paz con las FARC cerró el ciclo histórico de la insurrección política contra el Estado, y que lo que queda son organizaciones criminales movidas por el narcotráfico, no por ideología. Es una lectura que comparten varios analistas y que incluso el procurador Gregorio Eljach ha respaldado públicamente al decir que en Colombia ya no hay “guerrillas rebeldes”, sino “bandidos”. El problema no es la tesis. El problema es la realidad que esa tesis deja sin nombre.
Según la Fundación Ideas para la Paz, a diciembre de 2025 los grupos armados ilegales sumaban más de veintisiete mil integrantes, un crecimiento del 23% frente al año anterior. El secuestro aumentó un 133% en 2025 respecto a 2024. El desplazamiento forzado masivo creció un 85%, impulsado por la crisis del Catatumbo, donde el ELN expulsó a más de 92.000 personas de sus hogares en enero de 2025. En el primer trimestre de 2026, la Defensoría del Pueblo registró cerca de 40.000 personas confinadas, lo que equivale a un promedio de 442 personas que cada día vieron restringida su movilidad por la acción de grupos armados. Esos grupos tienen nombres: ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, Clan del Golfo. Tienen comandantes, territorios, finanzas y capacidad de fuego. Si eso es una ficción, es una ficción que cuesta vidas humanas.
Colombia ya vivió antes el ciclo del negacionismo armado. Durante la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, el gobierno insistió en que Colombia no tenía un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista, y que los grupos guerrilleros eran delincuentes comunes sin legitimidad política. Esa categorización tenía también una lógica táctica: negar el estatus político de un actor armado es una forma de debilitarlo simbólicamente y de cerrar la puerta a negociaciones que el gobierno no quería abrir. La ironía es que Petro, quien criticó esa negación porque invisibilizaba el origen político del conflicto y deshumanizaba a las víctimas, aplica una operación simétrica pero inversa: niega la existencia del actor armado para justificar su propia política de paz y cerrarle el paso a la propuesta militar de su sucesor.
La contradicción más visible de la declaración es que el mismo gobierno que afirma que las guerrillas son una ficción lleva cuatro años negociando con ellas en la mesa de la Paz Total. Si el ELN no existe como actor armado con agenda política, ¿con quién firmó el gobierno los ceses al fuego que los propios grupos incumplieron? ¿A quién le otorgó el estatus político que habilita una negociación? ¿Qué clase de paz puede construirse con una ficción? Las mesas de negociación, los comunicados conjuntos, los ceses bilaterales y las delegaciones con nombres y apellidos documentan durante cuatro años exactamente lo contrario de lo que Petro declaró.
Hay una dimensión que suele quedarse fuera del análisis: lo que significa para una víctima escuchar que su victimario no existe. Según la Comisión de la Verdad, las FARC fueron responsables de al menos 85.000 víctimas de secuestro entre 1990 y 2018, el ELN de casi 10.000. A esas cifras históricas se suman los desplazados del Catatumbo de 2025, los niños reclutados, los soldados retenidos en Cauca y Nariño, los campesinos confinados en Chocó o Caquetá que no pueden salir a trabajar sus parcelas. Para ellos, la declaración de que los grupos armados son una ficción no es una categoría analítica: es una bofetada. Es el Estado diciéndoles que lo que vivieron, o siguen viviendo, no merece el nombre que ellos mismos le dan.
Que las guerrillas históricas hayan mutado, que su motivación ideológica haya cedido terreno frente al negocio del narcotráfico, que el conflicto de hoy sea más fragmentado y criminal que el de hace treinta años: todo eso puede ser cierto, pero esa discusión no se hace declarando que el problema no existe. Se hace con las víctimas en el centro, con los datos sobre la mesa y con la honestidad de reconocer que un gobierno que negocia con actores armados durante cuatro años no puede, al mismo tiempo, afirmar que esos actores son una invención. Las ficciones no desplazan familias. Las ficciones no reclutan niños. Las ficciones no secuestran soldados. Lo que hace todo eso tiene otro nombre, y pronunciarlo correctamente es el primer acto de justicia que el Estado le debe a quienes lo padecen.
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