Opinión

No podemos permitirlo, Colombia, pongámonos de pie

El país nacional le apuesta a que el Acuerdo de Paz logre su aprobación en el Congreso y una correcta implementación. El país político, en cambio, sigue insistiendo en hacerlo trizas

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Octubre 13, 2017
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No podemos permitirlo, Colombia, pongámonos de pie
El viejo país político se enfrenta a la implementación constitucional y legal de los Acuerdos

La selección colombiana clasificó finalmente al campeonato mundial de fútbol de 2018 en Rusia. Con ello hubo un motivo de gran regocijo nacional, pese a que el acceso por sexta vez de nuestro equipo a un torneo global estuvo signado por la duda y la desconfianza hasta el último minuto. Pasamos, no queda duda, pero lo hicimos raspando y con enorme susto.

En el partido anterior, contra Paraguay, estuvimos durante unos cuantos minutos de gloria, tras el golazo de Falcao, directa y tempranamente del otro lado. Pero tras los goles del rival, un empate primero y luego el de la victoria, comenzamos a sufrir de manera angustiosa. Por fortuna se nos dieron las cosas al empatar con Perú, gracias a los resultados favorables de otros juegos.

Esa clasificación se parece de modo sorprendente con el otro gran torneo que libra el país, el de la paz y la reconciliación. El país nacional le apuesta a conseguir que el Acuerdo de Paz de La Habana logre no sólo su aprobación legislativa en el Congreso de la República, sino además su correcta implementación. El país político, en cambio, sigue insistiendo en hacerlo trizas.

El agudo debate parlamentario sobre reforma política, participación de la Farc y Justicia Especial para la Paz refleja la situación que se vive actualmente en el país, en donde las fuerzas que representan el capital, el latifundio y la injerencia extranjera se empeñan en apropiarse de todo el territorio nacional, al tiempo que intentan arrollar y aplastar a quienes se les opongan.

Basta con echar un vistazo a los más sonoros conflictos suscitados en el país en los últimos meses para confirmarlo. Paros como el minero de Remedios y Segovia, al cual sucedió el de 1500 mineros artesanales de San Roque, guardan profunda relación con la multitudinaria movilización en defensa del páramo de Santurbán en Santander, en donde la gente llama oro al agua.

Al igual que con el paro de los pilotos de la multinacional brasilera Avianca, que pone de presente el modo como se inclina el conjunto de los resortes del poder a favor de los empresarios. Los medios se encargan de demonizar a los trabajadores, de volver los usuarios contra el sindicato, al tiempo que la Aerocivil autoriza la contratación de pilotos extranjeros para romper la huelga.

Igual puede decirse de la masacre oficial en Tumaco. Fueron policías, sin duda. ¿Pero por cuenta de quién? Whitaker había hablado duro contra el Acuerdo de Sustitución.  Lo cual recuerda a quienes bufan contra la reforma rural integral, advirtiendo que no permitirán que se les quite un centímetro de tierra. En coincidencia, crecen a diario los crímenes de dirigentes agrarios.

Hay que ver cómo en Guamal, Meta, por encima del pronunciamiento de la Procuraduría a favor de las comunidades, sigue avante la decisión de Ecopetrol de activar el pozo Trogón 1, mientras el en Cali pervive la lucha de los habitantes del barrio Valle de Lili en contra de la construcción de una terminal en el humedal Los Cortijos. También se levantan allá los vendedores ambulantes.

Las mismas fuerzas que mueven los hilos en el CNE para impedir que los bogotanos celebren el referendo revocatorio del alcalde Peñalosa, truenan en diversos escenarios públicos y privados en contra de lo que califican una peligrosa tendencia, que los colombianos, mediante el mecanismo de consultas populares, se opongan cerradamente a los grandes proyectos mineros.

 

 En el debate de la JEP se han tomado de la mano
los que alguna vez parecieron enemigos a ultranza.
Álvaro Uribe y Claudia López, por ejemplo.

 

Es ese viejo país político el mismo que se enfrenta rabiosamente a la implementación constitucional y legal de los Acuerdos de Paz. El debate sobre la ley estatutaria de la JEP lo pone de presente más que nada. Allí han caído todas las máscaras, se han tomado de la mano los que alguna vez parecieron enemigos a ultranza, Álvaro Uribe y Claudia López, por ejemplo.

De repente sucede que tras haber permanecido siete años en el gobierno, Vargas Lleras y su cambio Radical emergen en medio del escandaloso entretejido de la corrupción en la justicia, del que no es ajeno su fiscal, para volverse en contra del presidente Santos y el Acuerdo que alcanzó con las Farc. Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara lloran en sus tumbas lo que hacen sus hijos.

Tras sus primeros pasos tambaleantes en las comisiones de Senado y Cámara, en donde el fiscal Martínez Neira bregó cuanto pudo a introducir reformas sustanciales a lo acordado, el proyecto de la JEP recibirá de nuevo su violenta carga. Sin importar las gravísimas consecuencias que ello traerá para Colombia. Poderosos intereses se esconden tras semejante cuchillada.

Ojalá el paso al mundial de fútbol no sirva para nublar semejante encrucijada. Hoy más que nunca urge ponerse la camiseta de la paz y movilizarse por su clasificación. Un acuerdo gravemente mutilado significará de hecho el desangre de la más bella esperanza. No podemos permitirlo, Colombia, pongámonos de pie.

 

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