La polarización en que hemos vivido el proceso de elección del siguiente presidente de Colombia, los anuncios que nos han hecho de todas partes y de todas las orillas.
Y además, ¡Tenga! En 2021 Colombia estaba, lo mismo que el resto del mundo, padeciendo las restricciones y el dolor que produjo la pandemia del COVID. Cuando sufrimos más por nuestros muertos y toda la economía y el estado anímico de Colombia pasaban su peor momento, inició un Paro Nacional que llevaría a lo que hoy se recuerda, con falso romanticismo, como el Estallido Social.
Salimos muy bien librados. Movimientos similares ocurrieron en muchas partes del planeta y las consecuencias fueron devastadoras. En países se generaron fisuras antagónicas que no se han podido superar; en varias naciones los gobiernos cayeron e incluso llegaron a derogarse las constituciones.
En contraste, en Colombia, con los que sí eran líderes de causas éticas y verdaderas, nosotros logramos sectorizar las negociaciones, focalizar las inconformidades, llegar a un número muy plural de acuerdos con jóvenes, jóvenes víctimas, la Mesa Nacional de Víctimas y por lo menos 17 acuerdos regionales. Así, se mostró que la democracia funciona, que la protesta pacífica puede ser escuchada y que un gobierno bien intencionado sabe escuchar. Aún hoy se están dando los réditos de esa dinámica.
Igualmente importante y trascendente para lo que seguía para el país, nuestra institucionalidad salió intacta. Para esos consensos no se cedió ni una sola línea de cómo entendemos el Estado Social de Derecho ni la Economía Social de Mercado. Absolutamente todo se hizo dentro de los parámetros de nuestra Carta Política y la ley. Con lo convulsionada que siempre está nuestra Colombia, eso es realmente algo para mostrar.
Y ahora tenemos consenso. Pero además, nos unimos Vivimos una ola de protestas multitudinarias e indefinidas que se inició el 28 de abril, con la excusa del rechazo a una reforma tributaria. Aprendimos a distinguir. Y aún hoy distinguimos muy claro entre las legítimas expectativas de jóvenes, sindicatos, indígenas y marginados, de la utilización horrible de su dolor y de sus necesidades para lograr propósitos mezquinos de índole política.
También diferenciamos entre los modos legítimos de protesta, las obstrucciones ilegales y desproporcionadas, los actos de vandalismo contra los bienes públicos y privados, el secuestro de la población y el vil terrorismo. Así, los colombianos que queremos el bien, que somos la gigantesca mayoría, respetamos las voces, pero condenamos los abusos.
Respetamos las voces, pero condenamos los abusos
Sí había malos. Para bien de la verdad, la justicia ya se pronunció y ratificó que en muchas zonas de nuestra geografía existieron vínculos entre quienes fingían ser voceros populares y grupos armados ilegales. Eso llevó no solo a que se azuzara la protesta, sino a que se usaran mecanismos de extrema violencia, se financiara ilegalmente, se olvidaran las peticiones legítimas y la revuelta se pusiera al servicio de los malos.
Lo que viene: preparémonos. En el artículo 37 de la Constitución Política se consagra el derecho a la reunión y manifestación pública y pacífica. Las protestas se deberían dar para expresiones ciudadanas en las que se reclame, en general, mejores condiciones económicas y sociales.
Lamentablemente, ya vivimos que, en la lindura de los que lo hacen bien, se nos filtran los que generan hechos de violencia que vulneran derechos de quienes participan en las manifestaciones y, peor, de terceros inocentes que no hacen parte de ellas. Y no tengo ninguna duda de que el segundo semestre de este año estará plagado de esta peste.
Para que la garantía del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica sea efectiva, además de lo previsto en las normas que la rigen, se requiere, de una parte, el respeto a los derechos de todos los ciudadanos y, de otra, el rechazo ciudadano a toda forma de violencia. Confiamos en que los líderes lo sepan y lo honren.
Todos los bloqueos de paso sobre las vías, así como todas las obstaculizaciones temporales o permanentes de las vías o la infraestructura de transporte, afectan los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional, por lo que deben ser inadmisibles. Para eso nos confiamos al Gobierno que llegará, a nuestras fuerzas del orden y al civismo y solidaridad de todos nosotros.
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