Las alternativas del Valle para no quedarse sin el tren de cercanías para responder a la cachetada del gobierno Petro

La negativa del gobierno con su 70% tiene a la gobernadora Dilian Francisca Toro buscando financiación a través de una Alianza Público privada o el Banco Mundial

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noviembre 28, 2025
Las alternativas del Valle para no quedarse sin el tren de cercanías para responder a la cachetada del gobierno Petro

En blanco sobre negro lo que quería decir es que el 30 por ciento, el que le corresponde al Valle del Cauca, ya está financiado. El 70 por ciento al que está comprometido el gobierno nacional no registra todavía desembolso alguno.

El Tren de Cercanías irá de Cali a Palmira, pasando por Jamundí y por el aeropuerto de Palmaseca. Su costo es de aproximadamente $10,5 billones para la primera fase, que incluirá 23 kilómetros de vía férrea, 21 estaciones y 18 vagones, con una capacidad para transportar a 165.000 pasajeros por día.

Si el gobierno no nos cofinancia, significa que se bajó del tren de cercanías, pero nosotros seguimos montados”, insistió y dejó abierta una posibilidad que por ahora sería remota: que inversionistas privados se sumen al proyecto y se metan la mano al dril.

El Tren hace parte, junto al aeropuerto Santa Ana de Cartago y el Muelle turístico de Buenaventura, del trípode del desarrollo de la infraestructura en el Valle del Cauca.

La gobernadora mencionó otras 43 grandes obras, por $172.009 millones, en 39 municipios.

La gobernadora quiso ser políticamente correcta, pero en el aire quedó la sensación de que la demora del 70 por ciento en el desembolso que le corresponde al gobierno hace parte de una disputa política sin tregua. El presidente sigue considerando a Dilian Francisca como jefa de La U., un partido al que pese a haberle dado cuotas en su administración no se ha comprometido con sus causas en el Congreso, según Petro.

La ruta del Tren parece abierta para que llegue un esquema APP a socorrer su financiamiento y a que el Banco Mundial, que ya ha Mostrado interés, dote los recursos que hacen falta.

Ha habido ajustes tributarios con los que el departamento busca reducir el costo total y está en marcha un proceso para atraer inversión privada. En Otras palabras, cobra fuerza la opción de que sean los privados los que se encarguen de la financiación y de la operación del sistema férreo.

El proyecto es complejo porque incluye instrumentos asociados a bienes inmuebles y porque pasa por procesos de redensificación en los corredores por los que transitará la línea férrea. Esas variables deberán ser incluidas en los planes de ordenamiento territorial de los municipios que se encuentra en el trazado.

Otro reto es garantizar un blindaje ante cualquier asomo de corrupción. “Queremos estar acompañados de la banca multilateral para que sean unas licitaciones muy transparentes, muy claras, en donde no vaya a haber ninguna duda de que se están haciendo las cosas de manera correcta”, dijo la gobernadora.

¿Cuál es el nivel de los aportes del departamento? Según La gobernadora ya están disponibles casi 4 billones de pesos, gracias en Buena medida a que una depuración fiscal Incrementa los recursos y permite reducir el valor de la obra.

La opción de usar vigencias futuras es incierta pues, según ella, el valor del proyecto crecerá con el aumento del costo financiero asociado.

 La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, asumió la respuesta porque el presidente Gustavo Petro envió una carta para excusar su ausencia. Ella dijo que el Gobierno Nacional no ha firmado el Convenio de Cofinanciación del Tren de Cercanías porque desde el 8 de noviembre La Ley de Garantías electorales le impide hacerlo.

El plazo impuesto por La ley se cumplió cuando, según la ministra; No estaba agotada la fase de garantía de cofinanciación de todos los entes territoriales comprometidos con el proyecto. El cumplimiento de ese requisito pasará por el filtro del Ministerio de Hacienda.

Las versiones son encontradas porque representantes de esas entidades territoriales  han asegurado que, antes del 8 de noviembre, sus concejos y asambleas aprobaron la apropiación de las vigencias futuras. La gobernadora no aludió a las ordenanzas y a los acuerdos que así lo demuestren.

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