Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, no está dispuesto a presidir una junta directiva de la Triple A controlada por personas impuestas por el gobierno nacional, a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Para él, la ciudad ya le pagó a la SAE más de $300.000 millones, de los $565.000 millones acordados mediante un contrato compraventa para recuperar el 14,5% de las acciones de la empresa que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que perdió por causa de la corrupción imputable a sus antiguos socios españoles.
El pago fue desembolsado a través de K-yena, empresa socia del distrito, y si el compromiso hubiera sido honrado, según el alcalde, su parte en La Triple A debió haber sido devuelta al distrito de Barranquilla el pasado 30 de diciembre. Como no fue así, se lanzó a librar un pugilato judicial con la SAE.
Su mensaje ya caló en la Procuraduría General de la Nación, que este 10 de febrero decidió abrirle investigación disciplinaria al presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, y suspenderlo provisionalmente durante tres meses. Según el Ministerio Público, el posible incumplimiento del contrato podría estarle causando un detrimento patrimonial al Erario.
La sorpresiva decisión se produjo mientras, desde la otra esquina, Rojas Medellín mantenía una posición según la cual no iba a ceder al gobierno distrital el control de la Junta mientras los órganos de control no aclarasen, de manera categórica y suficiente, si se produjo o no un detrimento al patrimonio público cuando se pactó el monto del contrato de compraventa. A su juicio, si ese detrimento fuera valorado judicialmente podría revelar que fue cometido un presunto peculado por apropiación a favor de terceros, atribuible a Pumarejo.
Rojas exhibía como principal evidencia una Valoración hecha por la Superintendencia de Servicios Públicos según la cual el valor real del negocio debió haber sido de $2,4 billones y no de los $800.000 millones inicialmente pactados. Pumarejo ha replicado ese argumento y ha dicho que, si es así, lo que la SAE debió hacer fue pagar la diferencia y devolver cuando antes la empresa.
El alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo está jugándosela a fondo para que el gobierno distrital tenga el control de la Triple A
Aunque tiene carácter provisional, la decisión de la Procuraduría representa un round a favor del alcalde de Barranquilla. Con todo, es una determinación contundente porque implica que también serán procesados disciplinariamente el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quintero Collazos, y los vicepresidentes Jurídico y de Sociedades de la SAE, Sebastián Caballero Ortega y Jairo Alfonso Bautista.
Todos ellos cumplían instrucciones del presidente Gustavo Petro, empeñado en que el Estado vaya asumiendo progresivamente las riendas de la prestación de los servicios públicos. De hecho, el presidente Petro expresó en su cuenta de Twitter su “solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la Triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en la SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A”.
Mi solidaridad con Daniel. El que encontró la corrupción en la SAE y en la triple A, ahora es suspendido por los órganos de control que hace mucho debieron haber descubierto la corrupción en al SAE con los bienes del narcotráfico y en la triple A. https://t.co/0rlPXoJ1Tg
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2023
El hecho de que la Procuraduría haya intervenido de esta manera puede darle un giro radical a la disputa por una tajada importante de acciones, relacionada con un negocio que es muy singular, pues de por medio está el antecedente de que la SAE tiene participación en la Triple A por vía de una intervención relacionada con un proceso de extinción del dominio.
Esas acciones, equivalentes a cerca del 15 por ciento, fueron contaminadas por los manejos de funcionarios del Canal Isabel II España, su antiguo dueño, hallados responsables del pago de comisiones ilegales a cambio de obtener contratos para la expansión del negocio.
Así la cosas, la SAE tiene que responder por la adecuada administración de las acciones y responder solidariamente en caso de que llegara a probarse que hubo un detrimento patrimonial de una empresa que pertenece en realidad a los barranquilleros.
Adalberto Palacios Barrios, secretario jurídico de Barranquilla, anuncia simultáneamente una impugnación a la composición de la junta directiva. El Distrito contempla también la posibilidad de otras acciones para obligar al cumplimiento del contrato de compraventa.
La SAE había preferido no entrar en mayores debates públicos mientras aguardaba las decisiones que tomarían las “ías”. La Procuraduría ya anticipó que la SAE podría estar incumpliendo un acuerdo comercial y dispuso la suspensión del presidente de la SAE para evitar, según su providencia, que desde su posición pueda tomar decisiones que agraven la situación. La Contraloría ha optado por la vía de la amigable composición e instaló mesas de trabajo para ventilar las diferencias.
En el círculo de los órganos de vigilancia del gobierno, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se sumó a los cuestionamientos a la transacción inicial que se produjo durante el gobierno de Iván Duque, que abrió el camino para que el Distrito de Barranquilla pudiera recuperar la participación en la empresa por medio de su socio estratégico K-Yena. A su juicio, el único mecanismo aceptable para la enajenación de las acciones debió haber sido una subasta pública.
La Procuraduría vinculó también a la proceso disciplinario al superintendente Dagoberto Quiroga por su rol en el caso de la Super A
La Procuraduría no comparte esa postura porque encuentra que favorece el incumplimiento del contrato de compraventa, como lo argumenta el alcalde Pumarejo, y por eso decidió procesar también al superintendente Dagoberto Quiroga.
El cambio de postura de la SAE obedece entonces al hecho de que el contrato de compraventa fue firmado durante el gobierno de Iván Duque. La posición de la administración Petro es radicalmente distinta, entre otras cosas porque uno de los focos de su estrategia es asumir más estrechamente el control y la regulación en la prestación de servicios públicos.
No en vano al debate se ha sumado su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, para quien la venta de las acciones a K-Yena estaría favoreciendo los intereses soterrados de particulares.
Inicialmente se presumía que esos intereses jugarían a favor de Inassa, pero en la medida en que fueron conocidas las particularidades del negocio quedó establecido que la recuperación de la empresa por parte del Distrito de Barranquilla abriría una franja de negocios a empresarios de la talla de William Vélez.
Desde la época en que su denominación era la de Empresas Públicas Municipales, la entidad ha padecido un largo sufrimiento corporativo por causa de la corrupción. Primero fue convertida en la caja menor de campañas políticas y después de las sucesivas administraciones de alcaldes como Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenigsberg, a comienzos de los 2000 fue privatizada. Su cobertura subió, pero sus recursos no tuvieron la orientación social esperada.
Primero con Aguas de Barcelona y más tarde con Inassa, fue fuente de escándalos porque la expansión de los negocios se vio mediada con la compra de los contratos y reparto de comisiones que hoy tiene en la cárcel a tres de sus antiguos directivos españoles.
Las nuevas disputas políticas y judiciales se suman a su largo “Inri”.
