El fútbol profesional colombiano vive una tormenta administrativa sin precedentes. Los ocho clubes más grandes del país se unieron para desafiar el modelo económico de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor).
El denominado "G8", integrado por Millonarios FC, Atlético Nacional, América de Cali, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Once Caldas, emitió un comunicado el 22 de julio de 2026. En este documento lanzaron un ultimátum: no cederán sus derechos de imagen ni intangibles para el próximo contrato de transmisión si no se reforma el reparto del dinero.
El detonante es el inminente vencimiento del contrato con Win Sports, canal que maneja la exclusividad y paga cerca de 55 millones de dólares anuales. Dicho vínculo culmina el 31 de diciembre de 2026. El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, ya abrió una licitación privada para el ciclo 2027-2030. Incluso, existen ofertas extraoficiales sobre la mesa de multinacionales como ESPN / Disney+ y Turner (TNT Sports) que alcanzan los 91 millones de dólares por temporada e incluyen la transmisión internacional.
Sin embargo, la multimillonaria firma está congelada por la postura del G8. Para articular este pulso, los grandes recurrieron al abogado Joe Bonilla, socio de la firma Muñoz Tamayo y Asociados, experto en contratos de transferencias y derechos de imagen y quien aporta su visión política tras su pasado como miembro de la junta directiva de América de Cali.
El origen de la brecha y las grietas del viejo modelo
El origen de dicha disputa se remonta a la década de 1990, cuando la Dimayor estructuró un sistema de reparto solidario pensado en proteger a las instituciones más pequeñas. Con la llegada de los operadores de cable y el modelo de televisión premium, los derechos audiovisuales se convirtieron en el principal salvavidas financiero del fútbol local.
Cabe recordar que bajo el formato actual, la Dimayor distribuye la bolsa de dinero de forma casi idéntica entre sus 36 equipos afiliados: los 20 de la Primera A y los 16 de la Primera B.
Esta estructura generó una inconformidad histórica en los clubes del G8. Presidentes y juntas directivas de los equipos tradicionales han criticado que el dinero de la televisión actúe como un subsidio permanente para clubes "de garaje" de la segunda división.
Dichas instituciones menores registran asistencias mínimas a los estadios, no invierten en divisiones menores ni estructuran nóminas competitivas, pero reciben un cheque anual similar al de los equipos que sostienen el espectáculo.
No es la primera vez que el G8 alza la voz; de hecho, en 2020 ya se había intentado un movimiento similar. Ahora, la inminente firma del ciclo 2027-2030 colmó la paciencia de los gigantes del país.
Las cifras del conflicto en la Dimayor: ¿cuánto se gana y cuánto se podría ganar?
Las matemáticas del fútbol colombiano explican perfectamente la rebelión de los grandes.
El contrato vigente inyecta cerca de 55 millones de dólares anuales ($181.500 millones de pesos). Al dividirse en partes prácticamente iguales entre los afiliados de la Dimayor, cada equipo tradicional percibe un promedio aproximado de 1.52 millones de dólares al año ($5.016 millones de pesos).
Para un club de la Primera B, dicha cifra cubre casi la totalidad de sus costos operativos. Para un grande con nóminas millonarias, el monto apenas alcanza para pagar un par de meses de salarios de sus figuras.
La proyección del nuevo modelo
Las nuevas ofertas sobre la mesa alcanzan los 91 millones de dólares (más de $300 mil millones de pesos) por temporada. Si se aplica el modelo mixto del 50/25/25 exigido por el G8, el panorama financiero cambia drásticamente:
- El 50% igualitario destinaría 45.5 millones de dólares (más de $150 mil millones de pesos) a dividirse entre todos los 36 clubes, fijando una base asegurada de 1.26 millones de dólares ($4.158 millones de pesos) para cada equipo.
- El 50% restante (45.5 millones de dólares) se asignaría estrictamente por mérito deportivo (25%) e impacto social (25%), evaluando factores como el rating, la venta de entradas y audiencias.
Debido a que el G8 concentra cerca del 75% del impacto televisivo, los cálculos proyectan que un club grande pasaría de ganar sus 1.52 millones actuales a facturar entre 3.8 y 4.8 millones de dólares anuales (de $12.500 a $15.800 millones de pesos). En contraste, los clubes de la B verían congelados o reducidos sus ingresos a la base mínima de 1.26 millones.
La trinchera de la Primera B: la defensa del voto
Ante la estrategia del G8, la Dimayor convocó de urgencia a una Asamblea General Extraordinaria para el miércoles 29 de julio. En este escenario es factible pensar -por lo visto en otras ocasiones relacionadas con esta polémica- que el bloque de los equipos chicos y de la Primera B activará una férrea estrategia política para defender sus privilegios.
Para modificar los estatutos y cambiar el modelo de repartición de dinero se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los afiliados; es decir, 24 de los 36 votos posibles. Bajo esta lógica, se presume que la coalición de clubes pequeños (compuesta por los 16 equipos de la Primera B y al menos 6 clubes chicos de la Primera A) podría consolidar un bloque de 22 votos para actuar como un muro de contención infranqueable.
La antesala de esta postura quedó en evidencia tras la dura respuesta pública de Alianza Valledupar, institución que criticó abiertamente la rebelión de los ocho grandes al señalar que es un error pretender romper los principios de solidaridad de la Dimayor. Además, argumentan que el dinero equitativo es el único sustento que garantiza la viabilidad de los proyectos de menor envergadura.
Por ende, se podría dar por sentado que en la asamblea estos equipos votarían de forma unificada en contra de cualquier reforma, argumentando que los derechos pertenecen a la institución general y que cambiar las reglas de juego asfixiaría económicamente a más de una docena de equipos del país.
"Llamados a desaparecer": presidente de Alianza Valledupar advierte riesgo de quiebra si cambia reparto de TV #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/XCRfbTftyJ
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 23, 2026
El futuro del FPC en vilo
Así, el choque de intereses paraliza el negocio más rentable del deporte nacional y podría cambiar el modelo para siempre. De no lograrse un consenso, el G8, respaldado por la experiencia de Bonilla en la defensa legal de clubes en procesos disciplinarios y arbitrales ante la FIFA y la Conmebol, amenaza con comercializar sus transmisiones de manera individual.
Esto replicaría el modelo de otras ligas como la de México (más dinero para los que más lo generan), lo que ensancharía la brecha financiera y podría devaluar el torneo. Lo cierto es que el desenlace de esta negociación técnica redefinirá por completo la economía, las pantallas y el nivel competitivo del fútbol colombiano a partir de 2027.
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